En Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, respondió a una pregunta sobre advertencias de Naciones Unidas en torno a la escasez de combustible y electricidad en Cuba. Su respuesta fue frontal: si la isla es un desastre humanitario, lo es porque su gobierno y su modelo económico no funcionan, no porque Washington impida la entrada de ayuda. Recalcó que Estados Unidos ha ofrecido 100 millones de dólares en asistencia humanitaria y que “nadie está impidiendo que esa ayuda entre”.
El intercambio, en plena gira regional del jefe de la diplomacia estadounidense, y en un momento de apagones prolongados y crisis multisistémica en la isla, reabrió un debate que suele quedar obnubilado por la retórica del “bloqueo”: cuánta comida, efectivo, medicinas y equipos de energía llegan de hecho desde territorio estadounidense al pueblo cubano.
Los apagones no empezaron el 3 de enero
La pregunta a Rubio hace tabula rasa de lo que sucedía antes de las órdenes ejecutivas dictadas en 2026 por Trump sobre Cuba. El país caribeño arrastra décadas de colapso eléctrico, caída de la producción agropecuaria e importación de entre el 70 y el 80 por ciento de los alimentos que consume. El propio Rubio atribuyó el deterioro energético al fin del petróleo venezolano regalado y a décadas de desinversión, y recordó que los apagones existían incluso cuando La Habana revendía el 60 % del crudo que recibía de Venezuela. Frente a esa narrativa, el gobierno cubano cifra en más de 8.000 millones de dólares los perjuicios anuales del embargo. Lo que rara vez entra en esa ecuación es el mapa concreto de los canales legales, comerciales y familiares que, pese a las sanciones, mantienen un puente material de ayuda entre Estados Unidos y la isla.
La pieza más visible de la ayuda oficial de EEUU es el paquete de 100 millones de dólares anunciado por Washington para alimentos, artículos de higiene y otros suministros, canalizado fuera de las arcas estatales. Unos 60 millones se gestionan a través de la Iglesia católica y Cáritas Cuba; los 40 restantes, por otras organizaciones independientes.
En julio de 2026 salió de Miami el primer vuelo de ese programa, con módulos de comida e higiene para cientos de familias. En septiembre, Cáritas comenzó a recibir cargamentos en Santa Clara para distribuirlos en las localidades de Rancho Veloz y Quemado de Güines.
Antes, en enero, ya habían llegado envíos por el huracán Melissa, valorados en unos 3 millones de dólares, también por vías eclesiásticas. Rubio insiste en que el régimen no impide esa entrada; La Habana, a su vez, aceptó la distribución siempre que no pase por canales que considere políticos.
Alimentos y medicinas no deben ser armas
Esa asistencia extraordinaria se suma a un régimen legal mucho más antiguo y menos publicitado: la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act (Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Fomento de las Exportaciones) de 2000, conocida como TSRA o TSREEA. La ley, firmada por Bill Clinton, autorizó la venta comercial directa de alimentos y productos agrícolas estadounidenses a Cuba, a cambio de condiciones exigidas por los congresistas cubanoamericanos Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart como el pago en efectivo por adelantado o financiamiento de terceros países, y sin crédito estadounidense.
(TSRA también autorizó la venta de medicamentos, insumos y equipos médicos, pero estos siguen regulados por la Cuban Democracy Act, o Ley Torricelli de 1992, que requiere estudiar las licencias caso por caso y que se pueda verificar que el producto se usará para el fin declarado, no para torturas o abusos, ni para uso biotecnológico o para reexportarlo, y solo en beneficio del pueblo cubano. Esa verificación no se aplica a las donaciones humanitarias de medicinas a Organizaciones No Gubernamentales)
Antes del paso del huracán Michelle por Cuba en noviembre de 2001 Fidel Castro había dicho que no compraría “ni un gramo de arroz ni una aspirina” a EE.UU. mientras existieran las restricciones del embargo (en especial la prohibición de financiamiento). Pero después de Michelle propuso, “por una sola vez y con carácter excepcional”, comprar alimentos y medicinas al contado para reponer reservas.
En la práctica, desde diciembre de 2001 Cuba compra pollo, cerdo, arroz, lácteos, huevos y otros rubros en Estados Unidos. No es “ayuda” en sentido estricto: es comercio legal al amparo de una excepción expresa al embargo, pero subrayó un consenso acerca de que la comida y las medicinas no deberían ser instrumentos de la política exterior.
