El secretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, elogió la resolución aprobada este viernes por consenso en la Organización de Estados Americanos (OEA).
El texto condena la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y pide el cese de las represalias, la liberación incondicional de los presos políticos, la información sobre las personas desaparecidas de forma forzada y la restitución de la nacionalidad y de los derechos conexos a quienes fueron despojados de ellos de manera arbitraria.
Segura describió a la dictadura de Ortega-Murillo omo “una dinastía ilegítima” y enfatizó que el régimen de Ortega y Murillo no tiene voluntad de dialogar.
También destacó la participación de la activista cubana Rosa María Payá como relatora sobre Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y fue contundente respecto al objetivo de Washington: "Queremos una Nicaragua libre y justa que respete los derechos humanos".
La OEA aprobó la resolución durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocada para examinar la situación de Nicaragua y definir una respuesta colectiva ante el deterioro democrático en el país.
La cita, celebrada en la sede de la OEA en Washington, respondió a la declaración de Ortega del 19 de julio, cuando afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, y a la reforma constitucional aprobada en septiembre que prohíbe la participación de partidos de oposición y amplía el mandato de seis a siete años.
El documento insta a las autoridades a tomar “medidas inmediatas, concretas y verificables” para recuperar el espacio cívico, frenar las represalias y respetar los derechos humanos. Entre sus demandas figuran informar sobre el paradero y la situación de las personas sometidas a desaparición forzada.
Copatrocinada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana, la resolución crea un Grupo Ministerial de Seguimiento de composición voluntaria que deberá presentar en un máximo de 60 días recomendaciones de acciones diplomáticas y jurídicas para Nicaragua.
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