El aumento de la presencia y el control militar en espacios civiles en Cuba ha generado preocupación en los últimos meses, especialmente tras múltiples denuncias difundidas en redes sociales. Sobre este fenómeno, Martí Noticias profundizó con el abogado y experto en derecho constitucional, Raudiel Peña Barrios, de la organización independiente Cubalex.
Peña Barrios explicó que estas prácticas forman parte de lo que denominan una “excepcionalidad de facto”, es decir, una situación en la que, sin existir una declaración oficial de estado de emergencia, movilización o guerra, se activan mecanismos propios de estos escenarios.
“Es perfectamente posible constatar en la práctica determinados patrones de conducta que incluyen la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público”, señaló el jurista.
El especialista advirtió que esta es una tendencia estructural que incluye la movilización de efectivos militares, la realización sistemática de ejercicios de defensa y la incorporación de civiles a actividades de carácter militar, incluso con entrenamiento en el uso de armas.
Desde una perspectiva jurídica, el abogado de Cubalex analizó estas medidas a la luz de la Constitución cubana y de estándares internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios de Siracusa, que establecen límites al uso de poderes excepcionales por parte del Estado.
En este sentido, alertó sobre los riesgos de aplicar en la práctica medidas propias de estados de emergencia sin los controles institucionales, las garantías legales ni la transparencia exigida por el derecho internacional.
Peña Barrios también señaló que esta creciente militarización responde, en parte, a un contexto de aumento del descontento social en la isla. Según explicó, las autoridades estarían trasladando la lógica de una amenaza externa hacia el control interno, reforzando así la represión contra opositores, activistas y periodistas independientes.
“El Estado incorpora la amenaza externa como justificación para intensificar el control político interno”, afirmó.
De acuerdo con datos de monitoreo de Cubalex, durante el primer trimestre de 2026 se ha registrado un aumento significativo de las violaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por la militarización del país.
Ante este escenario, el especialista insistió en la urgencia de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y de promover mayor transparencia institucional, en un momento en que las medidas adoptadas por el Estado podrían tener un impacto directo en las libertades de la población cubana.
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