Derechos Humanos
Comité Contra la Tortura exige a Cuba respuestas y cifras sobre detenciones, interrogatorios y hostigamiento
El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés), solicitó a Cuba “investigar, juzgar y, en su caso, sancionar" a los responsables del uso excesivo de la fuerza del 11 de julio de 2021.
A través de un informe, emitido este viernes, el Comité expresó su preocupación por las denuncias que documentan que durante las protestas ocurrieron actos violentos y que violan los derechos humanos como "golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas".
El CAT pide a La Habana adoptar las medidas necesarias para prevenir y cesar las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, intimidación, amenazas y descalificación de defensores de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familiares; garantizar que los actos de hostigamiento, represión e intimidación sean debidamente investigados y los responsables sancionados; asegurar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el ejercicio de sus libertades de opinión, expresión y circulación, así como sus derechos de asociación y reunión pacífica y establecer un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
La Comisión solicitó “investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de personas en custodia, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una indemnización justa y adecuada a los familiares” y lamentó que el régimen cubano no haya presentado "información estadística completa respecto de las personas privadas de libertad fallecidas durante el periodo de examen del Comité, que fueron en un promedio de 100 al año y cuya causa principal serían las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la información facilitada por Cuba".
Los expertos en derechos humanos que componen el Comité, expresaron su preocupación por la cantidad de juicios sumarios sin garantías al debido proceso y los de civiles que han sido juzgados por los tribunales militares, que "no ofrecen las garantías de independencia e imparcialidad requeridas por la Convención".
Los expertos piden a Cuba que modifique las disposiciones del Código Penal con el propósito de poner fin a la detención con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas como la peligrosidad social predelictiva y la sedición.
El CAT recomienda al régimen de La Habana garantizar que "todas las personas detenidas cuenten, en la ley y en la práctica, con todas las salvaguardias fundamentales contra la tortura desde el momento mismo de su privación de libertad, incluidos los derechos a ser asistidas por un abogado sin demora, en particular durante las etapas de la investigación y los interrogatorios; a solicitar y tener un reconocimiento médico independiente; a ser informadas de sus derechos, los motivos de la detención y los cargos formulados en su contra; a ser inscritas en el registro del lugar de detención; a notificar inmediatamente su detención y el lugar de la misma a un familiar o a cualquier otra persona de su elección; a comparecer ante un juez sin demora; y a contar con recursos efectivos para impugnar la legalidad de su detención. El Estado parte deberá velar también por que se sancione a los funcionarios que no permitan a las personas privadas de libertad el goce de dichas salvaguardias fundamentales".
Además indica que el régimen de Cuba debe adoptar medidas inmediatas para poner término a las prácticas coercitivas en los interrogatorios, incluyendo agresiones, incomunicación prolongada, aislamiento, exposición a cambios bruscos de temperatura y amenazas y que asegure en la práctica la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante tortura.
Cuba dijo al Comité que los establecimientos penitenciarios se encuentran al 81 % de su capacidad, sin embargo no ofrece datos estadísticos oficiales y actualizados relativos a la población reclusa.
Por lo que el CAT muestra preocupación por las informaciones recibidas en las que se denuncian condiciones de detención inadecuadas, hacinamiento, insalubridad y falta de ventilación, atención médica deficiente, malnutrición, provisión insuficiente de agua potable y medicamentos, así como las informaciones que indican un elevado número de huelgas de hambre, y las denuncias sobre patrones de maltratos y tortura hacia los reclusos, que incluirían agresiones físicas y verbales, restricciones injustificadas del régimen de visitas, traslados a centros penitenciarios alejados de su entorno familiar y el uso prolongado de celdas de aislamiento.
Por lo que recomienda "velar por que se abra una investigación siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o se han infligido malos tratos, e investigar restricciones arbitrarias o injustificadas de los derechos de las personas detenidas".
ElComité lamenta no contar con datos estadísticos desglosados sobre el número de personas privadas de libertad, entre ellas aquellas sujetas a prisión provisional, y la poca transparencia del sistema penitenciario y pide a Cuba garantizar que la prisión provisional se utilice solo de manera excepcional y durante el menor tiempo posible, y sin exceder el período previsto por la ley. El Estado también debe contar con un registro actualizado de personas privadas de libertad, desglosado por nombre, sexo, edad, origen étnico o nacionalidad, condición de discapacidad, su situación procesal y el lugar de detención.
