Cuba
A propósito del Decreto-Ley 389: “Esta conversación ahora mismo la están escuchando”
Lo que en tantos países ha sido causa de largos y febriles debates legislativos sobre derechos individuales y violación de la privacidad se resolvió en Cuba de un plumazo: además de no ser una práctica nueva para acosar a disidentes, ahora la vigilancia electrónica es legal con la entrada en vigor esta semana del Decreto-Ley 389.
“Vamos a ser exactos, vamos a ser imparciales: eso lo hacen todos los servicios secretos del mundo, porque todos los países democráticos del mundo lo hacen, pero sin violar los derechos humanos”, dijo desde Puerto Padre, en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló al presentador y reportero de Radio Martí Tomás Cardoso.
“El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas”, subraya. “Van a continuar, y ahora bajo un viso de legalidad. En el caso mío, esta conversación ahora mismo la están escuchando”.
La entrada en vigor del decreto fue reportada inicialmente por la revista digital El Toque.
Lo emitió el Consejo de Estado, lo publicó La Gaceta de Cuba y debe someterse a ratificación en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es --de acuerdo con el Artículo 121 de la nueva Constitución-- el mismo del Consejo de Estado: Esteban Lazo.
(Dato curioso: debe someterse a votación para ratificarlo en la Asamblea, pero ya el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lo firmó. Y por cierto: el título que la Gaceta Oficial le atribuye a Díaz-Canel es presidente del Consejo de Estado, no de la República.)
El argumento de prevenir amenazas terroristas esgrimido controversial, pero razonablemente, por muchos poderes ejecutivos de todo el mundo, se convierte aquí en una amenaza en sí mismo: la de calificar de terroristas a personas que, lejos de representar un peligro para la vida de los demás, simplemente cuestionan la gestión de un gobierno que no los representa.
Lo que hace el decreto es “codificar la aplicación de las técnicas especiales de investigación”, dice el texto. “Son técnicas especiales de investigación, a los efectos de esta ley, la investigación encubierta, el colaborador eficaz, el empleo de la vigilancia electrónica o de otro tipo y las entregas vigiladas”.
A primera vista parece que entonces, cuando un “colaborador” no resulte eficaz, queda al margen de la ley. Sin embargo, la figura jurídica de “colaborador eficaz” se refiere al “acusado que brinda información esencial para evitar que continúe cometiéndose el delito o se perpetre otro, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados”. O sea, el delator.
Deja bien claro que las técnicas de investigación encubierta pueden aplicarse incluso en “operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país”.
Corresponde al Fiscal General de la República autorizar la vigilancia clandestina, pero el instructor penal (léase policía política) puede iniciarla por su cuenta sin haber recibido el permiso, y pedirlo antes de que pasen 24 horas.
“Voy a hacer de abogado del Diablo: yo lo veo como un paso progresivo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo”, comenta el abogado. “Así funciona en España -claro: también está la intervención de un juez-, y así funciona en Colombia, según la ley de procedimiento penal”.
Aunque el decreto le da un plazo de seis meses, el Fiscal General puede mantener el caso activo, de manera que mientras no encausen al presunto delincuente, la vigilancia es ilimitada.
“No es nuevo”, dice Méndez Castelló. “Bajo la denominación de Técnica Operativa Secreta había o hay una unidad en cada provincia del país, y una dirección general en la nación, dedicada a monitorear las personas de interés operativo, ya sea mediante el chequeo telefónico, el chequeo de la correspondencia, el chequeo microfónico, el seguimiento de las personas en la calle combinado también con un chequeo fílmico”.
Esas técnicas nunca fueron al ámbito judicial, explica Méndez Castelló en la entrevista con Cardoso bajo la producción de Patricia Martínez. Las solicitaban indiscriminadamente los oficiales operativos según sus intereses y las aprobaban los jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que aparece ahora en el Decreto-Ley 389.
El instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, encargado de las acusaciones jurídicas, detalla el abogado.
“Se considera vigilancia electrónica o de otro tipo aquella en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo”, reza el documento.
Pero no queda claro hasta donde llega el concepto de “hecho delictivo”.
“En el Código Penal tiene que quedar bien especificado cuáles son los marcos del terrorismo, conceptualizado todo bien, claramente”, opina el abogado. "Y hay que hacerlo observando los convenios internacionales".
Méndez Castelló observa que si hasta ahora, cada vez que les han cortado las líneas telefónicas a él y a su esposa la compañía ETECSA lo atribuía a una orden policial, en adelante lo achacará a una orden de la fiscalía.
