Derechos Humanos
En plena pandemia Cuba envía a prisión a joven opositora
En plena pandemia, cuando numerosas organizaciones internacionales han recomendado aliviar el hacinamiento en las prisiones y liberar a los presos políticos, el régimen cubano se dispone a enviar a una activista a la cárcel.
La opositora Keilylli De La Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y CubaDecide, fue condenada a un año y seis meses de prisión.
La mujer deberá presentarse el jueves en el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, desde donde será trasladada a prisión.
En el juicio, celebrado el 7 de mayo, fue juzgada por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. La UNPACU ha dicho que se trata de delitos falsos.
De la Mora Valle dijo a Radio Martí que al ser llevada a prisión se declarará en huelga de hambre, en protesta por la decisión de la autoridades. La joven alega que no tuvo tiempo de preparar su defensa, ni de "buscar un abogado" que llevara su caso.
También mencionó arbitrariedades en el juicio, al que solo permitieron asistir a tres familiares, y durante el que la jueza sumó el presunto delito de "desobediencia" a la lista.
Con su condena las autoridades buscar dar un escarmiento, aseguró De la Mora Valle, para que los activistas acepten sin protestar las multas arbitrarias, y no se alcen las voces que disienten del gobierno.
La también activista del Movimiento Consenso Ciudadano fue arrestada en abril, en la ciudad de Cienfuegos, en una calle cercana a su vivienda, cuando se quitó el nasobuco para fumar.
Según relató entonces a nuestra emisora, un policía la increpó, la detuvo y la trasladó a la Unidad Municipal de la Policía de Cienfuegos, donde recibió una golpiza.
"En señal de protesta, y para evitar que ese hombre siguiera golpeándome, me quité la ropa. Luego comencé a gritar consignas contra "la revolución" y fue entonces que una mujer policía me esposó y llevó al calabozo", explicó la joven.
Relató que horas después la llevaron al hospital. El médico certificó que no tenía lesiones y la devolvieron a una celda junto a una señora que había estado bajo observación en un centro de aislamiento para sospechosos de coronavirus.
"La mujer me dijo que no debieron ponerme con ella, pues había estado en un centro de aislamiento, y aunque la prueba dio negativa aún no habían pasado los 15 días que se establecen para saber "si tenía coronavirus o no", precisó.
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Tres presos del 11J rechazan pasar a régimen de menor severidad por considerarlo indigno
Los presos políticos Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque se han negado a aceptar el paso a un régimen de menor severidad por considerar este beneficio humillante e indigno.
Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antúnez, hermano de Loreto Hernández, comunicó la decisión a Martí Noticias.
“El viernes 22 de septiembre fueron visitados, fueron interrogados por un alto oficial de la policía política, quienes vinieron proponiéndoles régimen de mínima severidad con el consiguiente derecho a recibir pase, o sea, visitas a sus casas. Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro rechazaron esta propuesta. Pérez Paseiro aclaró que ella como madre y familia deseaba de todo corazón abrazar a sus hijos y disfrutar con la familia, pero por cuestiones de principio prefería esperar a cumplir su condena de 8 años de privación de libertad”.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la asociación “Yorubas Libres de Cuba”, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en Placetas, Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021.
“Ellos desde el principio dijeron que ellos no iban a aceptar beneficios. Ellos saben que están presos injustamente”, dijo desde Placetas Rosabel Sánchez, hija de Loreto Hernández.
Rosabel indicó además que se siente orgullosa de su padre, quien se mantiene firme en sus ideas, a pesar de presentar una delicada situación de salud que lo llevó a un reciente ingreso en el hospital provincial de Santa Clara, debido a una neuropatía diabética.
“Yo los apoyo en lo que ellos decidan y eso me enorgullece también porque no todo el mundo es el que se niega”, precisó.
Tanto Loreto como su esposa Donaida cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal, donde también cumple sentencia la opositora Arianna López Roque, sancionada en 2022 a 8 años de cárcel bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado, por su participación en Placetas, Villa Clara, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Por otra parte, Antúnez ofreció se refirió a la repuesta que dio Arianna López a las autoridades cubanas al recibir la propuesta.
“Loreto y Donaida también en llamada telefónica a Rosabel, hija de Loreto, le aclararon que la líder opositora Arianna López Roque también había rechazado contundentemente esta propuesta, y les había dicho textualmente: Conmigo no quiero ni jueguitos, que yo soy una opositora y una presa plantada de pies a cabeza, dijo Ariana que, aunque no vuelva jamás a ver a sus hijos, no va a ceder”.
