Cuba
Las avionetas civiles derribadas por cazas cubanos: Un crimen impune desde hace 23 años
"¡Le dimos, cojo..., le dimos!" gritaron eufóricos, como victoriosos de un combate de guerra, los coroneles de la Fuerza Aérea de Cuba que derribaron el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales dos endebles avionetas de Hermanos al Rescate, el grupo de pilotos civiles que sobrevolaba el Estrecho de la Florida en labores de salvamento de balseros cubanos.
Fue un operativo fulminante. En cuestión de minutos los misiles aire-aire de los MIG-29 cubanos pulverizaron las avionetas desarmadas que habían salido desde Miami a rescatar inmigrantes. Así perdieron la vida tres pilotos estadounidenses de origen cubano, Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., y el residente cubano, Pablo Morales.
A bordo de otra avioneta, cuatro personas lograron sobrevivir tras escapar de una persecución aérea de más de una hora: José Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate, el copiloto Arnaldo Iglesias y el matrimonio de Andrés y Silvia Iriondo.
Desde entonces los familiares de las víctimas y la comunidad cubana en el exilio han pedido incesantemente que los responsables de este crimen sean llevados ante la justicia.
A pesar de los múltiples intentos del régimen de La Habana por justificar la acción bajo el pretexto de que habían sobrevolado el espacio aéreo cubano, el derribo de las avionetas fue condenado por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales.
Una exhaustiva investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAIC) determinó que las naves N2456S y N5485S fueron derribadas en aguas internacionales, que las autoridades de Cuba no cumplieron los protocolos de aviso establecidos, tampoco intentaron desviar las naves fuera de las zonas de peligro, ni ordenaron a los pilotos que aterrizaran en un aeródromo designado.
Tras conocerse el informe, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1067 (1996) (13 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia y China) que condenó el uso de armas contra aviones civiles y llamó al régimen de La Habana a cumplir con las leyes internacionales.
La responsabilidad del hecho recae sobre el general de Ejército Raúl Castro Ruz, quien confesó que se trató de una operación premeditada y que había dado instrucciones precisas para que las avionetas fueran abatidas: "Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan".
En la grabación que lo inculpa, publicada por el Nuevo Herald en 2006, se le escucha anticipar el resultado de la acción: "Con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego".
Otros militares implicados en el ataque son el general de División Rubén Martínez Puente, entonces Jefe de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR) y los coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez-Pérez, los hermanos que pilotearon los MIGs.
También los espías Gerardo Hernández, cabecilla de la Red Avispa, acusado de proveer la información que permitió el derribo de las avionetas y el ex mayor Juan Pablo Roque, quien se infiltró en Hermanos al Rescate y se fugó a Cuba un día antes de la operación.
De los implicados, sólo el espía Gerardo Hernández fue llevado ante los tribunales. Fue condenado el 14 de diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas por 13 delitos, entre ellos “conspiración para cometer asesinato” y otros cargos de espionaje y fraude. Fue liberado por el Gobierno de Obama en diciembre de 2014 como parte de los acuerdos entre Washington y La Habana para restablecer relaciones diplomáticas.
El 21 de agosto de 2003 el Gran Jurado Federal de los Estados Unidos en Miami abrió una causa contra los hermanos Pérez-Pérez y el general Martínez Puente por el asesinato de los pilotos.
Raúl Castro al banquillo de los acusados
En la actualidad la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo Justicia Cuba, lleva el derribo de las avionetas entre sus principales casos y tiene a Raúl Castro como el mayor responsable de esta tragedia.
El general encabeza la lista negra de individuos a encausar por crímenes de lesa humanidad, donde también figuran los hermanos Pérez-Pérez.
Mientras tanto la Asamblea de la Resistencia Cubana que agrupa a numerosos grupos pro democracia de Cuba y el exilio, impulsa desde hace un año la recogida de firmas para pedir al Presidente Trump que inicie acciones para que Castro sea juzgado en una corte internacional.
También los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Diaz-Balart enviaron una carta al presidente Trump pidiéndole que instruya al Departamento de Justicia una revisión de la implicación de Raúl Castro en la operación del 24 de febrero de 1996 y tome las acciones necesarias para iniciar el arresto y encausamiento en EEUU de los funcionarios cubanos responsables de estos asesinatos.
Durante una visita a Miami en noviembre de 2018, el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, mencionó el pedido de los legisladores y la carta al presidente Trump y dijo que estos documentos serían remitidos al Departamento de Justicia.
Como otra iniciativa, en el proyecto de ley Cuban Military Transparency Act, el senador cubanoamericano Marco Rubio incluye a los autores del derribo de las avionetas entre una lista de militares y empresas cubanas que no deberían comerciar con EEUU.
Los sucesos del 24 de febrero de 1996 impulsaron la aprobación de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, conocida como Ley Helms-Burton, que entre otras disposiciones contempla en el Título III reclamaciones legales contra empresas o individuos extranjeros que hayan traficado con sus propiedades confiscadas por el gobierno cubano y en el Título IV, que se niegue la entrada a EEUU a directivos y principales accionistas, así como sus familiares directos, de las empresas que se considere trafican con dichas propiedades.