“Claro: ahora hay la oportunidad, y yo la voy a ejercer, de que cada vez que mi teléfono sea interrumpido o mi cuenta sea hackeada o algo así, voy a ir a la fiscalía y voy a quejarme, porque sencillamente están violando la legalidad”, manifiesta el abogado.
No hace falta que el fiscal apruebe el uso de imágenes para encausar a un presunto delincuente cuando hayan sido captadas por cámaras de seguridad públicas “excepto cuando se dirijan al interior de inmuebles o afecten a terceras personas no vinculadas con la investigación”, indica el documento.
El año pasado, vecinos de Guantánamo se quejaron de que el gobierno instaló cámaras de seguridad en áreas de interés oficial, que desataron acciones policiales contra operadores de Conectify y cuentapropistas irregulares, pero no lo hizo en barrios plagados de asesinatos, robo de viviendas y asaltos.
El Decreto-Ley 389 contempla penas de entre cinco y 12 años, y de entre siete y 15 años, por delitos que un estado de derecho jamás vincularía con la actividad política de un opositor pacífico.
Aplicadas a verdaderos terroristas, esas no serían penas muy severas, comenta el abogado.
“El problema es que en Cuba son utilizadas como herramienta para criminalizar la opinión política, la opinión cívica de las personas”, indica Méndez Castelló.
Hay también penas de entre cuatro y 10 años para quien, “por cualquier medio, directa o indirectamente, financie, recaude, provea o tenga en su poder fondos, recursos financieros o materiales, o proporcione el acceso a servicios financieros o conexos de otra índole”, con propósitos que vayan desde organizar viajes de reclutamiento dentro y fuera de Cuba hasta otras formas de presunta complicidad con el terrorismo.
“Van a usar esa ley contra nosotros, criminalizándonos por nuestras ideas cívicas y políticas, no por cometer actos terroristas según se entiende en cualquier país civilizado del mundo”, concluyó.
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Partidario del régimen intenta descalificar al Programa Cuba en la Feria del Libro de Bogotá (VIDEO)
Un simpatizante del régimen cubano intentó boicotear el miércoles la presentación del libro “Sharp Power y redes intelectuales. La presencia de Cuba en América Latina”, una producción de varios autores, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia, que se está desarrollando desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo.
La intromisión del sujeto no parecía dirigida a la obra de la que se estaba hablando, sino a los integrantes del panel que la analizaba en el stand del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda.
El panel estaba formado por los politólogos e historiadores Armando Chaguaceda y Alejandro Cardozo, y Sergio Ángel, investigador principal del Programa Cuba.
El intruso, que no se identificó, trató de descalificar al Programa Cuba y a los comentaristas acusándolos de ser parciales: “Todo lo de Cuba y Venezuela es malo y todo lo de no sé dónde es bueno, ya de entrada es sospechoso”, dijo.
También, pretendió mostrar, sin argumentos, a “la academia separada de la realidad, desde lo ideológico”.
“Práctica repetitiva de personas que se presentan en los eventos a intentar torpedear los procesos y tienen que ver directamente con la participación de los grupos de solidaridad con Cuba, por la molestia que genera el presentar una visión alternativa sobre lo que sucede en la Isla”, indicó a Martí Noticias, Sergio Ángel.
“Es de anotar que el Programa Cuba ha presentado de manera abierta una posición contraria a la violación de los derechos humanos que lleva a cabo el régimen cubano en la isla”, precisó.
El régimen de La Habana promueve e incentiva en muchos países los “grupos de solidaridad con Cuba”, muchos de ellos asociados en organizaciones, para promover campañas y boicotear acciones de los activistas cubanos en el exterior.
El año pasado, en el mismo evento, un grupo de colombianos, encabezados por una cubana, presuntamente de la Embajada de La Habana en Colombia, interrumpieron el conversatorio “Editoriales y medios independientes en Cuba; ediciones de lo político”, criticando a la Universidad Sergio Arboleda y a la institución estadounidense National Endowment for Democracy (NED).
El Programa Cuba está llevando a cabo conversatorios, exhibiciones y presentaciones de libros con una visión sobre Cuba distinta a la contada por el oficialismo.
Una delegación oficial de Cuba, encabezada por el presidente del Instituto Cubano del Libro, asistió a Filbo 2024.
