El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara condenó a penas de hasta ocho años de privación de libertad a seis ciudadanos cubanos, entre ellos el intelectual y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, por participar en una protesta pacífica ocurrida el 7 de noviembre de 2024 en el municipio de Encrucijada, motivada por los prolongados apagones eléctricos.
De acuerdo con la sentencia número 4 de 2026, correspondiente a la causa 82 de 2025, la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado declaró culpables a los acusados por el delito de “desórdenes públicos”, al considerar que tocar calderos y exigir el restablecimiento del servicio eléctrico constituyó una alteración del orden social.
Protestar sin violencia, castigado como delito
La manifestación, documentada en videos difundidos en redes sociales, fue descrita por testigos como pacífica. Los participantes no agredieron a personas ni a bienes públicos; se limitaron a tocar utensilios metálicos y corear consignas como “Queremos corriente” y “Libertad”, tras más de 48 horas sin electricidad en la localidad.
Durante el programa Cuba al Día de Martí Noticias, estaba prevista una entrevista con la madre de uno de los jóvenes condenados, pero la señora canceló a última hora.
“Estoy aterrorizada. Me han dicho que si hablo con la prensa será peor para mi hijo”, explicó la fuente, acerca del clima de miedo que rodea a los familiares de presos políticos en Cuba.
Análisis legal: “No hay desorden público”
El abogado Santiago Alpízar, presidente de la ONG Cuba Demanda, afirmó que las condenas carecen de sustento jurídico.
“El Código Penal cubano considera desorden público cuando se interrumpe un servicio básico o el tránsito vial. Aquí ocurrió lo contrario: los ciudadanos reclamaban la restitución de un servicio que el propio Estado había suspendido”, explicó Alpízar, quien ejerció como abogado en la isla.
“Protestar pacíficamente por un servicio público, cuyo único proveedor es el Gobierno no puede constituir delito alguno, y menos desorden público”, sentenció el jurista exiliado en los Estados Unidos.
Alpízar recordó además que los artículos 54 y 56 de la Constitución cubana reconocen el derecho a la manifestación, y que incluso el entonces presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, admitió tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 que la protesta pública no es un delito.
Las condenas
Según el fallo judicial, las sanciones impuestas fueron:
- José Gabriel Barrenechea Chávez: 6 años de prisión
- Yandri Torres Quintana: 8 años de prisión
- Rafael Javier Camacho Herrera: 7 años de prisión
- Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa: 5 años de prisión
- Marcos Daniel Díaz Rodríguez: 5 años de limitación de libertad
- Yunieski Lorences Domínguez: 3 años de trabajo correccional sin internamiento.
Todos, excepto Díaz Rodríguez, permanecieron en prisión preventiva hasta el fallo.
Barrenechea, encarcelado desde el 8 de noviembre de 2024, en una carta enviada desde la prisión La Pendiente, denunció que su encarcelamiento responde al temor del régimen cubano al ejercicio cívico y a la palabra crítica.
Represores identificados
Durante la investigación, activistas y organizaciones de derechos humanos identificaron a jueces, fiscales y agentes de la Seguridad del Estado involucrados en el proceso, entre ellos, a los miembros del tribunal que dictó la sentencia y a los oficiales que actuaron como testigos de cargo.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba confirmó que los nombres de varios de estos funcionarios ya están siendo incorporados a listados de represores, con vistas a futuras sanciones internacionales.
“Que no se engañen pensando que esto se va a olvidar”, advirtió Alpízar. “La impunidad no será eterna”.
Castigo ejemplarizante
Para el abogado de Cuba Demanda, las severas condenas buscan enviar un mensaje de intimidación en medio del agravamiento de la crisis energética y económica en la isla.
“El mensaje es claro: el régimen quiere recordar a los ciudadanos que se consideran súbditos, no titulares de derechos”, concluyó.
Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han reiterado que estas sentencias se suman a una larga lista de condenas por motivos políticos en Cuba, donde protestar pacíficamente sigue siendo tratado como un crimen.
Foro