La confiscación de una vivienda en el exclusivo reparto de Miramar, en La Habana, se ejecutó este miércoles bajo estricta vigilancia de las autoridades cubanas, como parte del proceso derivado de la sentencia firme contra el exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández.
Sin embargo, en medio del operativo, una de las propiedades en disputa fue devuelta a sus legítimos dueños, según declaraciones ofrecidas a Martí Noticias por la hermana del exministro.
María Victoria Gil aseguró que la acción formaba parte del “proceso ejecutorio” de la sentencia, pero aclaró que la vivienda familiar no quedó bajo decomiso estatal.
“Efectivamente, en la mañana de hoy se realizó la confiscación que estaba prevista en la sentencia de la casa de Miramar de 24 entre primera y tercera, como parte de todo el proceso ejecutorio de la sentencia que es firme”, explicó.
No obstante, subrayó que el fallo judicial terminó reconociendo la legalidad de la propiedad familiar.
“Gracias a Dios les han devuelto la casa familiar, porque en la sentencia se decía que yo se las había donado de una manera ilegal, lo cual no es cierto y se demostró jurídicamente que era una casa antes del triunfo de la revolución de nuestra familia”, afirmó.
Según su testimonio, la vivienda había sido transferida de forma legal a su sobrina, quien posteriormente la entregó al recibir otra propiedad por parte del Estado.
“Yo se la había donado legalmente a mi sobrina, Laura María Gil González, y ella la había entregado cuando les otorgaron la casa de Miramar”, añadió.
Desalojo bajo vigilancia en Playa
El operativo principal se desarrolló desde horas tempranas en otra residencia ubicada en el municipio Playa, donde vivían familiares del exministro.
De acuerdo con reportes independientes, al menos dos camiones fueron utilizados para retirar pertenencias del inmueble, mientras agentes impedían a vecinos documentar lo ocurrido.
La vivienda, situada en una de las zonas más exclusivas de La Habana, contrasta con la crisis habitacional que atraviesa la isla, donde el déficit supera las 800.000 viviendas y una parte significativa del fondo habitacional se encuentra en mal estado.
El desalojo ocurre tras la decisión del Tribunal Supremo Popular de ratificar la condena contra Gil Fernández, que incluye cadena perpetua por espionaje, además de 20 años de prisión por otros delitos como cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal.
Como parte de las sanciones accesorias, las autoridades ordenaron la confiscación de bienes, aunque sin detallar públicamente el alcance total de las propiedades afectadas.
El procedimiento ejecutado este miércoles sería una de las primeras acciones visibles de esa medida, en medio de interrogantes sobre el destino de los familiares desalojados y el uso que el Estado dará a los inmuebles confiscados.
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