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Desacuerdo entre Tribunal de La Haya y fiscal colombiano sobre destino de rebeldes encontrados culpables


Fiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre.

El fiscal general de Colombia reconoció que "existen profundas diferencias" con la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con "la pena a imponer" a los jefes rebeldes que "sean encontrados responsables por delitos, como los de lesa humanidad y los crímenes de guerra".

La fiscal jefe de la Corte de La Haya está en desacuerdo con el fiscal colombiano sobre la posibilidad de que los máximos líderes de las FARC no cumplan una pena en prisión como una manera de acelerar y garantizar la firma de la paz con el Gobierno de Colombia, según una entrevista divulgada el domingo.

Eduardo Montealegre, fiscal general de Colombia, reconoció que "existen profundas diferencias" con Fatou Bensouda, alta funcionaria de la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con "la pena para imponer" a los jefes rebeldes que "sean encontrados responsables por delitos de competencia de la CPI, como los de lesa humanidad y los crímenes de guerra".

En entrevista con el diario El Espectador tras su reciente viaje a La Haya, sede del tribunal extranjero, Montealegre dijo que Bensouda considera que "sin prisión efectiva no hay justicia".

El legislativo colombiano aprobó en 2012 un marco legal para regular la terminación del conflicto armado que centra la investigación en los máximos responsables de los delitos, ello porque al sistema judicial del país le resulta imposible juzgar a todos y cada uno de los eventuales desmovilizados de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Como aún falta detallar las penas para esos máximos responsables, el fiscal Montealegre ha propuesto, en aras de evitar cualquier tropiezo en la negociación entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, pensar en castigos alternativos a la privación de la libertad. Su propuesta ha generado polémica entre diferentes sectores políticos colombianos y organizaciones de derechos como la no gubernamental Human Rights Watch.

Montealegre aclaró en la misma entrevista que la fiscal de la CPI respalda el proceso de paz y no cuestiona en momento alguno que "existe voluntad y capacidad institucional en Colombia para realizar las investigaciones" de los crímenes cometidos por actores al margen de la ley o por parte de la propia fuerza pública.

El gobierno y las FARC dialogan en La Habana desde noviembre de 2012 y a la fecha han llegado a acuerdos parciales sobre asuntos agrarios, participación política y lucha contra el narcotráfico. En los últimos días han viajado a Cuba varios de los máximos dirigentes de esa guerrilla para unirse a las comisiones que discuten los últimos puntos de la agenda pactada, los más álgidos: reparación de víctimas y dejación de las armas.

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