América Latina
Fiscal General de Venezuela denuncia violencia de la Seguridad del Estado contra manifestantes
"Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales, eso significa que más de la mitad de las personas que han sido lesionadas, han sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado", sostuvo la Fiscal General, Luisa Ortega.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles que las investigaciones del Ministerio Público determinaron que el joven Juan Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira.
Ortega ofreció este miércoles una rueda de prensa en la cual mostró a modo de ejemplo el tipo de artefacto con el que Pernalete fue impactado. La víctima sufrió un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax.
Pernalete tenía 20 años y fue asesinado el 26 de abril en Altamira, cuando se manifestaba en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El joven ingresó sin signos vitales a Salud Chacao.
La fiscal aseguró que tienen cinco testigos del hecho y que está identificado el grupo responsable de hacer el disparo. En los próximos días se sabrá quién es el responsable directo.
Ortega recordó que la normativa nacional e internacional prohíbe que las bombas lacrimógenas sean arrojadas a quemarropa. "Es imprescindible y necesario que los funcionarios de seguridad actúen acorde a las normativas".
Sus declaraciones desmienten a Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, y a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, quienes aseguraron que Pernalete habría sido asesinado con una pistola de perno. Asimismo lo dicho por el diputado Diosdado Cabello, quien aseguró que la GNB no estaba en el lugar cuando asesinaron al estudiante de la Universidad Metropolitana. El diputado por el PSUV también dijo que a Pernalete lo habían asesinado "ellos mismos", en referencia a los manifestantes opositores.
"Se han recibido testimonios importantes en diversos sectores del país donde antes de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de orden público se ven grupos de personas armadas, en actitudes violentas, propiciando que se alteren los ánimos", dijo la Fiscal.
Ortega precisó que existen 16 investigaciones abiertas "contra grupos civiles armados al margen de la ley", y se dijo preocupada por "la proliferación" de estas asociaciones, por lo que consideró "necesario" el desarme de la población.
Citó el caso de una protesta estudiantil en el sector La Pastora, en el oeste de Caracas, donde un grupo de civiles armados, aseguró, amenazó con pistola a los manifestantes, aunque no ofreció mayores detalles del hecho.
La Fiscal realizó un balance sobre la actuación del MP desde el pasado 6 de abril en medio de la ola de protestas y explicó que de las 55 víctimas mortales 52 eran civiles y 3 funcionarios policiales y militares, mientras que de los 1.000 lesionados registrados 771 son civiles y 229 uniformados.
Asimismo, cifró en 364 los bienes inmuebles públicos y privados que han sido "saqueados o quemados", lo que condenó pues, afirmó, ha dejado "pérdidas incalculables" y acentuará la escasez de alimentos y productos básicos que se vive en la nación sudamericana.
"Tenemos denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando", prosiguió Ortega, que denunció la inacción de los efectivos de la fuerza pública ante saqueos y las "situaciones irregulares" que se registraron esta semana en el estado Barinas y que se saldaron con siete fallecidos.
Indicó que se han abierto 1.475 investigaciones por hechos relacionados con la crispación social y política y especificó que de ese total 1.329 son por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. Afirmó además que 2.674 personas han sido imputadas por delitos comunes en las últimas ocho semanas, pero lamentó que apenas 284 hayan resultado privadas de su libertad.
Las declaraciones de la Fiscal estaban pautadas a las 11:00 am desde la sede del Ministerio Público (MP), pero hubo un apagón en varias zonas de Caracas y se reubicó el sitio del encuentro con la prensa.
"Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales, eso significa que más de la mitad de las personas que han sido lesionadas, han sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado", sostuvo.
Por último, llamó a "no estigmatizar" a los ciudadanos por su
vestimenta, al mencionar el caso de un hombre que fue“apuñalado y quemado" por supuestamente haber manifestado su preferencia política en medio de una manifestación adversa en la localidad de Altamira, en el este de Caracas.
La fiscal aseguró además que el Ministerio Público investiga siete casos "por uso de justicia militar en casos que corresponden a la justicia ordinaria", y pidió comprobar el estado de salud de esos detenidos.
Según la ONG Foro Penal, 161 civiles han sido encarcelados por órdenes de la justicia militar.
(Redactado por Pablo Alfonso, EFE, AFP, El Nacional de Caracas y redes sociales)
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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