Los números del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba (USCTEC por sus siglas en inglés) la fuente más citada desde la década del 2000 sobre las ventas de alimentos a la isla, desmienten el “por una sola vez” de Castro. Las exportaciones agroalimentarias autorizadas por la TSRA superaron los 8.000 millones de dólares acumulados desde 2001. En 2025 alcanzaron unos 490,1 millones, el tercer mayor valor anual desde que empezaron los envíos. El pollo congelado —cuartos de pierna, muslos, carne— suele concentrar más de la mitad de la factura. En 2025, solo las aves y derivados rondaron los 298 millones de dólares. En mayo de 2026 las ventas agroalimentarias mensuales subieron 13,2 por ciento interanual, hasta 42,19 millones e incluyeron huevos frescos y azúcar de caña.
El comercio total, no solo el agrícola, se ha disparado. Según datos del Census Bureau recopilados por el propio USCTEC y por medios independientes, entre enero y julio de 2026 ─dentro del marco del endurecimiento de las sanciones─ Estados Unidos exportó a Cuba mercancías por unos 674 millones de dólares, un 61,8 por ciento más que en el mismo período de 2025. Julio solo registró 148,9 millones, un récord mensual.
Además de comida, entran combustibles autorizados para el sector privado, vehículos, motocicletas, paneles solares y electrodomésticos. Sucede que estas ventas fueron autorizadas desde 2022 por el BIS (Bureau of Industry and Security). Una parte creciente de las importaciones cubanas ya no pasa solo por Alimport, el monopolio estatal de compras, sino por mipymes cubanas (micro, pequeñas y medianas empresas) abastecidas desde Miami, Hialeah y Doral.
MIPYMES: alimentos caros, pero no tanto como en el planeta GAESA
Ese cambio de destinatario es decisivo. Desde que La Habana autorizó las mipymes, empresas del sur de la Florida exportan no solo pollo a granel para el Estado, sino café tostado, jugos, pastas, aceite, yogurt, huevos, ropa, piezas eléctricas y hasta vehículos para el mercado privado.
El USCTEC estima que las exportaciones destinadas al sector privado reemergente superan ya cientos de millones acumulados, con un salto fuerte en automóviles desde 2022.
En las redes, cubanos publican fotos de paquetes de pollo, huevos y arroz “Made in USA”, en mostradores de mipymes, a precios en moneda convertible o pesos inflados. El mismo producto que Washington vende legalmente aparece en la esquina mientras el discurso oficial habla de asfixia total.
La codicia de GAESA
Ese mismo pollo estadounidense que entra por la excepción del 2000 no llega a la mesa al mismo precio según quién lo venda. Comparaciones del economista Omar Everleny Pérez Villanueva en La Habana mostraron que las mipymes privadas, tan denunciadas por “precios abusivos”, cobraban menos que las tiendas del conglomerado militar GAESA: el cerdo estatal llegó a estar 182 por ciento más caro y el pollo, 269 por ciento. Aceite, leche en polvo y salsa de tomate también salían más baratos en el mostrador privado.
La explicación no es altruismo: las tiendas de CIMEX y TRD, bajo el paraguas de GAESA, aplican márgenes del 240 e incluso del 360 por ciento sobre el costo. El Estado sataniza a las mipymes y, a la vez, usa sus propias tiendas en divisas para aplicar markups astronómicos e impagables parala mayoría de los cubanos.
Food Monitor Program llevó el asunto ante el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación: GAESA monopoliza importaciones y distribución, “plataformizó” el acceso a la comida para extraer dólares de la diáspora y convirtió un derecho básico en fuente de divisas, y eso, mientras el 96 por ciento de los cubanos perdía capacidad de compra y la producción nacional caía un 67 por ciento en cinco años. Quien no recibe remesas queda fuera de ambos circuitos: ni la mipyme en pesos inflados ni la tienda militar en dólares.
El llamado de la sangre
Paralelo al comercio corre ese flujo más íntimo: las remesas. Estimaciones del Inter-American Dialogue situaron las transferencias a Cuba en cerca de 2.500 millones de dólares en 2023. Otras evaluaciones posteriores hablan de un rango de 1.200 a 3.000 millones anuales, con alrededor del 90 por ciento originado en Estados Unidos.
