Empresarios, abogados y líderes cubanoamericanos en el exilio celebran reuniones en Miami para preparar proyectos políticos y económicos ante una eventual transición en Cuba, según un reporte de The Wall Street Journal (TWSJ).
Entre las iniciativas figura la creación de una bolsa de valores, la celebración de una cumbre de inversiones en La Habana y la conformación de un gobierno provisional. Otros grupos estudian la reparación de la infraestructura, la instalación de centrales eléctricas flotantes y la captación de bancos, compañías y fondos de inversión.
En declaraciones a Martí Noticias Juan Omar Sixto, antiguo cultivador de tabaco y presidente de la recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubanoamericana, explicó cómo han estado elaborando planes para la bolsa y una cumbre de inversión
“Nuestro grupo está enfocado en la reconstrucción financiera y social de la nueva Cuba”, dijo Sixto, uno de los entrevistados por TWSJ para el reporte.
Para Sixto, los primeros 90 a 100 días de una transición tendrían dos frentes simultáneos. El primero sería humanitario, con alimentos, medicamentos y servicios básicos y el segundo buscaría reactivar la economía mediante agricultura, vivienda, turismo, azúcar, pequeños cultivos e infraestructura.
Uno de los puntos prioritarios sería devolver electricidad y agua a la población. Sixto explicó que la Cámara trabaja con ingenieros y empresarios en opciones como barcazas eléctricas en puertos cubanos y unidades móviles de generación para zonas urbanas y rurales.
La organización también ha creado 15 comités para elaborar propuestas sobre instituciones cívicas, propiedad privada, banca, mercados de capitales, infraestructura y formación profesional. El propósito es entregar “un blueprint” detallado a las autoridades que eventualmente encabecen una transición.
“El exilio no puede esperar a que otros hagan la construcción de nación por nosotros”, señaló.
El tema de las propiedades confiscadas tras 1959 figura entre los asuntos más complejos. Sixto aseguró que la Cámara estudia experiencias de Europa del Este y sostuvo que la propuesta no contempla desalojar a quienes viven hoy en viviendas que fueron confiscadas. “La propiedad residencial no se va a tocar”, afirmó.
Las discusiones, explicó, se concentrarían en propiedades comerciales, industriales y tierras dentro de un marco legal que permita atraer inversión sin crear caos jurídico.
La Cámara también plantea que los cubanos residentes en la isla participen en la futura economía como propietarios y no solo como receptores de ayuda. La idea, apuntó, es que los ciudadanos puedan convertirse en accionistas de la nueva economía y beneficiarse de su crecimiento.
“Queremos ser mentores de los cubanos de la isla... No queremos entrar y hacernos propietarios de todo; queremos que los cubanos nacionales tengan éxito en sus propios negocios y sus propias industrias”, explicó.
La organización asegura que ha intentado comunicar sus planes al Departamento de Estado y espera abrir canales de diálogo con funcionarios estadounidenses.
Para el analista Miguel Cosío se trata de un “consenso de Miami”, una coincidencia entre sectores del exilio político y empresarios cubanoamericanos alrededor de la necesidad de un cambio político, garantías jurídicas y un plan de reconstrucción.
“Cuba hay que reconstruirla completa. No solo el sistema eléctrico; también los puertos, los aeropuertos, las carreteras, el sistema hidráulico, la salud y el orden público”, aseguró.
Cosío consideró que el futuro de Cuba dependerá de varios escenarios: una negociación con cambios políticos profundos, una fractura interna, un levantamiento popular o una acción externa.
“Hay interés y preparación, pero con medidas económicas solamente la dictadura no parece caer”, sostuvo.
El periódico señaló que los preparativos se intensificaron ante el agravamiento de la crisis económica y energética en la isla y la presión de la administración de Donald Trump al régimen de La Habana.
El reporte cita las cifras de Jorge Mas, presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, quien calculó que reconstruir el país durante los primeros tres años de transición requeriría unos 90.000 millones de dólares.
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