El informe menciona "las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía puesto que únicamente los miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos pueden ejercer la profesión en el Estado parte, salvo excepciones como la representación y dirección de determinados asuntos propios o de sus familiares por parte de juristas que no sean miembros de esa organización" y recomienda al Estado "velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia de la fiscalía general y del poder judicial, en particular asegurándose de que el nombramiento de los jueces se ajuste a las normas internacionales pertinentes".
El CAT considera que Cuba debe asegurar también el respeto del derecho a la libre asociación y al ejercicio independiente de la abogacía, conforme a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.
El Comité observó con preocupación la persistencia de la violencia de género, las debilidades en el mecanismo de denuncia, y el insuficiente número de centros de acogida para víctimas.
"Al Comité también le preocupa la falta de legislación específica sobre violencia de género y las sanciones poco severas de las agresiones sexuales en el Código Penal. Sin embargo, se toma nota de que el proyecto de Código Penal incluiría como agravantes, cometer el delito como consecuencia de la violencia de género. Por otra parte, el Comité muestra su preocupación por la ausencia de datos estadísticos desglosados sobre la violencia de género en todas sus formas", indica el informe.
Por otra parte, recomienda al régimen cubano establecer protocolos que regulen la actuación de las autoridades en una protesta social.
La entidad lamenta que todavía en Cuba no se haya establecido en el país una institución nacional de derechos humanos independiente, de conformidad con los Principios de París, cuyo mandato incluya la promoción y la protección de los derechos consagrados en la Convención.
El CAT pide la declaración de una moratoria formal de la pena de muerte en Cuba, con miras a su abolición futura.
El Comité dio un plazo hasta el 13 de mayo de 2023, para que Cuba ofrezca información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité concernientes a la inspección independiente de los lugares de detención; los defensores de derechos humanos, periodistas y artistas; y los sucesos del 11 de julio.
Por otra parte, instruye a las autoridades cubanas a dar amplia difusión al informe y las recomendaciones a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las organizaciones no gubernamentales.
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Preso político se sintió humillado al ser conducido encadenado "como criminal" a un hospital
El preso político Luis Robles Elizastigui dijo que se sintió humillado cuando fue llevado esta semana al hospital al hospital Miguel Enrique, en La Habana, al que llegó esposado de pies y manos.
Su familia denunció en varias ocasiones que el joven necesitaba asistencia especializada por problemas de salud, que lo aquejan en el penal Combinado del Este, en La Habana, donde cumple una sentencia de cinco años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica, en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana.
En una grabación publicada en Twitter por el diario digital Cubanet, Robles expresó: “Me sacaron encadenado de pies y manos, me llevaron por la calle. Pasé tremenda vergüenza, como si fuera un criminal”.
“A quien se le ocurre que usted va a llevar a una persona, está bien, está presa, pero la va a llevar a un médico, a que la evalúe un médico, usted no sabe cómo esa persona se siente”, dijo a Radio Martí, Yindra Elizastigui, madre de Robles.
Robles, a quien se le aprobó en agosto el paso a un régimen de menor severidad, no ha sido trasladado aún, porque según le han informado las autoridades a su madre, ahora el Departamento de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, ubicado en 15 Y K en el Vedado, La Habana, tiene que analizar su expediente.
“El día 9 de este mes fue que llegó ese expediente allí a la entidad, a la dirección nacional, donde ahora hay que esperar que el órgano de allí se reúna y dé su aprobación, porque yo pensé que, ya aprobándolo el centro penitenciario, nada más era allí. Porque yo escuché que siempre tenía que llegar allí a la dirección nacional, pero era por la firma y ya. Bueno, ahora hay que esperar que ellos lo aprueben, entonces se me dijo que volviera antes del día 10 de octubre, así que eso es lo que pienso hacer. No obstante Luis me mantiene informada de cómo va, por lo menos si se le ha dicho algo a él. De momento, esa es la respuesta que se me dio”, afirmó.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, organización no gubernamental de consulta jurídica dijo a Martí Noticias que en el caso de Luis Robles "hay que analizar, por ejemplo, si el era primario o no, para saber si las autoridades están cumpliendo en el pase de un régimen a otro, pero además hay categorización de recluso, que son los internos priorizados, que cualquier decisión sobre estos internos pasa por el Departamento de Establecimientos Penitenciarios, del Ministerio del Interior, entonces el director o jefe de ese departamento es el máximo responsable de decidir si progresa en el régimen o la libertad condicional”.
El pasado año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizastigui por considerar que se encuentra actualmente privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
Fiscalía acepta queja sobre salud de preso político Félix Navarro
La Fiscalía Municipal de Colón, en Matanzas, admitió una queja interpuesta por Sonia Álvarez Campillo, la esposa del preso político Félix Navarro.
