Cuba
A propósito del Decreto-Ley 389: “Esta conversación ahora mismo la están escuchando”
Lo que en tantos países ha sido causa de largos y febriles debates legislativos sobre derechos individuales y violación de la privacidad se resolvió en Cuba de un plumazo: además de no ser una práctica nueva para acosar a disidentes, ahora la vigilancia electrónica es legal con la entrada en vigor esta semana del Decreto-Ley 389.
“Vamos a ser exactos, vamos a ser imparciales: eso lo hacen todos los servicios secretos del mundo, porque todos los países democráticos del mundo lo hacen, pero sin violar los derechos humanos”, dijo desde Puerto Padre, en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló al presentador y reportero de Radio Martí Tomás Cardoso.
“El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas”, subraya. “Van a continuar, y ahora bajo un viso de legalidad. En el caso mío, esta conversación ahora mismo la están escuchando”.
La entrada en vigor del decreto fue reportada inicialmente por la revista digital El Toque.
Lo emitió el Consejo de Estado, lo publicó La Gaceta de Cuba y debe someterse a ratificación en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es --de acuerdo con el Artículo 121 de la nueva Constitución-- el mismo del Consejo de Estado: Esteban Lazo.
(Dato curioso: debe someterse a votación para ratificarlo en la Asamblea, pero ya el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lo firmó. Y por cierto: el título que la Gaceta Oficial le atribuye a Díaz-Canel es presidente del Consejo de Estado, no de la República.)
El argumento de prevenir amenazas terroristas esgrimido controversial, pero razonablemente, por muchos poderes ejecutivos de todo el mundo, se convierte aquí en una amenaza en sí mismo: la de calificar de terroristas a personas que, lejos de representar un peligro para la vida de los demás, simplemente cuestionan la gestión de un gobierno que no los representa.
Lo que hace el decreto es “codificar la aplicación de las técnicas especiales de investigación”, dice el texto. “Son técnicas especiales de investigación, a los efectos de esta ley, la investigación encubierta, el colaborador eficaz, el empleo de la vigilancia electrónica o de otro tipo y las entregas vigiladas”.
A primera vista parece que entonces, cuando un “colaborador” no resulte eficaz, queda al margen de la ley. Sin embargo, la figura jurídica de “colaborador eficaz” se refiere al “acusado que brinda información esencial para evitar que continúe cometiéndose el delito o se perpetre otro, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados”. O sea, el delator.
Deja bien claro que las técnicas de investigación encubierta pueden aplicarse incluso en “operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país”.
Corresponde al Fiscal General de la República autorizar la vigilancia clandestina, pero el instructor penal (léase policía política) puede iniciarla por su cuenta sin haber recibido el permiso, y pedirlo antes de que pasen 24 horas.
“Voy a hacer de abogado del Diablo: yo lo veo como un paso progresivo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo”, comenta el abogado. “Así funciona en España -claro: también está la intervención de un juez-, y así funciona en Colombia, según la ley de procedimiento penal”.
Aunque el decreto le da un plazo de seis meses, el Fiscal General puede mantener el caso activo, de manera que mientras no encausen al presunto delincuente, la vigilancia es ilimitada.
“No es nuevo”, dice Méndez Castelló. “Bajo la denominación de Técnica Operativa Secreta había o hay una unidad en cada provincia del país, y una dirección general en la nación, dedicada a monitorear las personas de interés operativo, ya sea mediante el chequeo telefónico, el chequeo de la correspondencia, el chequeo microfónico, el seguimiento de las personas en la calle combinado también con un chequeo fílmico”.
Esas técnicas nunca fueron al ámbito judicial, explica Méndez Castelló en la entrevista con Cardoso bajo la producción de Patricia Martínez. Las solicitaban indiscriminadamente los oficiales operativos según sus intereses y las aprobaban los jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que aparece ahora en el Decreto-Ley 389.
El instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, encargado de las acusaciones jurídicas, detalla el abogado.
“Se considera vigilancia electrónica o de otro tipo aquella en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo”, reza el documento.
Pero no queda claro hasta donde llega el concepto de “hecho delictivo”.
“En el Código Penal tiene que quedar bien especificado cuáles son los marcos del terrorismo, conceptualizado todo bien, claramente”, opina el abogado. "Y hay que hacerlo observando los convenios internacionales".