En Miami, encuestas citadas por elTOQUE indican envíos promedio de unos 2.165 dólares al año por inmigrante, entre efectivo, recargas telefónicas y de datos móviles y combos de bienes en especie. En un estudio de derechos sociales de 2026 el Observatorio Cubano de Derechos Humanos halló que el 37 por ciento de los hogares recibe remesas, repartidas entre paquetes de comida o medicinas, recargas y efectivo. Western Union ha abierto y cerrado el grifo según las sanciones a intermediarios cubanos vinculados a GAESA como Fincimex y luego Orbit, lo que empujó el dinero hacia mulas, criptomonedas y terceros países.
El efectivo no viaja solo. Los envíos familiares en especie —maletas, “mulas”, agencias de paquetería de Hialeah— llevan arroz, aceite, leche en polvo, pañales, medicamentos y, cada vez más, tecnología de supervivencia energética. Las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería, OFAC, autorizan donaciones de alimentos a individuos y ONG, siempre que no sean funcionarios del Gobierno o el Partido Comunista de Cuba ni sus familiares directos. En la práctica, el corredor Miami-La Habana funciona como un supermercado informal a distancia. Las donaciones humanitarias formales también aparecen en las estadísticas del USCTEC: en diciembre de 2025 se reportaron más de 16 millones de dólares en un solo mes y unos 147 millones en todo 2025, cifras que incluyen envíos autorizados no comerciales.
Del lado cubano, se han ido ampliando franquicias arancelarias, precisamente porque esos envíos son insustituibles. La Resolución 9/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en enero y vigente desde febrero, permite importar sin carácter comercial y sin impuesto aduanero, alimentos, artículos de aseo, medicamentos e insumos médicos en el equipaje acompañado, sin límite de valor.
“Mi’jo, tírame un salve con un EcoFlow”
La crisis eléctrica ha reconvertido el paquete familiar. En Florida, dueños de agencias de envíos llenan contenedores con 40 o 50 baterías portátiles. Las estaciones EcoFlow —River 2, Delta 2, Delta Pro— se venden en tiendas online pensadas para Cuba, con entrega marítima de 20 a 35 días e impuestos incluidos. Un Delta 2 de 1.024 Wh, suficiente para nevera pequeña, ventiladores y luces, se oferta cerca de los 777 a 850 dólares puestos en la isla. Hay versiones de 120 voltios y 60 hertzios, las adecuadas para el sistema cubano. Junto a ellas viajan ventiladores recargables de 12 y 18 pulgadas, algunos con panel solar, linternas y plantas solares de campamento.
Ese mercado de la resiliencia no aparece en los discursos de la ONU ni en ruedas de prensa en Barranquilla, pero define la vida cotidiana. Mientras Rubio resalta los generosos 100 millones donados a los cubanos, y La Habana se rasga las vestiduras reclamando supuestos 8.000 millones en pérdidas anuales debidas al “bloqueo”, las familias pagan de su bolsillo el pollo de Georgia, la EcoFlow comprada en oferta y el ventilador que llega en un contenedor desde el puerto de Miami.
Nada de esto resuelve la crisis estructural. Las remesas se encarecen cuando los canales formales cierran; el comercio TSRA exige efectivo y no financiar al Estado totalitario; la ayuda de 100 millones, si bien importante, es un parche frente a una policrisis que incluye un sistema eléctrico destruido y una agricultura que no produce. Pero el mapa es inequívoco: desde 2001 hay una excepción legal al embargo para alimentos y medicinas; desde hace años hay un enjambre de empresas floridanas vendiendo a mipymes e Cuba; hay remesas, maletas, Cáritas, paneles y baterías.
Preguntarle a Rubio en Colombia si hay crisis humanitaria en la isla es pertinente. Pero culpar a Estados Unidos es ignorar la historia del puente material y espiritual entre ambos países. Aunque no lo construyó, desde hace décadas Washington lo ha valorado y ha promovido la ayuda humanitaria y los contactos con el pueblo cubano ─si bien a veces equivocadamente─ como un segundo carril de su política hacia Cuba. No obstante, los pilares más sólidos que sostienen ese puente son, cada semana, facturas de pollo, giros familiares y cajas que dicen “EcoFlow”.
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