Álvarez Campillo solicitó al órgano de Justicia que intervenga de forma inmediata con las autoridades de la Prisión Agüica, para que el padecimiento de Navarro sea debidamente atendido.
“El lunes tuve comunicación con la Fiscalía Militar de Matanzas y ellos me dijeron que no tenían que ver con las prisiones. Entonces, el miércoles me presenté aquí en la Fiscalía Municipal de Colón, y la fiscal me tomó toda la información y me dijo que ella lo mandaría para la Provincia, que son los que tienen que ver con las prisiones. No me dio respuesta sobre lo que iban a hacer, ni las medidas que iban a tomar. Tampoco sabía qué tiempo se demoraría la gestión”, relató la Dama de Blanco a Martí Noticias.
El preso político, de 70 años y diabético, ha sufrido, en dos ocasiones, pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglucemias, según denunció su hija Saylí Navarro desde el penal de mujeres La Bellotex, tras haber visto a su padre en una visita intercarcelaria.
Los bajos niveles de azúcar en la sangre, que provocan desmayos o convulsiones, podrían conducirlo a un coma diabético e, incluso, a perder la vida.
Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y su hija, ambos residentes en el poblado de Perico, aledaño a Colón, fueron condenados a nueve y ocho años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad.
De acuerdo a Saylí, su padre ha sufrido una importante pérdida de peso corporal en poco tiempo.
Por otra parte, el oficial de la policía política, Ramón Pérez, afirmó desconocer el estado de salud del preso político.
“Se presentó en la prisión donde se encuentra Félix el oficial de la Seguridad del Estado, que dice llamarse Ramón. Él le dijo a Félix que no sabía nada de lo que le había sucedido. Ahora estamos más preocupados, porque quiere decir que a ellos no les interesa la enfermedad de Félix”, lamentó Álvarez Campillo.
Tres presos del 11J rechazan pasar a régimen de menor severidad por considerarlo indigno
Los presos políticos Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro y Arianna López Roque se han negado a aceptar el paso a un régimen de menor severidad por considerar este beneficio humillante e indigno.
Desde Miami, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antúnez, hermano de Loreto Hernández, comunicó la decisión a Martí Noticias.
“El viernes 22 de septiembre fueron visitados, fueron interrogados por un alto oficial de la policía política, quienes vinieron proponiéndoles régimen de mínima severidad con el consiguiente derecho a recibir pase, o sea, visitas a sus casas. Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro rechazaron esta propuesta. Pérez Paseiro aclaró que ella como madre y familia deseaba de todo corazón abrazar a sus hijos y disfrutar con la familia, pero por cuestiones de principio prefería esperar a cumplir su condena de 8 años de privación de libertad”.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la asociación “Yorubas Libres de Cuba”, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en Placetas, Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021.
“Ellos desde el principio dijeron que ellos no iban a aceptar beneficios. Ellos saben que están presos injustamente”, dijo desde Placetas Rosabel Sánchez, hija de Loreto Hernández.
Rosabel indicó además que se siente orgullosa de su padre, quien se mantiene firme en sus ideas, a pesar de presentar una delicada situación de salud que lo llevó a un reciente ingreso en el hospital provincial de Santa Clara, debido a una neuropatía diabética.
“Yo los apoyo en lo que ellos decidan y eso me enorgullece también porque no todo el mundo es el que se niega”, precisó.
Tanto Loreto como su esposa Donaida cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal, donde también cumple sentencia la opositora Arianna López Roque, sancionada en 2022 a 8 años de cárcel bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado, por su participación en Placetas, Villa Clara, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Por otra parte, Antúnez ofreció se refirió a la repuesta que dio Arianna López a las autoridades cubanas al recibir la propuesta.
“Loreto y Donaida también en llamada telefónica a Rosabel, hija de Loreto, le aclararon que la líder opositora Arianna López Roque también había rechazado contundentemente esta propuesta, y les había dicho textualmente: Conmigo no quiero ni jueguitos, que yo soy una opositora y una presa plantada de pies a cabeza, dijo Ariana que, aunque no vuelva jamás a ver a sus hijos, no va a ceder”.
Preso político sufre ataques homofóbicos de sus carceleros, denuncian familiares
Presos, familiares y activistas de derechos humanos denuncian los maltratos físicos y el hostigamiento del que son víctimas los reclusos en los penales de la isla.