Méndez Castelló observa que si hasta ahora, cada vez que les han cortado las líneas telefónicas a él y a su esposa la compañía ETECSA lo atribuía a una orden policial, en adelante lo achacará a una orden de la fiscalía.
“Claro: ahora hay la oportunidad, y yo la voy a ejercer, de que cada vez que mi teléfono sea interrumpido o mi cuenta sea hackeada o algo así, voy a ir a la fiscalía y voy a quejarme, porque sencillamente están violando la legalidad”, manifiesta el abogado.
No hace falta que el fiscal apruebe el uso de imágenes para encausar a un presunto delincuente cuando hayan sido captadas por cámaras de seguridad públicas “excepto cuando se dirijan al interior de inmuebles o afecten a terceras personas no vinculadas con la investigación”, indica el documento.
El año pasado, vecinos de Guantánamo se quejaron de que el gobierno instaló cámaras de seguridad en áreas de interés oficial, que desataron acciones policiales contra operadores de Conectify y cuentapropistas irregulares, pero no lo hizo en barrios plagados de asesinatos, robo de viviendas y asaltos.
El Decreto-Ley 389 contempla penas de entre cinco y 12 años, y de entre siete y 15 años, por delitos que un estado de derecho jamás vincularía con la actividad política de un opositor pacífico.
Aplicadas a verdaderos terroristas, esas no serían penas muy severas, comenta el abogado.
“El problema es que en Cuba son utilizadas como herramienta para criminalizar la opinión política, la opinión cívica de las personas”, indica Méndez Castelló.
Hay también penas de entre cuatro y 10 años para quien, “por cualquier medio, directa o indirectamente, financie, recaude, provea o tenga en su poder fondos, recursos financieros o materiales, o proporcione el acceso a servicios financieros o conexos de otra índole”, con propósitos que vayan desde organizar viajes de reclutamiento dentro y fuera de Cuba hasta otras formas de presunta complicidad con el terrorismo.
“Van a usar esa ley contra nosotros, criminalizándonos por nuestras ideas cívicas y políticas, no por cometer actos terroristas según se entiende en cualquier país civilizado del mundo”, concluyó.
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Régimen niega habeas corpus a favor del periodista Carlos Michael Morales
El Tribunal Provincial de Santa Clara rechazó este viernes el recurso de habeas corpus a favor del periodista independiente Carlos Michael Morales, arrestado desde el pasado sábado.
Morales continuará detenido en el Centro Provincial de Investigaciones bajo los presuntos delitos de atentado y desobediencia, informó a Martí Noticias el comunicador independiente Guillermo del Sol, quien participó en la vista.
Según dijo, el tribunal estaba "totalmente militarizado por afectivos de la Seguridad del Estado".
Morales Rodríguez fue liberado el pasado seis de marzo, tras cumplir una condena de tres años por salir a la calle a reportar en redes sociales las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarién, provincia de Villa Clara.
El periodista se negó a comparecer en la unidad policial de su zona hasta que fue detenido el pasado sábado.
"La Fiscalía dejó sin lugar la petición de habeas corpus", dijo Del Sol y aclaró que aunque aún no han hecho la petición, por los delitos que lo acusan podría enfrentar "hasta tres años de privación de libertad".
Más de mil presos políticos cumplen condenas en las cárceles de la isla, muchos de ellos sometidos a malos tratos.
A finales de abril, el Departamento de Estado de EEUU presentó su informe anual referido a la práctica de los derechos humanos en la isla, el organismo dijo que "no hubo cambios significativos en la situación" durante 2023.
"La falta de transparencia gubernamental, junto con la vulneración sistemática del derecho a las garantías procesales, ocultó la verdadera naturaleza de las acusaciones penales, las investigaciones y los procesamientos. Esto permitió a las autoridades gubernamentales procesar y condenar a activistas pacíficos de derechos humanos por presuntas violaciones penales", recoge el documento.
"Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuran informes creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; graves problemas con la independencia del poder judicial; prisioneros políticos; represión transnacional contra personas en otro país; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; castigo a familiares por presuntas ofensas cometidas por un familiar; graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o procesamientos injustificados de periodistas", agrega.