Una serie de procesos judiciales han ordenado compensaciones millonarias para los familiares de las víctimas, utilizando fondos del Estado cubano que estaban congelados en Estados Unidos, pero ellos y la inmensa comunidad de cubanos que los respalda aguardan la justicia plena, esa que logre condenar definitivamente a los autores de este crimen.
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Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
A uno le negaron el Parole pero otra alta dirigente entró por CBPOne por “miedo al socialismo” (VIDEO)
Mientras a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud le negaban el parole humanitario para entrar a Estados Unidos, su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instalaba en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBPOne en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Casañola Quintana fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y diputada al parlamento cubano. Antes, fue dirigente de la Federación oficialista de Mujeres Cubanas, jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras empresas estatales, e incluso llegó a graduarse en la Escuela Superior del Partido Ñico López con especialidad en Defensa Nacional.
Un reporte de la prensa local en 2018 da cuenta de su “liberación por petición propia” de sus cargos, debido a que permanecería “por un largo período de tiempo en el exterior, que la imposibilita cumplir las tareas asignadas”.
"Numerosos reconocimientos de organismos y organizaciones recibió, entre ellos la réplica del buque Pinero, atributo de mayor rango que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular", reseñó entonces el Periódico Victoria.
La ex dirigente no quiere hablar de su pasado comunista
Casañola Quintana, de 56 años, viajó a México con su hijo Fidel Alejandro Espinosa Casañola y durante meses esperaron su cita de CBPOne, la única vía legal para pedir asilo en la frontera estadounidense. Medios independientes habían reportado su presencia en México, pero aún así logró obtener su cita y entrar a Estados Unidos alegando “miedo al socialismo”, dijeron fuentes cercanas a la exfuncionaria, que fueron consultadas por Martí Noticias.
Mediante las citas programadas en CBPOne han entrado a Estados Unidos más de 500,000 inmigrantes, quienes alegan miedo a regresar a sus países por persecución y en teoría deben pelear un asilo en cortes norteamericanas.
Madre e hijo eliminaron sus perfiles de Facebook tras ser contactados por Martí Noticias para esta historia.
Un perfil a nombre de Casañola Quintana en la red social X fue muy activo en compartir propaganda favorable al régimen cubano hasta mayo de 2023.
Martí Noticias conversó telefónicamente con un familiar de Casañola Quintana, quien confirmó que ella entró a Estados Unidos por CBPOne y que no quiere hablar con la prensa sobre su pasado comunista.
Recientemente Martí Noticias reveló en exclusiva cómo le fue negada la entrada a Estados Unidos a Liván Fuentes Álvarez, quien trabajó mano a mano con Casañola Quintana, primero como vicepresidente de la Asamblea Municipal en Isla de Pinos y luego la sustituyó cuando ella decidió irse al extranjero.
Reacciones ante su llegada a Estados Unidos
“Ella iba por los pueblos pidiéndole a la gente que confiara en la revolución y el socialismo. Pedía mano dura contra las ilegalidades. Hablaba maravillas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel y mira dónde está ahora. Todo el mundo está indignado en la Isla ¿Cómo pueden dejar entrar a Estados Unidos alguien así?”, dijo María Antonia Guerra desde la Isla de la Juventud.
El activista Ramón Salazar, reprimido por manifestarse el 11 de julio de 2021, dijo a Martí Noticias que es una “vergüenza” que se le permitiera la entrada a EEUU a alguien “con esas credenciales”.
“Queremos ponerle asunto a las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacerle llegar que esta señora, en el tiempo que estuvo como presidenta del Poder Popular, ordenó y participó en actos de repudio en contra de opositores y también es miembro del Partido Comunista de Cuba”, dijo.
“Pedimos que se analice su caso y sea devuelta a territorio cubano. Disfrutó de los beneficios de la dictadura y ahora también quiere hacerlo con Estados Unidos de Norteamérica”, insistió Salazar, quien preside el opositor Partido Autónomo Pinero.
¿Quién tiene derecho a pedir asilo?
Según el derecho estadounidense e internacional, cualquiera que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo, dijo el abogado Ángel Leal.
“Las leyes actuales permiten que cuando cientos de miles de personas cruzan la frontera estadounidense puedan buscar esa protección. Es la sección 208 del Código de Inmigración”, dijo Leal.
Para ganar un caso de asilo, el inmigrante debe demostrar persecución o temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
De acuerdo con fuentes cercanas a Casañola Quintana, las autoridades le entregaron un Formulario I-94, considerado un Registro de Entrada al país.
El Departamento de Seguridad Nacional expide este documento a los extranjeros que son admitidos, a los que están en proceso de ajusta su estatus en EEUU o a quienes extienden su estadía.
Con el Formulario I-94 podrá obtener un Parole que le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de llegar a EEUU y hacer su camino a la residencia permanente.
“Su residencia y ajuste de estatus dependerá de si es admisible o no y hay un sinnúmero de motivos por la que la podrían descalificar, por ejemplo delitos contra la moral, fraudes migratorios o la pertenencia a un partido totalitario. En el caso de Cuba tanto la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas como el Partido Comunista podrían impedirle hacerse residente”, añadió Leal.
De acuerdo al abogado, quienes participaron en un partido político totalitario deben esperar al menos cinco años para obtener la residencia permanente y en el caso de la ciudadanía deberá demostrar al menos 10 años de no tener vínculos con este tipo de organizaciones.
Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
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