Desde la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, el preso político Yuri Almenares González, en carta abierta de su puño y letra sacada de la prisión por familiares de otros reclusos, denunció los ataques homofóbicos que sufre y las golpizas por órdenes de los directivos del penal.
Almenares González es miembro del movimiento Opositores por una Nueva República y cumple siete años de condena por el presunto delito de desacato a la figura de Miguel Díaz-Canel.
Texto de la Carta:
“Yo: Yuri Almenares González, conocido en redes sociales como Caimana de Georgia, delegado del Movimiento Opositores Por Una Nueva República, acuso desde el Combinado del Este, Edificio #1, el constante acoso, represión, tortura psicológica y, sobre todo, la constante discriminación homofobia por mi preferencia sexual (soy gay) y por mi ideología en contra de toda esta mafia esbirra, neonazis asesina dictatorial comunista cubana.
El jefe del Edificio #1 Mayor Leonelvis Hardy Baró, el Segundo Mayor Aliosky Kindelán Carrión, el Jefe de Tratamiento Educativo Yorgenis Vicet Robert, el Jefe de Orden Interior Edislaydis Castillo Gaínza y el Segundo de Orden Interior conocido como Roger, todos en complot con el Teniente Coronel Pedro de Sección 21 y su cúpula de mafiosos manipuladores están usando a los internos (reclusos) comunes hasta manifestantes del 11, 12/07/2021 a qué que me discriminen, me den golpes y no lo seguiré tolerando.
Sin contar que el Primer Teniente Reeducador del 1ro Sur, llamado Sergio quien el 9 de agosto me dio golpes todo porque yo estaba plantado llevando ya 16 días y no recibía asistencia médica. Cómo premio por golpearme fue promovido a jefe de Cátedra de Tratamiento Educativo.
El pasado 4 de julio de 2023 el Segundo del Orden Interior Roger me cayó a golpes también por andar un pullover blanco escrito con Happy 4 of July - U.S.A, suficiente para madurarme a golpes ya nada les pasa.
Así es está mafia asesina que todos se tapan uno a otros, ellos golpeándome y yo esposado les gritaba asesinos, esbirros, mafiosos, corruptos, abajo el comunismo, abajo la corrupción de ustedes asesinos. ¡Patria y Vida! ¡Libertad!, mientras yo más les gritaba más duro me daban, al punto de que ahora son los presos los enviados a golpearme, el 3 de septiembre de 2023 un lanchero llamado Michel Pacheco me golpeó la cara y respondí al golpe, por ese mafioso de Roger, fui llevado a celda de castigo 1114 la cual estaban las paredes llenas de excremento siendo así obligado por 4 días a estar en huelga de hambre ya que en esas condiciones no se podía comer ese sancocho mal elaborado por estos ladrones vestidos de verde olivo”.
Amenazas y castigos en Kilo 8
Jiordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, explicó el acoso y las amenazas que enfrentan dos presos políticos en la prisión Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, ya advertidos de que serán castigados por denunciar todo lo que ocurre allí.
Se trata de Reinier Calderín Socarras, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) con tres años de condena por los delitos de atentado y desacato, y Alieski Calderín Acosta, que cumple 20 años de prisión por el delito de sabotaje.
“Continúan en aumento los mecanismos de represión a los prisioneros políticos cubanos que permanecen injustamente recluidos en las tenebrosas cárceles de la dictadura comunista en la provincia de Camagüey.
Según informaron vía telefónica los prisioneros políticos Reinier Calderín Socarras y Alieski Calderín Acosta, en la prisión especial de máxima seguridad de kilo 8, ambos prisioneros han sido amenazados de ser enviados para celdas de castigo por tiempo indefinido si continúan denunciando los abusos que los militares comenten contra los reos políticos y comunes”, advirtió Jiordan.
Y en conversación con el coordinador de UNPACU en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, también en la capital agramontina, la señora Sonia Ramírez Acevedo, llama la atención sobre el caso de su esposo, preso por un delito común, el presunto robo de una bicicleta, al que aún no se le han presentado cargos y sufre de un cáncer en fase terminal de vejiga, inicialmente recluido en el penal Cerámica Roja y actualmente en la sala de penados del hospital provincial Amalia Simoni, y aún no le han dado un cambio de medida.
“Estamos hablando de Pedro Pablo García Reyes de 56 años, no ha sido sancionado por tribunal alguno todavía, esta con cáncer de vejiga en fase terminal, incluso tiene la vejiga fuera de su lugar, fuera del cuerpo.
