El régimen cubano hizo público el martes un decreto ley que define por primera vez el régimen jurídico para establecer asociaciones entre las empresas estatales y entidades privadas, en un amague de apertura económica que mantiene el control sobre sectores clave.
"En medio de la crisis humanitaria que está golpeando en este momento a la economía cubana como consecuencia de la incompetencia de su gestores, al régimen no se le ocurre otra cosa que desempolvar del cajón un viejo decreto que ya tenían escrito desde hace tiempo, para anunciar que a partir de ahora se podrán firmar acuerdos entre entidades empresariales estatales y las llamadas Mipymes", dijo a Martí Noticias el economista cubano residente en España, Elías Amor Bravo.
El Decreto-Ley 114/2025, publicado en la Gaceta Oficial, es un mecanismo de desestatización “domesticada” que combina la “satelización” de partes del sector estatal con una “graduación oblicua” de MIPYMES privadas, señaló, por su parte, el también economista cubano Pedro Monreal.
La nueva regulación establece a la conformación de sociedades mixtas de responsabilidad limitada, la adquisición de participaciones, fusiones por absorción y la formalización de contratos de asociación económica.
"Partes de empresas estatales se "sueltan" para aprovechar sinergias ventajosas con capital privado nacional para afianzar la subordinación estatal del empresariado privado mediante un nuevo menú de opciones: nuevas entidades, adquisición, absorción y contratos de asociación", explicó Monreal.
En opinión de Amor Bravo, el régimen autoriza estos acuerdos porque está desesperado y necesita encontrar una fórmula que permita mejorar la situación económica. "En condiciones normales no harían esto, porque no se desarrolló en la famosa conceptualización del año 2020 y habían olvidado completamente este tipo de iniciativas", subrayó.
Una "victoria agridulce" del sector privado
Monreal, que ha cuestionado la credibilidad de la convocatoria realizada recientemente por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a transformar el modelo económico, subrayó que el aspecto clave en la nueva medida es el control estatal.
Si se aplica a un empresariado privado, que es "forzado a utilizar un formato de Mipymes, sin opción para pasar a ser una empresa grande", la medida ofrece a las micro, pequeñas y medianas empresas una alternativa de "graduación oblicua hacia una mayor escala", apuntó.
El economista opinó que esta "transformación", a la que parece abocarse con brío el estado cubano, "mediante la adopción de cálculo económico con precios de mercado y expansión privada debería haber sido implementada por el gobierno desde hace tiempo".
Según Amor Bravo, este decreto ley se podría ver como una "victoria agridulce" de la empresa privada en Cuba, "porque va conquistando pequeñas parcelas de poder frente a un estado comunista que, sin embargo, se resiste a renunciar a sus amplias y férreas competencias para interferir en la economía".
De manera complementaria, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) dio a conocer la Resolución 8/2026, que establece el procedimiento para evaluar y aprobar estas asociaciones.
Según las autoridades, el objetivo de estas nuevas regulaciones, que surgen en un contexto de profunda crisis económica. es dinamizar los encadenamientos productivos y aprovechar las capacidades del sistema empresarial cubano.
Amor Bravo destaca que el Decreto Ley 114 tiene un sustrato jurídico importante, ya que se basa en el artículo 22 de la Constitución de la República, en donde aparecen las distintas formas de propiedad dentro del régimen cubano, y en el Decreto Ley 34, aprobado en el año 2021, y que permite que al sistema empresarial estatal se unan sujetos no estatales.
"En todo caso, estamos ante un decreto ley que no es novedoso, que lo que viene a plantear son fórmulas que ya estaban, en cierto modo, funcionando dentro de la isla de una forma oscura, no transparente", dijo el experto.
El Decreto Ley 114, firmado el 10 de diciembre de 2025 por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández, establece cuatro vías para materializar estas asociaciones entre estatales y privados:
- La primera consiste en la creación de sociedades de responsabilidad limitada mixtas mediante aportes de bienes, derechos o patrimonios de entidades estatales y actores privados.
- La segunda vía contempla la adquisición de participaciones por parte de empresas estatales en sociedades de responsabilidad limitada ya existentes en el sector privado.
- La tercera modalidad permite la fusión por absorción, a través de la cual una sociedad anónima de capital cien por ciento cubano o una S.R.L. estatal puede absorber a una S.R.L. privada.
- La cuarta, corresponde a los contratos de asociación económica, que no generan una nueva persona jurídica, pero sí establecen un marco de colaboración con un fondo común y distribución de utilidades.
De acuerdo con la resolución, podrán ser parte de estas asociaciones las empresas estatales, las sociedades de responsabilidad limitada estatales, las sociedades anónimas de capital totalmente cubano y unidades presupuestadas con tratamiento especial, que a efectos legales se consideran entidades estatales.
Mientras que, por parte del sector privado, podrán participar las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, y las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias. La publicación oficial aclara que quedan excluidas las personas naturales que ejercen actividades mercantiles, lo que limita el alcance de la norma a actores con personalidad jurídica formal.
Amor Bravo apunta que la normativa, no importa cuál sea la modalidad elegida, da una clara ventaja a las entidades estatales sobre las privadas.
"Todos los instrumentos que hay en el decreto ley otorgan una ventaja a la empresa estatal en todos los procesos, y, por tanto, se puede afirmar que se trata de un instrumental injusto, que va a tratar de manera desigual y negativa a las Mipymes cuando se planteen apostar por ese tipo de asociaciones", afirmó.
Capital, cierta autonomía y muchos límites
La resolución establece que las sociedades de responsabilidad limitada mixtas no estarán sujetas a un capital mínimo obligatorio, pero su capital deberá desembolsarse por completo al momento de la constitución.
Aunque, según la medida, estas sociedades tendrán autonomía para exportar e importar directamente y abrir cuentas bancarias en divisas, necesitarán para ello de la autorización del Ministerio de Finanzas y Precios.
Además, la norma excluye a sectores ampliamente impactados por la crisis como los servicios de salud y educación, mientras permite aquellas vinculadas con los sistemas empresariales de las intituciones militares.
Amor Bravo señaló que la norma incluye aspectos fundamentales, pero de manera muy general e, incluso, poco ambiciosa, y todo ello dentro de la ortodoxia marxista del régimen.
"Un aspecto que quiero destacar es que se trata de una norma marcadamente intervencionista, porque la aprobación de cualquier proyecto de sociedad de responsabilidad limitada, o de contrato de asociación, o de todas las operaciones que aparecen en el decreto ley, han de pasar por la autorización del ministerio de economía y Planificación. Es decir, hay una decisión política antes de la decisión de carácter administrativo".
Tanto el Decreto-Ley 114/2025 como la Resolución 8/2026 entrarán en vigor el próximo 2 de abril de 2026, 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
La semana pasada, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que el sistema vigente en Cuba "no funciona" y que el país solo prosperará con un cambio económico profundo.
Rubio afirmó que las sanciones de EEUU no son la causa de la crisis, sino la incompetencia del gobierno y el control militar sobre sectores clave. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el sector privado cubano es muy pequeño e instó al régimen a abrirlo para mejorar la calidad de vida de la población.
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