El abuso de poder y la corrupción se entrelazan en los centros penitenciarios de la provincia Granma, en el oriente de Cuba, denunció este domingo el exprisionero político Fernando Bárzaga Mompié, liberado recientemente.
De acuerdo con el testimonio de Bárzaga Mompié, quien cumplió cinco años de privación de libertad en cuatro prisiones de la provincia, los oficiales de alto mando han diseñado un sistema para desentenderse de la gestión cotidiana y evitar enfrentamientos directos con los reclusos. Para ello, delegan la disciplina, la custodia de llaves y la distribución de recursos en reos seleccionados, conocidos como "monitores de disciplina" o "promotores".
“Ese preso se encarga, junto con 6 u 8 amigos. Esos dos monitores de disciplina, junto con ese piquete, se encargan de exigir el reglamento penitenciario. O sea, tienes que afeitarte, tienes que ponerte el uniforme, tienes que pelarte, tienes que arreglar la cama”.
Esta estructura paralela sitúa a reclusos privilegiados al mando de destacamentos y galeras. Según la denuncia, estos grupos no solo exigen de forma arbitraria el cumplimiento del reglamento, sino que también deciden qué reclusos tienen acceso a atención médica, llamadas telefónicas o repartición de alimentos.
“Ese preso es quien reparte el alimento, es quien dice si vas o no vas al médico. Son los que gobiernan. Cualquier cosa que suceda es un enfrentamiento de preso a preso. La policía se quitó todo eso de encima”, indicó el manifestante del 11J.
Bárzaga señaló que la represión física contra reclusos incómodos es encargada por la propia guarnición, y la Seguridad del Estado, a estos monitores, quienes actúan como ejecutores a cambio de impunidad y privilegios.
El testimonio expone además el desvío sistemático de insumos destinados a la población penal. Los mandos militares se apropian de alimentos, calzado, vestimenta y paquetes entregados por familiares durante las requisas o antes de su distribución.
Entre las irregularidades señaladas destaca la elaboración de productos diferenciados para el uso personal de los mandos militares a partir de los insumos de la prisión, además de la cría de cerdos y ganado propio con la comida de los reclusos.
Del mismo modo, asegura el expreso político, usan internos en labores de siembra y cosecha como el cultivo de arroz, sin remuneración ni impacto positivo en la dieta penal, destinando la producción a la venta particular.
Bárzaga Mompié relata cómo los beneficios penitenciarios son vendidos al mejor postor. La exigencia de pagos informales o dádivas a la administración para otorgar el derecho a visitas conyugales o la asignación a regímenes de menor severidad.
La narración subraya la arbitrariedad en la aplicación del reglamento penitenciario, el cual se oculta deliberadamente a los internos. A los reclusos se les priva del derecho a visitas familiares de personas provenientes de otras provincias, y se les impone la falta de uniformes o productos de higiene como pretexto para restringir sus movimientos.
Ante los intentos de formular denuncias ante la Fiscalía Militar por agresiones o robos cometidos por oficiales, las respuestas institucionales se reducen a amenazas contra los denunciantes para forzar el cierre de los procesos, mientras que los militares señalados son trasladados o ascendidos dentro del propio sistema penitenciario.
En el penal La Demajagua, “el capitán Francisco del Toro me robó descaradamente una gorra nueva que me había traído mi tía, y yo lo acusé con Fiscalía Militar. Seguí los pasos del protocolo de ellos, y lo que recibí fue la amenaza de la misma fiscal, que me aconsejó terminar ese proceso para que no me sucediera algo peor. Me dijo que ella no me aseguraba que yo iba a estar bien ahí después de que comenzara un proceso por mi denuncia”.
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