CARACAS - Con casi 41 semanas de embarazo, Rosiangel Jiménez*, de 26 años, no sabía dónde daría a luz. Peregrinó por cinco hospitales públicos en Caracas, incluida la mayor maternidad de Venezuela. En todos ellos le pidieron una lista de materiales e insumos médicos que no tenía cómo costear. Conseguirlos tampoco sería una garantía total de atención.

Jiménez es madre soltera y desempleada. A duras penas pudo pagar los exámenes de control mensuales que rondaban los 60 dólares.

En los hospitales a los que se acercó en busca de atención médica le proporcionaron una amplia lista de insumos que debía aportar, dado que no existen en los inventarios de estos centros asistenciales: sábanas, batas, gasas, inyectadoras, guantes, adhesivos, anestesia, agua oxigenada, compresas y soluciones. Estos insumos cuestan entre 40o y 800 dólares.

“He visitado varios hospitales y me han dicho que la lista (de espera) es larga, que así yo lleve los insumos, lleve los materiales, lleve la plata, igualito tengo que esperar”, relata a la Voz de América desde la casa de una vecina en La Vega, un barrio pobre en Caracas.

“Será llegar con el bebé casi afuera para que me puedan atender”, afirma.

Mortalidad materna

En Venezuela la tasa de mortalidad materna aumentó 182,8 % en los últimos 20 años, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas publicado el pasado 23 de febrero. En 2020 se registraron 259 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos contra 92 en 2000.

El ministerio de Salud del país no publica cifras oficiales desde 2016, cuando contabilizó 756 muertes maternas en 2016, 66 % más que el año anterior (456). Este último boletín epidemiológico le costó el puesto a la ministra de entonces.

El sistema hospitalario público está colapsado desde hace más de una década.

El gobierno responsabiliza constantemente de la crisis a las sanciones internacionales, en vigor desde 2019, aunque expertos aseguran que el colapso comenzó mucho antes.

En enero, el desabastecimiento de insumos en los quirófanos de los hospitales públicos alcanzó el 72 %, según un informe elaborado por la ONG Médicos por la Salud.

“Si tú no tienes una palanca (influencia), a usted no lo atienden”, asegura Jiménez, al tiempo que confiesa que siente “pavor”.

En 2020 Jiménez perdió a una bebé de siete meses.

“Se me murió dentro de la barriga por una subida de tensión (...) Me hicieron parir a la bebé muerta. Me trataron como que si por mi culpa la bebé se había muerto. Fue horrible”, dijo.

“Te sientes indefensa (...) uno entra a parir, pero no sabes cómo vayas a salir. Somos seres humanos, no somos unos animales”, agregó.

“Me encontraron una gasa en la herida días después”

A Doralys Carrillo, 20 años, le encontraron una gasa dentro de la vagina 15 días después de haber dado a luz en la Maternidad Concepción Palacios, la mayor de Venezuela, dijo por teléfono a la Voz de América.

Con dolor agudo y mucho malestar, supo que algo no estaba bien. “Sentía algo raro en mi parte íntima. Entonces, llamé a mi tío, que es doctor, él me chequea y me dice que los puntos se me habían ido todos, que tenía una gasa ahí adentro. La gasa ya tenía un color verde y olía horrible, olía espantoso”, contó.

“Me llevaron a la maternidad, me pidieron disculpas y me dieron antibióticos”, dijo.

Han pasado cinco meses de la sutura y Carillo todavía siente dolor.

Además, recuerda que su experiencia durante el parto en la maternidad “no fue la mejor”.

“Cuando llegué me mandaron a bañarme, el baño no tenía luz, no había agua en la llave, el pote tenía el agua muy sucia y me dejaron sola en el baño. Cuando yo salgo a agarrar mis cosas para vestirme, me empiezo a sentir mal, me mareo y me desmayo. Me pego en la cabeza y otras madres que estaban ahí empezaron a llamar a la enfermera, y al rato me despierto, sigo en el piso, me siento y al rato llegan las enfermeras. Cuando me paro, todo el piso está lleno de sangre. Me mandan a sentarme, me limpian las piernas y me mandan a vestirme”, contó.

“Al rato me trajeron a mi bebé. Estaba toda llena de popó (heces) de la cabeza hasta los pies. Me la entregaron en un papel blanco. Estaba lleno de popó”, agregó.

Parto humanizado

En 2017, el presidente Nicolás Maduro lanzó el plan "Parto Humanizado", que busca guiar a las embarazadas en torno a los cuidados que ameritan antes y después del nacimiento.

La ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), que trabaja en Venezuela desde el 2015 en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar y Delta Amacuro, colabora con el gobierno.

En Anzoátegui, desde 2022 la organización y el personal médico local han atendido a casi 380 mujeres.

