El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió en un informe sobre el clima de inversión en Nicaragua en 2026 que los inversionistas “deben extremar las precauciones” y “no deben esperar el Estado de derecho ni un entorno empresarial predecible” en el país.
El documento, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, señala que las autoridades nicaragüenses “continúan deteniendo injustamente a presos políticos, cerrando ONG, exiliando por la fuerza a los ciudadanos, apropiándose injustamente de la propiedad privada e ignorando y desmantelando el Estado de derecho”. Según el texto, eso genera “un clima de inversión plagado de riesgos políticos y reputacionales”.
En paralelo a este informe, el medio nicaragüense Confidencial publicó una investigación esta semana sobre la confiscación de nueve casas de lujo pertenecientes a jubilados estadounidenses en una playa de Tola, en el Pacífico sur de Nicaragua. Según el medio, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) “confisca un bien de forma ilegal y, posteriormente, lo dona al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)”.
Las viviendas, algunas con piscina y paneles solares, estaban completamente amuebladas con variedad de sillones, estanterías de madera, cuadros, jarrones, juegos de sillas, televisores de pantalla plana, refrigeradores, cocinas, aires acondicionados, abanicos, comedores, camas matrimoniales y unipersonales, ropa y artículos personales de los dueños, y utensilios de cocina. El medio nicaragüense estima el valor de estas propiedades confiscadas en unos 15 millones de dólares.
El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro señaló a Martí Noticias que “estos señores han sido víctimas, como hemos sido víctimas centenares de nicaragüenses, de la confiscación de sus bienes”. En su opinión, Daniel Ortega probablemente busca utilizar estas propiedades como ficha de cambio en una negociación, pero advirtió que “está jugando con fuego porque esta acción se refleja en los mercados inmobiliarios y de destino turístico en la zona más turística de Nicaragua”.
Por su parte, un exdiplomático nicaragüense en el exilio, que pidió el anonimato por temor a represalias, ve las confiscaciones “como producto de la corrupción en la cual algún funcionario o miembro de la familia gobernante le apeteció apoderarse de esas casas de verano o, simplemente, para provocar algún nivel de diálogo o excusa para reunirse con Estados Unidos después de haber alcanzado un alto nivel de tensión diplomática con el rechazo de la embajadora estadounidense designada”.
“Independientemente de que el régimen revierta o no la confiscación le interesaba reafirmar que no están débiles y que son irreductibles, saben que deben mostrar fortaleza frente a las presiones que podrían venir al vencimiento del plazo de los 90 días que se ha acordado en la OEA”, subrayó la fuente.
El exdiplomático nicaragüense explicó que las expropiaciones son “un acto de fuerza que va dirigido no solo a Washington sino también para alentar a sus incondicionales al tiempo que acumulan fichas para una eventual negociación”.
Corrupción y presiones políticas
El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó en su informe que, si bien “Nicaragua cuenta con leyes relativas a la inversión extranjera, su implementación, cumplimiento e interpretación están sujetas a la corrupción y a presiones políticas”.
Chamorro señaló que “la pregunta que uno debe de hacerse es cuánto realmente estaría creciendo en la economía de Nicaragua en ausencia de una dictadura que viola el Estado de derecho, que confisca propiedades, que deteriora el clima de inversiones”, ante lo cual el economista se reafirma en la idea de que “siempre sería mucho mayor si por ejemplo hubiera derechos de propiedad establecidos y respetados”.
Ante la pregunta de cuánto podría crecer Nicaragua si tuviera democracia, Chamorro señaló que es difícil estimarlo y explicó a Martí Noticias que “la economía nicaragüense, con una imagen de país amigable con el principal socio comercial como Estados Unidos, estaría creciendo a tasas muy elevadas por las bellezas naturales que tiene Nicaragua, pero es una aseveración hipotética que los economistas denominamos contrafactual porque no existe la evidencia para demostrarlo en este momento”.
Precisamente, el informe reconoce el potencial económico de Nicaragua al enumerar los activos económicos tales como la abundancia de recursos naturales, una mano de obra más barata que la de sus vecinos, un gran sector agrícola y acceso a las principales rutas marítimas.
Sin embargo, el texto insiste, “a pesar de los indicadores macroeconómicos generalmente positivos, ni la inversión extranjera directa ni la participación en la fuerza laboral se han recuperado tras los disturbios civiles de Nicaragua en 2018 y la posterior represión gubernamental”.
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