Preso político sufre ataques homofóbicos de sus carceleros, denuncian familiares
Presos, familiares y activistas de derechos humanos denuncian los maltratos físicos y el hostigamiento del que son víctimas los reclusos en los penales de la isla.
Desde la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, el preso político Yuri Almenares González, en carta abierta de su puño y letra sacada de la prisión por familiares de otros reclusos, denunció los ataques homofóbicos que sufre y las golpizas por órdenes de los directivos del penal.
Almenares González es miembro del movimiento Opositores por una Nueva República y cumple siete años de condena por el presunto delito de desacato a la figura de Miguel Díaz-Canel.
Texto de la Carta:
“Yo: Yuri Almenares González, conocido en redes sociales como Caimana de Georgia, delegado del Movimiento Opositores Por Una Nueva República, acuso desde el Combinado del Este, Edificio #1, el constante acoso, represión, tortura psicológica y, sobre todo, la constante discriminación homofobia por mi preferencia sexual (soy gay) y por mi ideología en contra de toda esta mafia esbirra, neonazis asesina dictatorial comunista cubana.
El jefe del Edificio #1 Mayor Leonelvis Hardy Baró, el Segundo Mayor Aliosky Kindelán Carrión, el Jefe de Tratamiento Educativo Yorgenis Vicet Robert, el Jefe de Orden Interior Edislaydis Castillo Gaínza y el Segundo de Orden Interior conocido como Roger, todos en complot con el Teniente Coronel Pedro de Sección 21 y su cúpula de mafiosos manipuladores están usando a los internos (reclusos) comunes hasta manifestantes del 11, 12/07/2021 a qué que me discriminen, me den golpes y no lo seguiré tolerando.
Sin contar que el Primer Teniente Reeducador del 1ro Sur, llamado Sergio quien el 9 de agosto me dio golpes todo porque yo estaba plantado llevando ya 16 días y no recibía asistencia médica. Cómo premio por golpearme fue promovido a jefe de Cátedra de Tratamiento Educativo.
El pasado 4 de julio de 2023 el Segundo del Orden Interior Roger me cayó a golpes también por andar un pullover blanco escrito con Happy 4 of July - U.S.A, suficiente para madurarme a golpes ya nada les pasa.
Así es está mafia asesina que todos se tapan uno a otros, ellos golpeándome y yo esposado les gritaba asesinos, esbirros, mafiosos, corruptos, abajo el comunismo, abajo la corrupción de ustedes asesinos. ¡Patria y Vida! ¡Libertad!, mientras yo más les gritaba más duro me daban, al punto de que ahora son los presos los enviados a golpearme, el 3 de septiembre de 2023 un lanchero llamado Michel Pacheco me golpeó la cara y respondí al golpe, por ese mafioso de Roger, fui llevado a celda de castigo 1114 la cual estaban las paredes llenas de excremento siendo así obligado por 4 días a estar en huelga de hambre ya que en esas condiciones no se podía comer ese sancocho mal elaborado por estos ladrones vestidos de verde olivo”.
Amenazas y castigos en Kilo 8
Jiordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, explicó el acoso y las amenazas que enfrentan dos presos políticos en la prisión Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, ya advertidos de que serán castigados por denunciar todo lo que ocurre allí.
Se trata de Reinier Calderín Socarras, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) con tres años de condena por los delitos de atentado y desacato, y Alieski Calderín Acosta, que cumple 20 años de prisión por el delito de sabotaje.
“Continúan en aumento los mecanismos de represión a los prisioneros políticos cubanos que permanecen injustamente recluidos en las tenebrosas cárceles de la dictadura comunista en la provincia de Camagüey.
Según informaron vía telefónica los prisioneros políticos Reinier Calderín Socarras y Alieski Calderín Acosta, en la prisión especial de máxima seguridad de kilo 8, ambos prisioneros han sido amenazados de ser enviados para celdas de castigo por tiempo indefinido si continúan denunciando los abusos que los militares comenten contra los reos políticos y comunes”, advirtió Jiordan.
Y en conversación con el coordinador de UNPACU en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, también en la capital agramontina, la señora Sonia Ramírez Acevedo, llama la atención sobre el caso de su esposo, preso por un delito común, el presunto robo de una bicicleta, al que aún no se le han presentado cargos y sufre de un cáncer en fase terminal de vejiga, inicialmente recluido en el penal Cerámica Roja y actualmente en la sala de penados del hospital provincial Amalia Simoni, y aún no le han dado un cambio de medida.