(Con reporte de Tomás Cardoso para Martí Noticias)
Nueva regla de asilo en EEUU prohibirá la entrada a represores, dice abogado
Una advertencia de nuevas medidas para obtener asilo en la frontera de Estados Unidos prohibirá la entrada al país de personas con antecedentes penales y afectará a los represores de regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijeron expertos a Martí Noticias.
“Están dándole la discreción a los oficiales de asilo en la frontera de hacer una serie de preguntas que descalificarían a los inmigrantes si participaron en la persecución de otras personas, si han sido convictos o cometido delitos no políticos. Además, tampoco podrán pedir asilo quienes hayan obtenido esta condición en un tercer país o se presuma que sea un peligro para Estados Unidos”, dijo el abogado Ángel Leal.
Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión.
La nueva norma permitiría a los funcionarios considerar estas prohibiciones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de miedo creíble, que ocurre pocos días después de entrevistar al inmigrante.
Las nuevas pautas, incluyen a quienes hayan ordenado, asistido o participado en actividades represivas, con lo cual quienes sean miembros de entes represivos como el Ministerio del Interior o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba quedarían descalificados.
En caso de que el migrante mienta a la hora de su entrevista de miedo creíble o esconda información sobre su participación en actividades represivas puede ser denunciado en el futuro y retirados sus beneficios migratorios obtenidos mediante fraude.
Muchos cubanoamericanos se han quejado del número ingente de oficiales del régimen cubano que entran por la frontera sur de Estados Unidos pidiendo asilo tras reprimir y encarcelar disidentes.
El abogado también expresó sus temores por las limitaciones a las que pueden verse sometidos los disidentes cubanos, a los que el régimen encarcela tras la fabricación de delitos comunes.
“Sabemos perfectamente bien que el régimen disfraza la oposición política de delitos comunes. Nos preocupa que las personas que hayan participado en marchas o manifestaciones contra el régimen y que tengan condenas por delitos comunes no puedan obtener asilo”, dijo Leal.
El abogado también aseguró que si el inmigrante entra sin la cita de CBPOne se presumirá que no calificará para asilo.
“Los oficiales también van a preguntar si los inmigrantes pueden ser reubicados en otras partes de su propio país”, agregó Leal.
Los funcionarios de asilo podrán emitir una denegación de solicitudes en cuestión de días, siempre que se trate de individuos sospechosos de vínculos con el terrorismo, amenazas a la seguridad nacional o tengan prohibición penal.
Con esta medida, el DHS considera que se podría expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
CIDH da seguimiento a medidas cautelares en favor de José Daniel Ferrer García
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger la vida e integridad del prisionero de conciencia de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, José Daniel Ferrer, aunque se emitieron medidas cautelares a su favor.
Ante esta situación, la Comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos adoptó una Resolución de Seguimiento en relación con Ferrer, y advirtió que está en condiciones inadecuadas de reclusión en Cuba.
En la Resolución, se observa la situación actual de riesgo de Ferrer, quien fue detenido el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba y confinado en una celda de castigo en agosto de ese año.
A partir de marzo de 2023, se mantuvo bajo largos períodos de incomunicación, precisó la Comisión.
Durante meses, surgieron rumores sobre su fallecimiento, y aunque se confirmó que estaba vivo, su familia permaneció sin acceso a información oficial sobre su bienestar.
La Comisión Interamericana considera que la alegada situación de Ferrer García en Cuba implica un grave y urgente riesgo de daño irreparable a su salud, vida e integridad personal.
Por otra parte, la CIDH declaró que a pesar de la vigencia de medidas cautelares emitidas hace casi 12 años a favor del preso político, el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger su vida e integridad.
En consecuencia, el organismo de la OEA decidió:
-Continuar el seguimiento de las medidas cautelares.
-Requerir del Estado que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Ferrer se adecúen a normas internacionales.
-Solicitar que el Estado cubano adopte medidas de protección a la salud de Ferrer.
-Requerir al Estado coordinación para que los familiares u otros representantes del preso puedan conocer las condiciones de detención.
-Y requerir del Estado cubano que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la situación actual de José Daniel Ferrer.
Ferrer García era el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) cuando fue detenido el 11J, al sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
El prisionero político, distinguido por la Fundación Víctimas del Comunismo con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan, entre otras distinciones por su defensa de los derechos humanos en Cuba, ha sido reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
El opositor, su familia, y numerosas organizaciones internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones que lo mantienen en una mazmorra de aislamiento, que es víctima de torturas físicas y psicológicas, y que sobrevive sin medicamentos en condiciones inhumanas, crueles y degradantes.
