Una denuncia publicada en redes sociales por el influencer cristiano David Espinosa ha generado debate sobre el contenido ideológico de la educación en Cuba, luego de señalar que el libro de Cultura Política de décimo grado incluye un relato sobre las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) y aborda las informaciones que, según el texto, fueron difundidas como noticias falsas durante esa jornada.
“En Cuba no hay adelantos científicos ni económicos… pero nuestros hijos sí estarán actualizados en la materia ideológica que desea nuestro gobierno(...) El adoctrinamiento político en Cuba va desde que naces hasta que te mueres”, escribió Espinosa en redes sociales.
El creador de contenido cuestionó la presencia de mensajes políticos en distintos ámbitos de la sociedad cubana y afirmó que el adoctrinamiento comienza desde la infancia y se extiende a las escuelas, los medios de comunicación, los centros laborales e incluso otros espacios de la vida cotidiana.
El investigador y periodista Boris González Arenas, consultado por Martí Noticias, cuestionó el propio concepto de “cultura política” promovido por el sistema educativo cubano.
“¿Qué cultura política puede querer promover un país donde hay una ley electoral que se asegura de que no haya elecciones?”, preguntó González Arenas, quien consideró que el modelo educativo busca reproducir la cultura política de un régimen totalitario.
En referencia al tratamiento del 11J en el libro, el investigador señaló que el texto presenta las protestas fundamentalmente desde la perspectiva de las llamadas fake news, mientras omite hechos relacionados con la represión posterior a las manifestaciones.
“No saldrán, por supuesto, los niños detenidos, secuestrados por días y luego confinados; no saldrá el asesinato de Diubis Laurencio Tejeda”, afirmó González Arenas, quien también mencionó el caso de Walnier Aguilar, encarcelado tras las protestas del 11J, y las dificultades de su padre, Wilber Aguilar Bravo, para visitarlo.
González Arenas también llamó la atención sobre la autoría del volumen. Según explicó, el libro identifica como compilador a Orlando Calderón Frías, a quien describió como funcionario del Ministerio de Educación, pero cuestionó que los textos compilados no identifiquen claramente a sus respectivos autores.
“Tiene muchos diseñadores y cero autores”, afirmó el investigador, quien concluyó que el volumen constituye, a su juicio, un ejemplo de cómo el sistema educativo cubano utiliza determinados contenidos para transmitir una interpretación política oficial.
El señalamiento coincide con las conclusiones del Observatorio de Libertad Académica (OLA) en sus análisis sobre la educación política; existe una diferencia esencial entre la formación ciudadana en los modelos democráticos y la concepción que prevalece en el sistema cubano.
En las democracias, explica OLA, la educación ciudadana busca desarrollar la llamada “alfabetización política”: ciudadanos capaces de comprender diferentes sistemas, analizar críticamente las políticas públicas y participar en el disenso. En contraste, el modelo cubano estaría orientado a formar una ciudadanía que defienda al Estado.
Para el Observatorio, mientras en una democracia “la educación sirve para el control del poder por parte del ciudadano”, en Cuba funciona en sentido contrario: “para el control de la ciudadanía por parte del poder”.
En el caso del libro de Cultura Política de décimo grado, al incluir la interpretación oficial del 11J, vuelve a plantear interrogantes sobre qué versión de los acontecimientos recientes recibe una nueva generación de cubanos y cuánto espacio existe dentro de las escuelas para contrastar la narrativa estatal con otras perspectivas.
Las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 constituyeron la mayor ola de manifestaciones antigubernamentales registrada en Cuba en décadas. Miles de personas salieron a las calles en más de 60 localidades para protestar y reclamar libertades sociales y políticas. Según estimaciones de la ONG Prisoners Defenders, la cifra ciudadanos que pasaron de forma temporal o permanente por centros de detención superó los 5.000.
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