“Estamos hablando de Pedro Pablo García Reyes de 56 años, no ha sido sancionado por tribunal alguno todavía, esta con cáncer de vejiga en fase terminal, incluso tiene la vejiga fuera de su lugar, fuera del cuerpo.
Lo llevaron para la sala I del hospital Amalia Simoni Argilagos, aquí en la ciudad de Camagüey, Sonia lo que quiere es que espere el juicio por ese delito en su casa para ella poderlo atender”, explicó Fernando.
Así lo señaló Ramírez Acevedo.
“Que le hagan un cambio de medida para que el poco tiempo que le queda de vida, no muera ahí en ese lugar, aunque sea esté en la casa con condiciones porque allí no tiene ninguna”, aseguró la esposa del reo.
Abogado demandó al Parlamento de Cuba por postergar Ley de Manifestación y fue detenido poco después
El abogado de Cubalex Julio Ferrer Tamayo interpuso una demanda el miércoles contra la Asamblea Nacional del Poder Popular en exigencia de que sea aprobada una Ley de Manifestación en Cuba y el viernes fue detenido temporalmente.
El jurista independiente estuvo arrestado durante media hora en la estación policial de las calles Infanta y Manglar, en La Habana y ofreció a Martí Noticias detalles de lo ocurrido.
“Mi propósito es materializar el dicho de las autoridades, sobre todo de las máximas autoridades, del presidente de la Asamblea Nacional, del presidente de la República, que incluso ahora anda por allá por las Naciones Unidas y defiende que Cuba es un Estado de derecho en el que se respetan y se le garantiza a los ciudadanos el ejercicio de todos los derechos humanos, cuando no es así”, explicó Ferrer a Martí Noticias.
“A mí no me sorprende. Desde el proyecto de Constitución vaticiné que la Constitución- como estaba hecha en forma de declaración- no tenía por sí manera de ejercitarse, de aplicarse, necesitaba de leyes específicas y leyes que desarrollaran sus preceptos, pero que ahí era donde estaba el rejuego de las autoridades: a través de las leyes de desarrollo, restringen el derecho que está en la Constitución. Esto han pretendido hacerlo, como ha sido práctica judicial en el país, a través de la Ley del Derecho a la Manifestación y la Protesta Pacífica y en el cronograma inicial, ellos previeron un decreto ley que debía haber sido aprobado en septiembre del 2020, para implementar cómo deben realizarse las protestas, en qué lugar, todas las condiciones de ese ejercicio (…) Siempre supuse que esa ley no se iba a aprobar”, agregó el abogado.
“Las autoridades aquí, ya por una cuestión, no sé , ancestral, no permiten nada, nadie que que les reclame, entonces dan derecho a petición, atención a la población, pero una ley que implemente todo eso es casi impensable. Entonces, llegado a ese momento en que debía ser aprobado ese decreto, no lo hicieron. Después, justificaron con el problema de la pandemia, bueno, ya la pandemia pasó, le hicimos una petición a la Asamblea de que por favor implementaran esa ley, que evitaría un sin número de procesos penales que se llevan a cabo, incluidos muchos de los que están en el 11J, que están siendo juzgados incluso por delitos que requieren para su integración la existencia de esa ley, de esas disposiciones", precisó.
"Entonces, hicimos ese pedido a la Asamblea y nos respondió, que por su dinámica, esa ley no estaba prevista y que si nosotros pretendíamos hiciéramos uso de la iniciativa legislativa ciudadana que requiere para eso, como mínimo 10.000 ciudadanos con la condición de electores", explicó.
"Te aconsejan ejercer un derecho y después obstaculizan ese derecho, entonces si es así, la Asamblea, por supuesto, las autoridades electorales registrales, están violando ese derecho (...) Entonces no queda otra que demandar a esas autoridades que están incumpliendo con el deber de la asamblea de aprobar las leyes que desarrollan los preceptos constitucionales, sobre todo los derechos fundamentales de los ciudadanos", agregó.
La directora de Cubalex, Laritza Diversent, declaró a ADN Cuba que "a las estructuras del MININT les molesta que Julio utilice el propio sistema legal para denunciar las violaciones del debido proceso, la inefectividad de los recursos de amparo. Ahora lo detienen y le dicen que van a seguir violando la legislación aunque él siga con sus denuncias".
