La Asamblea Municipal de Cienfuegos rechazó por segunda vez firmar la recepción de la petición de Ley de Amnistía que se había entregado el 6 de febrero en el Parlamento cubano para que iniciara el trámite legislativo de aprobar una ley con ese fin.
“Me dirigí, por segunda vez consecutiva, a la Asamblea Municipal del Gobierno aquí en Cienfuegos para intentar entregar la solicitud ciudadana por la amnistía de los presos políticos y, nuevamente, me fue denegada la posibilidad de entregar dicho documento”, relató la socióloga Helen Ochoa.
El 11 de marzo, el activista Raúl González presentó el reclamo ante la oficina de Atención a la Ciudadanía de la asamblea de Cienfuegos. Allí, el documento fue firmado por una empleada, pero no por los funcionarios designados. Esto ocurrió un día antes de que Ochoa intentara que la vicepresidenta del Poder Popular admitiera la solicitud.
“En esta ocasión me recibió el jefe de despacho del presidente, quien comunicó que el presidente se negaba a recibirme y a recibir el documento, alegando que ellos no tienen nada que ver con eso, que me dirigiera al partido en la provincia porque eso era un problema político y ellos no tramitaban problemas políticos. Yo le contesté que yo no tenía que ir al partido porque el partido no era la institución que me representaba a mí, que a mí me representa como ciudadana la Asamblea Municipal y que yo tenía todo mi derecho a presentar dicha petición. Su respuesta, negación rotunda”, explicó.
Aunque las Asambleas Municipales del Poder Popular no son órganos legislativos, la campaña promueve la entrega del documento en esas instancias para así lograr una mayor divulgación entre los diputados de base que tributan a través de ellas.
La petición ¡Amnistía Ya! busca la liberación incondicional de más de 1,000 presos políticos y poner fin a la criminalización de la disidencia.
Igualmente pretende que se extinga la responsabilidad penal y las penas impuestas y que se eliminen las inhabilitaciones y los antecedentes penales derivados de dichos procesos.
Impulsada por figuras de la sociedad civil, la demanda retoma esfuerzos previos de 2024 que fueron desestimados.
Se ampara en el derecho reconocido en la Constitución cubana, que permite a los ciudadanos proponer cambios legislativos directamente al Parlamento, ha sido presentada en Centro Habana, Diez de Octubre, Habana Vieja, y en las cabeceras municipales de Matanzas y Camagüey.
Transcurridos los 30 días, plazo legal establecido para la respuesta, los impulsores de la iniciativa podrán exigir recursos adicionales por parte de las autoridades parlamentarias.
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