Lo llevaron para la sala I del hospital Amalia Simoni Argilagos, aquí en la ciudad de Camagüey, Sonia lo que quiere es que espere el juicio por ese delito en su casa para ella poderlo atender”, explicó Fernando.
Así lo señaló Ramírez Acevedo.
“Que le hagan un cambio de medida para que el poco tiempo que le queda de vida, no muera ahí en ese lugar, aunque sea esté en la casa con condiciones porque allí no tiene ninguna”, aseguró la esposa del reo.
Abogado demandó al Parlamento de Cuba por postergar Ley de Manifestación y fue detenido poco después
El abogado de Cubalex Julio Ferrer Tamayo interpuso una demanda el miércoles contra la Asamblea Nacional del Poder Popular en exigencia de que sea aprobada una Ley de Manifestación en Cuba y el viernes fue detenido temporalmente.
El jurista independiente estuvo arrestado durante media hora en la estación policial de las calles Infanta y Manglar, en La Habana y ofreció a Martí Noticias detalles de lo ocurrido.
“Mi propósito es materializar el dicho de las autoridades, sobre todo de las máximas autoridades, del presidente de la Asamblea Nacional, del presidente de la República, que incluso ahora anda por allá por las Naciones Unidas y defiende que Cuba es un Estado de derecho en el que se respetan y se le garantiza a los ciudadanos el ejercicio de todos los derechos humanos, cuando no es así”, explicó Ferrer a Martí Noticias.
“A mí no me sorprende. Desde el proyecto de Constitución vaticiné que la Constitución- como estaba hecha en forma de declaración- no tenía por sí manera de ejercitarse, de aplicarse, necesitaba de leyes específicas y leyes que desarrollaran sus preceptos, pero que ahí era donde estaba el rejuego de las autoridades: a través de las leyes de desarrollo, restringen el derecho que está en la Constitución. Esto han pretendido hacerlo, como ha sido práctica judicial en el país, a través de la Ley del Derecho a la Manifestación y la Protesta Pacífica y en el cronograma inicial, ellos previeron un decreto ley que debía haber sido aprobado en septiembre del 2020, para implementar cómo deben realizarse las protestas, en qué lugar, todas las condiciones de ese ejercicio (…) Siempre supuse que esa ley no se iba a aprobar”, agregó el abogado.
“Las autoridades aquí, ya por una cuestión, no sé , ancestral, no permiten nada, nadie que que les reclame, entonces dan derecho a petición, atención a la población, pero una ley que implemente todo eso es casi impensable. Entonces, llegado a ese momento en que debía ser aprobado ese decreto, no lo hicieron. Después, justificaron con el problema de la pandemia, bueno, ya la pandemia pasó, le hicimos una petición a la Asamblea de que por favor implementaran esa ley, que evitaría un sin número de procesos penales que se llevan a cabo, incluidos muchos de los que están en el 11J, que están siendo juzgados incluso por delitos que requieren para su integración la existencia de esa ley, de esas disposiciones", precisó.
"Entonces, hicimos ese pedido a la Asamblea y nos respondió, que por su dinámica, esa ley no estaba prevista y que si nosotros pretendíamos hiciéramos uso de la iniciativa legislativa ciudadana que requiere para eso, como mínimo 10.000 ciudadanos con la condición de electores", explicó.
"Te aconsejan ejercer un derecho y después obstaculizan ese derecho, entonces si es así, la Asamblea, por supuesto, las autoridades electorales registrales, están violando ese derecho (...) Entonces no queda otra que demandar a esas autoridades que están incumpliendo con el deber de la asamblea de aprobar las leyes que desarrollan los preceptos constitucionales, sobre todo los derechos fundamentales de los ciudadanos", agregó.
La directora de Cubalex, Laritza Diversent, declaró a ADN Cuba que "a las estructuras del MININT les molesta que Julio utilice el propio sistema legal para denunciar las violaciones del debido proceso, la inefectividad de los recursos de amparo. Ahora lo detienen y le dicen que van a seguir violando la legislación aunque él siga con sus denuncias".
Diversent añadió que, aunque el arresto fue de corta duración, "en sí mismo es una amenaza contra su trabajo como defensor de los derechos humanos. Nos preocupa su situación; ha estado dos veces privado de libertad por su labor (2015 y 2016). Es un ex preso político y reconocemos que activar los procedimientos legales en la forma en que lo ha hecho Julio durante este tiempo implica riesgos y esta detención es una prueba de ello".
[Con entrevista del periodista Tomás Cardoso para el programa Cuba al Día]
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