¿De qué acusan al activista cubano José Antonio Pompa?: Su esposa exige respuestas
El activista José Antonio Pompa López continúa recluido en el cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, sin que aparentemente se hayan formulado los cargos en su contra.
“Pompa está bajo investigación, pero ni él ni nosotros sabemos de qué delitos lo acusan. Cuando trato de preguntar al instructor, nunca está”, dijo a Martí Noticias su esposa, Suarmi Hernández Vilar, quien pudo visitarlo este jueves.
Según explicó, trató de indagar con el guardia que custodiaba la visita, a un metro de donde sentaron a su marido, y este le respondió que él no sabía del caso.
Su esposo logró decirle que supuestamente un opositor, detenido también en Villa Marista, aseguró que él "le había dado proclamas y un teléfono".
Pompa López fue arrestado el pasado 26 de abril en La Habana Vieja, tras dejar a uno de sus hijos en la escuela. Tras la detención, efectivos del Ministerio del Interior (MININT) realizaron un registro en su vivienda e incautaron dispositivos electrónicos, entre otros bienes.
En esos días, Hernández Vilar comentó al medio Cubanet que en el registro estaban buscando pruebas de la filiación de Pompa al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero, "pero él ya se había quitado de eso".
“Está flaco. Lo cambiaron de celda y dice que está peor porque los mosquitos se lo comen vivo y el sol le da todo el día”, apuntó la mujer.
En 2016, José Antonio Pompa López fue sancionado a dos años y seis meses de cárcel por protagonizar una protesta frente al Capitolio de la Habana. En 2019, volvió a ser sancionado a un año de prisión por el cargo de Desórdenes públicos.
A inicios de 2024, el opositor, miembro del partido Cuba Independiente y Democrática, colgó un cartel en el balcón de su vivienda tras ser despedido de su empleo: “SOS. Mis hijos se mueren de hambre”, escribió.
Díaz-Canel le desea éxito a Putin en su invasión a Ucrania (FOTOS)
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le deseó éxitos a Vladimir Putin en su invasión a Ucrania, de acuerdo con múltiples reportes de la prensa estatal rusa.
"Deseamos a Rusia éxito en la realización de la operación militar especial", dijo Díaz-Canel en Moscú en un encuentro con Putin tras el desfile militar que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania nazi.
El régimen ruso ha utilizado el eufemismo “operación militar especial” para designar la invasión a gran escala lanzada sobre Ucrania el 24 de febrero de 2022 y que ya entra en su tercer año.
"Ustedes son nuestros amigos y hermanos. Rusia siempre podrá contar con el apoyo de Cuba", añadió Díaz-Canel.
Ucrania ha denunciado el reclutamiento de miles de hombres cubanos para luchar del lado ruso como mercenarios. Aunque inicialmente el régimen cubano intentó desligarse del reclutamiento, el embajador de Cuba en Rusia, Julio Antonio Garmendía Peña, dijo que La Habana, un tradicional aliado de Moscú, no haría nada para impedirlo.
Díaz-Canel también condenó lo que consideró "manipulación geopolítica” llevada a cabo “por el gobierno de Estados Unidos y la amenaza de que la OTAN se acerque a las fronteras de Rusia”, uno de los pretextos de Putin para la invasión, que ha reiterado La Habana en todos sus canales de oficialistas.
El régimen cubano pasa por una de sus peores crisis económicas y ve en Rusia un importante proveedor de petróleo y gas, así como de turismo.
Díaz-Canel llegó a Moscú en compañía de su esposa Lis Cuesta y el canciller, Bruno Rodríguez, convirtiéndose en el único gobernante occidental en participar en el desfile militar en Moscú y brindar apoyo explícito al jefe del Kremlin.
El gobernante cubano dijo en sus redes sociales que había servido como mensajero de Raúl Castro, quien envió cartas al presidente Putin y al jefe del Partido Comunista, Guennadi Ziugánov.
Díaz-Canel participó en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, un grupo de países ex soviéticos que orbitan alrededor de Moscú y donde intentó -sin éxito según la mayoría de los analistas- pedir inversiones y confianza en el mercado cubano.
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