Diversent añadió que, aunque el arresto fue de corta duración, "en sí mismo es una amenaza contra su trabajo como defensor de los derechos humanos. Nos preocupa su situación; ha estado dos veces privado de libertad por su labor (2015 y 2016). Es un ex preso político y reconocemos que activar los procedimientos legales en la forma en que lo ha hecho Julio durante este tiempo implica riesgos y esta detención es una prueba de ello".
[Con entrevista del periodista Tomás Cardoso para el programa Cuba al Día]
En persistente batalla legal, abogado logra que se levante la prohibición de su salida de Cuba
Después de una larga batalla legal, las autoridades cubanas suspendieron la prohibición de salida del país al abogado independiente Julio Ferrer Tamayo.
Ferrer se había percatado de que estaba regulado cuando en 2019 intentó hacer un viaje al extranjero. Desde entonces comenzó una serie de reclamaciones a las instituciones de justicia.
En 2020 presentó su primera demanda ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que solicitaba que se levantara la medida que limitaba su libertad de movimiento, restringida por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), entidad a la que además pidió una retractación pública.
Ante la negativa de esa instancia, recurrió a la misma sala del Tribunal Supremo.
El máximo órgano de justicia declaró sin lugar la reclamación y entonces, el jurista escribió al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, para que hiciera pronunciarse a los tribunales sobre su caso.
De igual forma, envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel para que requiriera a las autoridades judiciales acerca de las solicitudes para que fuera anulada la prohibición de salida del país. Pero su misiva no fue contestada.
“A finales del pasado mes, dos oficiales de la Seguridad del Estado se personaron en el centro de trabajo de mi esposa, interesados en saber qué acciones había hecho yo que les habían ordenado quitarme la ‘regulación’, relató a Martí Noticias Ferrer Tamayo, residente en La Habana.
“Esta información para mí no era cierta en ese momento, por esa razón acudí en los días siguientes a varias oficinas del carné de identidad a comprobarlo. En todas me afirmaron que no tenían ningún tipo de prohibición para salir del país, qué podía hacerme el pasaporte cuando lo deseara, lo que hice días después, pero no había hecho pública esta información, pues aún no tenía el pasaporte en mis manos”, dijo.
Ferrer, miembro del centro de asesoramiento legal Cubalex, ha hecho varias demandas contra los órganos de justicia en Cuba, a la vez que asesora a familiares de presos políticos y otros ciudadanos sobre conflictos con las instituciones estatales y legales.
“En mi opinión, tal indicación puede haber salido del Tribunal Supremo o de la fiscal de la Fiscalía General, Nerly Espinosa Rivera. Me inclino por esta última, la que me citó el 30 de julio del 2023 para entrevistarse conmigo y me pidió toda la documentación que acreditaban todas las acciones legales que había hecho ante las autoridades migratorias, comprometiéndose a solucionar el problema".
"Yo considero que es un triunfo del ejercicio sostenido del derecho a accionar contra las autoridades en pos del restablecimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos”, recalcó.
Informe descalifica candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos
Una semana antes de la inauguración de la Asamblea General de la ONU, importantes organizaciones internacionales de derechos humanos han revelado un informe que descalifica a Rusia, China, Cuba, Burundi y Kuwait para ser electas al Consejo de Derechos Humano de este organismo mundial.
En las próximas elecciones de octubre de 2023, los 193 estados miembros de la Asamblea General de la ONU deberán elegir 15 de los 47 puestos del Consejo de Derechos Humanos para el período 2024-2026.
Los abusos cometidos por esos cinco candidatos se detallan en un informe conjunto elaborado por las organizaciones no gubernamentales independientes UN Watch, Human Rights Foundation (la Fundación de Derechos Humanos) y el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, con sede en Suiza, Estados Unidos y Canadá, respectivamente.
"Instamos a los Estados miembros a que se abstengan de votar a favor de Rusia, China, Cuba, Burundi y Kuwait", indica el texto, que argumenta que los antecedentes de estos candidatos sobre el respeto derechos humanos en sus respectivos países y en las votaciones de la ONU no cumplen con los criterios de la ONU para ser miembro del Consejo.
"Elegir a las dictaduras de China, Rusia y Cuba como jueces de derechos humanos de la ONU es como convertir a una banda de pirómanos en los bomberos", dijo Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, un grupo independiente no gubernamental de derechos humanos con sede en Ginebra.
