Cuba
Amnistía Internacional declara “preso de conciencia” a científico cubano
“Me siento orgullosísima de mi hermano. Me siento amparada por los amigos que han hecho posible esto y por las personas de bien de este mundo, que todavía creen en la justicia, venciendo todos los miedos”, dijo este lunes Omara Ruiz Urquiola a Radio Martí
La organización Amnistía Internacional (AI) ha declarado este lunes "prisionero de conciencia" al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que permanece en prisión desde principios de mayo, condenado a un año de privación de libertad.
“Es un preso de conciencia y debe ser liberado de manera incondicional e inmediata”, ha dicho en un informe Amnistía Internacional, luego de que varias organizaciones de derechos humanos, familiares y amigos del investigador, pidieran a la institución que se analizara el caso.
Ruiz Urquiola fue condenado a la pena máxima por el supuesto delito de “desacato”, figura delictiva con la que el régimen cubano durante décadas ha puesto tras las rejas a muchos de sus opositores.
“Me siento orgullosísima de mi hermano. Me siento amparada por los amigos que han hecho posible esto y por las personas de bien de este mundo, que todavía creen en la justicia, que venciendo todos los miedos, las barreras del miedo que son barreras fuertes, a veces insalvables, han denunciado la injusticia", dijo este lunes a Radio Martí Omara Ruiz Urquiola.
Tras enterarse de la declaración de AI con respecto a su hermano, la joven agradeció a quienes "han hecho posible que una organización prestigiosísima y sólida como lo es Amnistía Internacional, avale la situación de mi hermano como el activista ambiental independiente que es”, subrayó.
La profesora de semiótica manifestó que tanto ella como Ariel Ruiz Urquiola, no son militantes políticos, pero que sí se oponen al "desgobierno" que prevalece en su país.
“Nosotros no tenemos militancia política, de ninguna clase. Pero nosotros somos personas que estamos opuestos al desgobierno que impera en Cuba y que afecta, entre otras tantas esferas, frontalmente al patrimonio ambiental cubano”, enfatizó.
Informe de Amnistía Internacional
En su informe AI ha solicitado la liberación inmediata de Ariel Ruiz Urquiola por consideralo un “prisionero de conciencia, encarcelado únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”.
El documento pide que las autoridades cubanas se aseguren de que "en espera de su liberación” el doctor en ciencias biológicas “no sea maltratado, intimidado o amenazado”.
La organización ha instado al régimen de La Habana a garantizar “el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, incluidas las voces críticas”, así como a derogar las “leyes que limitan indebidamente estos derechos” en el país.
Antecedentes
Antes de ser condenado a prisión, el biólogo había manifestado públicamente su desacuerdo con prácticas erróneas de las autoridades de la isla, como la tala indiscriminada de árboles, la caza de especies en extinción y la contaminación de las fuentes acuíferas en el Valle de Viñales (Pinar del Río), declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1999.
Su tesis doctoral sobre la identidad genética de las tortugas marinas puso en evidencia malos manejos y violaciones del desaparecido Ministerio de la Industria Pesquera de Cuba. En noviembre de 2016 protagonizó una huelga de hambre y sed para protestar por la falta de medicamentos para enfermos de cáncer, entre ellos su hermana.
Antes de ser enjuiciado el 8 de mayo, en un proceso casi sumario, Ruiz Urquiola fue desalojado de un terreno en Viñales, que había obtenido en usufructo y donde trabajaba en un proyecto de protección y desarrollo de especies.
Decirle que se estaban comportando como la "guardia rural" (término que las autoridades de la isla catalogan de negativo asociándolo a la policía rural de Fulgencio Batista) a los supuestos "guardabosques" que se presentaron en su terreno para amenazarlo, fue el pretexto usado por el régimen, en un juicio denunciado como "sin garantías" para encarcelarlo por un año en una institución penal de Pinar del Río.
El lunes fue trasladado de prisión
Más temprano, antes de hacerse pública la declaración de AI, en el programa Cuba al día de Radio Martí, Omara Ruiz Urquiola aseguró que “la visibilidad del caso” de su hermano en los medios internacionales “ha tenido mucho que ver” en su trasladado este lunes de la prisión Kilo 5 hacia el campamento Cayo largo (Consolación del Sur, Pinar del Río) con un régimen de menor rigor.
Omara denunció un intento de la Seguridad del Estado para socavar, a través de la condición homosexual del científico, el apoyo que se había ganado de parte de gran parte de la población penal de Kilo 5.
Contó que en una de sus visitas a la prisión, un recluso logró acercársele para decirle que "a Ariel en un primer momento pensaban mandarlo en un campamento en Ciudad Sandino, que no sé si saben, pero está en el Cabo de San Antonio (el punto más al oeste de la isla). Es una ciudad fantasma, totalmente artificial, creada para llevar forzosamente allí, para ser habitada por pobladores de la Sierra del Escambray (que apoyaron la insurrección armada contra el régimen comunista)”.
“Un pueblo cautivo y absolutamente disfuncional, porque es una zona arenosa donde nunca hubo gran cantidad poblamiento, porque allí no se da nada (cultivos). Daba pena ver durante los (años) noventa a aquellas personas descalzas, tratando de cambiar pescado salado por cualquier cosa. Por arroz con malanga en cualquier otro pueblo de Pinar del Rio, porque ahí no puede vivir la gente. Un pueblo fantasma como tantos otros pueblos fantasmas de Cuba”, sentenció.
En su entrevista recordó que en Ciudad Sandino hay “un campamento donde se procesa carbón de marabú. El carbón de marabú que, yo pienso que inmoralmente, Estados Unidos importa desde Cuba, en un régimen de semi esclavitud parea la población penal que es la que se dedica a hacer ese carbón de marabú como único medio subsistencia”.
“Allí pensaban mandar a Ariel, según me contó este recluso, al que también se le han violado todos sus derechos. Me lo dijo escondido. Pero después, y viendo todo el revuelo internacional que hay, toda la difusión de la información, y además toda la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Kilo 5, la prisión provincial de Pinar del Río, evidentemente ellos (el régimen cubano) determinaron bajar la severidad con que estaban tratando, al llevarlo para Sandino, y entonces lo mandan a Consolación. Igual, yo de ellos espero ya cualquier cosa”, advirtió.
Defender las voces críticas
Amnistía Internacional, que cuenta con más de 7 millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo, trabaja para que los derechos, dispuestos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 y en otros tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, sean reconocidos y respetados.
El objetivo de la institución es “realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos” y pedir justicia para las personas cuyos derechos han sido violados.
(Con reportes de Idolidia Darias y Yolanda Huerga)
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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)
Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.
Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.
La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.
El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.
La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.
La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.
Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano
Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.
Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.
Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.
En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.
Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.
Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.
Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.
El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.
Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.
Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo
Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).
La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.
Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.
Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.
"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.
La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.
Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.
"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
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