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Ros-Lehtinen: Salida de Cuba de lista negra "no levanta significativamente las sanciones"


Embargo a Cuba une a ocho cubanoamericanos en el Congreso
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Embargo a Cuba une a ocho cubanoamericanos en el Congreso

La congresista explicó en un comunicado que ella y sus colegas no tratarán de bloquear la decisión del presidente Obama y se concentrarán en otros proyectos de ley más abarcadores.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) explicó en un comunicado de su oficina por qué ella y sus colegas republicanos en la Cámara de Representantes decidieron no promover una declaración conjunta del Congreso para bloquear la decisión del presidente Barack Obama de retirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

"Una resolución conjunta no habría tenido el efecto práctico de bloquear, de manera integral el retiro de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo", escribió la legisladora cubanoamericana y explicó que, de los tres estatutos que autorizan la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, sólo uno, la Ley de Control de Armas en las Exportaciones contiene un mecanismo legislativo que autoriza al Congreso a bloquear el retiro de la lista.

"En su lugar, queremos trabajar para asegurar que cualquier legislación aprobada por el Congreso con respecto a Cuba sea sustantiva y que tenga un efecto legal significativo. Mis colegas y yo estamos concentrando nuestros esfuerzos en promover proyectos de ley que demanden al régimen de Castro rendir cuentas por sus nefastas actividades".

"Planeamos presentar proyectos de ley abarcadores sobre Cuba que aseguren que la seguridad nacional de Estados Unidos sea resguardada y que fomenten los Derechos Humanos en la isla. Retirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo no levanta significativamente las sanciones, porque muchas de ellas continúan codificadas en la ley (Helms-Burton)", recordó la congresista.

En una entrevista publicada el jueves por el portal de política exterior Foreign Policy, Ros-Lehtinen dijo que la Oficina del Parlamentario, que ofrece al Congreso orientaciones sobre normas y procedimientos, les había advertido que el poder legislativo no podía revertir sobre una base legal la decisión presidencial en el caso de la lista de naciones promotoras del terrorismo.

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