"Será una bofetada para sus miles de prisioneros políticos, y para millones de otros ciudadanos sometidos a represión, si la ONU convierte a los agresores flagrantes en jueces y guardianes globales de los derechos humanos", dijo Neuer.
En el caso del régimen de La Habana, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humano, el informe plantea:
"Cuba comete graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones ilegales o arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, por parte del gobierno; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia disidentes políticos, detenidos y presos por fuerzas de seguridad; duras condiciones carcelarias y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represión transnacional contra individuos en otro país; problemas serios con la independencia del poder judicial; arbitrario o interferencia ilegal con la privacidad; graves restricciones a la libertad de expresión y de medios de comunicación; serias restricciones a la libertad en Internet; sustancial interferencia con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación; restricciones severas sobre la libertad religiosa; restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y en el derecho a salir del país; incapacidad de los ciudadanos cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas; restricciones a la participación política; grave corrupción gubernamental; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluyendo
feminicidio; trata de personas, incluida la trata forzosa mano de obra; y la ilegalización de los sindicatos independientes".
Por otra parte el reporte recuerda que "Cuba es un Estado comunista autoritario, antidemocrático y de partido único" donde el régimen "continúa aplastando toda disidencia, prohibiendo medios independientes y restringiendo severamente las libertades civiles".
El informe destaca que en junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el régimen cubano fue responsable de la muerte en julio de 2012 del destacado disidente Oswaldo Payá y que Reporteros sin Fronteras sitúa a Cuba como el país con la peor calificación de libertad de prensa en América Latina, donde los medios de comunicación e Internet están bajo un estricto control y vigilancia estatal.
Además menciona que "periodistas independientes, blogueros, disidentes y artistas son rutinariamente acosados y amenazados, son objeto de detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, agresiones públicas, allanamientos de viviendas y confiscación y destrucción de equipos".
Las organizaciones recuerdan también que en mayo de 2022, el
gobierno cubano aprobó una enmienda al código penal que prohibía efectivamente la financiación extranjera para periodistas independientes y que el derecho de los cubanos a la libertad de reunión es severamente restringido.
"Las reuniones pacíficas son a menudo dispersadas violentamente por agentes del gobierno. En julio 2021, miles de cubanos protestaron en 50 ciudades durante la peor crisis económica en décadas. Las autoridades arrestaron violentamente a más de 1.000 manifestantes, acusándolos de diversos delitos y desde entonces, cerca de 500 personas han sido condenadas".
Por otra parte, el informe alude a la trata de personas como "un grave problema de derechos humanos" y menciona el esquema de trata de personas que utiliza profesionales médicos enviados al extranjero a más de 150 países como herramientas de propaganda, mientras aplica medidas coercitivas y de represalia para evitar que deserten.
"En el último informe sobre trata de personas de Estados Unidos, Cuba tiene la clasificación más baja posible (Nivel 3), lo que significa que no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico y no está haciendo un esfuerzo significativo para hacerlo".
En el registro de votación de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos, el informe recuerda que el gobierno comunista se opuso a las resoluciones a favor de las víctimas de derechos humanos en Irán, Siria, Bielorrusia, Burundi, Nicaragua y Venezuela, entre otros; que apoyó resoluciones que socavaron los derechos humanos individuales o abordó cuestiones más allá de la competencia del Consejo.
Como parte de la Asamblea General, Cuba votó en contra
resoluciones que hablaban en favor de las víctimas de
derechos humanos en Irán, Siria, Crimea y Georgia y fracasó
apoyar resoluciones en favor de los derechos humanos
de la víctimas en Ucrania.; también apoyó resoluciones contraproducentes que socavaban los derechos individuales al elevar conceptos vagos e indefinidos como el “derecho a la paz” por encima de los derechos humanos individuales universalmente reconocidos, y protegió a violadores de los derechos humanos a través de una resolución que niega el derecho a sancionar a tales regímenes y se opuso a una resolución sobre la responsabilidad de prevenir el genocidio.
La semana pasada decenas de organizaciones y miembros de la sociedad civil cubana rechazaron en una declaración la recién anunciada candidatura de Cuba. Los firmantes, 21 grupos y 31 activistas, sostienen que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que ha habido un retroceso extremo en el ejercicio efectivo de estos derechos en Cuba.
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