La Administración Trump anunció sanciones a casinos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), los cuales junto a operadores de alto rango, están involucrados en “lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de personas a lo largo de corredores fronterizos clave, incluido Nuevo Laredo”, en México.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado aseguró que la medida busca impactar las fuentes monetarias y logísticas que sustentan a uno de los grupos más violentos de México, designado por EEUU como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.
De acuerdo con la Cancillería estadounidense, el Cártel del Noreste representa una amenaza para EEUU y México, como se demostró durante el ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, México, que elevó las alarmas sobre las amenazas al personal estadounidense.
“Al mermar las fuentes de ingresos y los refugios seguros del CDN, EEUU actúa para proteger el comercio transfronterizo lícito, salvaguardar a las comunidades fronterizas estadounidenses, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas que están matando a los estadounidenses”, agrega la nota.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro informó la designación del Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es usado como casa de resguardo de fentanilo y cocaína. También se incluye el Diamante Casino, que cuenta con una sede en Tampico, Tamaulipas.
Asimismo, se dio a conocer que fue designado Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, quien supervisa a los contrabandistas de personas y otorga los permisos para el traslado de migrantes, actuando como guardián del contrabando de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas.
La nota del Tesoro también menciona a “numerosos colaboradores de alto perfil que ocultan su actividad criminal tras la fachada de profesiones legítimas, de cara al público y, en apariencia, honorables”, los cuales usan sus cargos como fachada para reforzar el control de la organización.
Los designados son Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor de profesión que presta servicios ilícitos a miembros del CDN y Jesús Reymundo Ramos Vázquez, que encabeza la campaña de desinformación del cártel contra las autoridades y se presenta como activista de los “Derechos Humanos”.
De acuerdo con el Departamento de Estado, con las sanciones de hoy “subrayan el compromiso de la Administración Trump de utilizar todas las herramientas disponibles para perturbar y desmantelar a los grupos narcoterroristas que ponen en peligro a Estados Unidos y a nuestros socios”.
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