El joven Yurisnel Domenech Atencio, residente de Media Luna, Granma, dijo a Martí Noticias que persiste el acoso de las autoridades en su contra tras haber visibilizado deficiencias en la atención médica para embarazadas en su localidad.
El joven, que fue citado la semana pasada y recibió advertencias de que podría ser llevado a prisión por sus denuncias, asegura que el hostigamiento no ha cesado.
Domenech denunció que su esposa, con 21 semanas de gestación, y otras pacientes no pudieron realizarse los ultrasonidos programados en el policlínico Raúl Podio Saborit.
Según su testimonio, las gestantes permanecieron de pie desde las 6:30 AM hasta la 1 de la tarde debido a la falta de fluido eléctrico y a la carencia de combustible para activar el grupo electrógeno del centro de salud.
A través de un video en redes sociales, Domenech contrastó esta situación con la disponibilidad de recursos para actividades políticas. En su testimonio señaló que, pocos días después de la suspensión de los servicios médicos, las autoridades locales dispusieron de combustible para transportar personal, militantes y artistas hacia un acto oficial en Cinco Palmas, con motivo del reencuentro de Fidel y Raúl Castro.
“Eso me indignó muchísimo. Cómo para un acto patriótico sí apareció el combustible y para realizar el ultrasonido de las embarazadas no apareció en 15 días”, declaró.
A raíz de su publicación en Facebook, Domenech fue citado a la estación de policía el pasado 23 de diciembre. El joven relató que fue atendido por un oficial vestido de civil que no se identificó y que el encuentro consistió en amenazas directas.
“Nunca tuvo la intención de aclarar el asunto o ver por qué había sido mi denuncia. Todo el tiempo fue amenazándome, diciéndome que cometí un delito, que había incitado a la violencia y al desorden público”, explicó. El oficial intentó imponerle un acta de advertencia que el joven se negó a firmar por considerar falsas las acusaciones. “Todas las amenazas eran de prisión, absolutamente todas. Me decía que pensara en mi familia, en mi mamá y en mi hija”, añadió.
El joven, de 32 años y sin afiliación a grupos políticos, recordó que ya en 2021 fue objeto de represalias tras denunciar irregularidades en la venta de artículos para bebés en las tiendas estatales.
En aquella ocasión, enfrentó a directivos locales por el desvío de productos hacia el mercado informal. A pesar de que su esposa ya pudo realizarse los exámenes médicos tras la presión generada por la denuncia, asegura que el control sobre su persona se mantiene.
“He podido ver a agentes de la Seguridad del Estado rodeando mi barrio, rodeando donde quiera que me muevo. Sé muy bien cómo funcionan”, concluyó.
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