“Además de ser un proyecto que tiene el objetivo de robustecer la estructura de salud y promover el respeto a los derechos internacionales en cuanto al cuidado materno respetuoso, este proyecto resalta el trabajo conjunto con el personal local de los centros de salud para identificar si las necesidades de las mujeres que acuden al hospital son respondidas, fortaleciendo así la calidad de atención brindada a los pacientes”, explicó Richard Ferreira, coordinador médico de MSF en el estado Anzoátegui, en nota de prensa.

*La bebé de Rosangelis Jiménez nació por cesárea esta semana. Fue asistida después que una conocida de una vecina le facilitara el acceso en un hospital de Caracas. La niña y ella están bien.

Estados Unidos anunció en la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida, que tuvo lugar este 16 y 17 de marzo de 2023 en Bruselas, más de USD 140 millones en asistencia humanitaria adicional y más de USD 31 millones en asistencia para el desarrollo que contribuirán a la respuesta a la crisis regional de Venezuela.

A continuación en comunicado de Departamento de Estado de Estados Unidos:

Estados Unidos es el mayor donante individual a la respuesta humanitaria ante la crisis regional de Venezuela, y presta asistencia que apoya a refugiados, solicitantes de asilo y otras poblaciones vulnerables afectadas. Más de 7,7 millones de personas dentro de Venezuela precisan asistencia humanitaria inmediata y más de 6 millones de venezolanos han sido desplazados a 17 países de la región desde 2015.

Durante la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida que tuvo lugar en 2023 en Burselas, la Embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunció más de USD 140 millones en asistencia humanitaria adicional y más de USD 31 millones en asistencia para el desarrollo que contribuirán a la respuesta a la crisis regional de Venezuela. Esta asistencia incluye más de USD 56 millones a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado y más de USD 115 millones a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID). Con esto, el total de la asistencia estadounidense asciende a más de USD 2.800 millones desde 2017, incluidos más de USD 2.500 millones en asistencia humanitaria y USD 387 millones en asistencia para el desarrollo.

Esta asistencia por parte del pueblo estadounidense cumple con el compromiso asumido en la Declaración de Los Ángeles de apoyar a los países que albergan a grandes poblaciones de migrantes y refugiados en situación de desplazamiento. Ayuda a atender las necesidades acuciantes de los venezolanos más vulnerables.

• A través de esta asistencia, Estados Unidos da apoyo a una amplia variedad de programas humanitarios y de desarrollo que son vitales y que están destinados a los venezolanos y a las comunidades que los reciben, como asistencia alimentaria; albergue de emergencia; acceso a la atención de la salud, incluido apoyo psicosocial; agua, saneamiento e insumos de higiene; apoyo a medios de subsistencia y protección de grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes, personas LGBTQI+ y personas indígenas. Nuestra asistencia también contempla apoyo para la integración destinado a las comunidades de la región que acogen generosamente a refugiados y migrantes venezolanos. Complementa los esfuerzos de las comunidades receptoras en 17 países que han ayudado generosamente a venezolanos vulnerables, a saber: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
• La asistencia humanitaria de USAID dentro de Venezuela contribuye a una respuesta multisectorial y brinda asistencia alimentaria y nutricional, atención de la salud y acceso a insumos sanitarios básicos, agua y de higiene, y programas de protección que se precisan con urgencia.
• La asistencia humanitaria de USAID en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú aporta a la asistencia alimentaria, que incluye comidas calientes, transferencias de efectivo y vales de alimentos para migrantes y refugiados venezolanos y las comunidades de acogida.
• La Oficina de PRM financia a organizaciones internacionales y ONG socias en América Latina y el Caribe para prestar asistencia crítica, como acceso a servicios de salud, educación, albergue y servicios de protección, incluidos espacios adaptados para niños, apoyo psicosocial y para la salud mental basados en la comunidad, prevención y gestión de casos de violencia de género y asistencia legal a refugiados y migrantes venezolanos.
• La asistencia humanitaria de la Oficina de PRM y la asistencia para el desarrollo de USAID apoyan el proceso de regularización establecido por Colombia para los ciudadanos venezolanos, con más de 1,6 millones de solicitudes aprobadas hasta la fecha.
• La asistencia para el desarrollo de USAID facilitará la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos en Colombia y Ecuador.
• La asistencia para el desarrollo de USAID seguirá asistiendo a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación independientes y otros actores democráticos para que puedan seguir atendiendo a quienes permanecen en Venezuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el martes por tres meses una licencia que protege al refinador Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, de los acreedores que intentan embargar activos para cobrar deudas impagas.

"Las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo en relación con el bono PDVSA 2020 de 8,5 % están prohibidas, a menos que estén específicamente autorizadas por la OFAC", informó la oficina en su página web.

La OFAC también dijo que en caso de cualquier acuerdo sobre propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del bono PDVSA 2020, se pueden aplicar requisitos de licencia adicionales.

"La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de licencia favorable hacia dicho acuerdo", agregó.