CIDH destaca violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba en su informe de 2023
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, considera que en Cuba existen "violaciones graves" de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa.
“Esto se basa en tres razones estructurales: 1) continuidad de un modelo político de partido único; 2) concentración de facultades y poderes para la conducción de los asuntos públicos; 3) subordinación de la administración de la justicia al poder politico”, detalla el más reciente informe del organismo, correspondiente a 2023.
Al evaluar la situación de derechos humanos en la isla, la CIDH decidió incorporar a Cuba en el capítulo IV-B, dado que considera que en el país se violan los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión observó que, aunque la ley permita la libre participación política de las personas ciudadanas, “el Partido Comunista seguiría regulando, controlando y dirigiendo los procesos electorales ”.
“Las personas defensoras de derechos humanos en Cuba enfrentan persistentemente actos de hostigamiento, vulneraciones arbitrarias al derecho a la libre circulación, la libertad, seguridad e integridad personal”, explicaron.
Asimismo, señalaron que las autoridades del Estado continúan realizando detenciones arbitrarias con el fin de obstruir sus actividades o imponiéndoles multas como forma de disuadirlas. “En Cuba, no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, se observa que estas actividades se desarrollan bajo un ambiente hostil, que se caracteriza por actos de intimidación y hostigamientos por parte de autoridades estatales y la sujeción a procesos penales injustificados".
La CIDH reiteró el llamado al Estado “para adoptar medidas efectivas a fin de garantizar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y demás líderes sociales” y le urgió abstenerse “de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos relacionados con el espacio cívico, así como a garantizar un ambiente propicio" para ello.
El informe reiteró la preocupación de organismo por los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles, "ante la ausencia de datos oficiales actualizados sobre la situación de esta población, la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención que caracterizan las prisiones cubanas, y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos”.
Los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores, destacaron, continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico
En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la Comisión mostró su preocupación por "hechos de acoso, intimidación y persecución que sufren las defensoras de derechos humanos, así como los desafíos adicionales que enfrentan las que se encuentran privadas de libertad”.
“La Comisión lamenta que el Estado aún no haya ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principalmente instrumento regional de protección de los derechos de las mujeres. En la misma línea, preocupa la ausencia de legislación especializada para combatir la violencia contra las mujeres en el país”, dijo la CIDH
Por otra parte, la organización reiteró su interés de realizar una visita a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos.
El documento, que llamó al levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba “debido a sus impactos en la población", destacó que este no exime al gobierno “de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
"Autocracia cerrada": Cuba, entre los peores países del Índice de Democracia que elabora universidad sueca
"El 71% de la población mundial (5.700 millones de personas) vive en autocracias, un aumento del 48% comparado con diez años atrás", según datos publicados en el más reciente informe del instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia.
El texto muestra que la autocratización sigue siendo la tendencia dominante, como han venido informando en años anteriores, solo que ahora incluyeron análisis más detallados de los indicadores en cada región.
"En las autocracias más opresivas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, las elecciones libres y justas y otros valores democráticos están ausentes. En otros, pueden estar presentes en parte pero de forma insuficiente", detalla el documento que califica a La Habana como una "autocracia cerrada".
El modelo aplicado por V-Dem clasifica los regímenes políticos en cuatro grandes bloques: autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales. En el continente, Cuba y Haití aparecen como los únicos países en la categoría de "autocracia cerrada".
"La gran mayoría de los latinoamericanos (86%) vive en democracias electorales como Argentina y Brasil, y el 4% vive en democracias liberales como Chile y Uruguay. Sin embargo, América Latina es también la región con la mayor proporción de población viviendo en la “zona gris”, destacan.
Los datos de V-Dem, que se ocupa de medir anualmente los indicadores de la democracia en 179 países, demuestran que el mundo está dividido casi en partes iguales: 91 democracias y 88 autocracias. "Casi todos los componentes de la democracia están empeorando en más países de los que están mejorando, en comparación con hace diez años", advierten.
Entre los indicadores que más empeoró en 2023, está la libertad de expresión y la libertad de asociación, incluida la sociedad civil. "Las elecciones limpias ocupan ahora el segundo lugar: se han deteriorado en 23 países y han mejorado en 12. Esta institución central de la democracia solía no verse relativamente afectada", señalan los expertos.
El informe, elaborado con la participación de unos 4.000 académicos y otros expertos, indica que las elecciones se han deteriorado en 23 países y han mejorado en 12. "Esta institución central de la democracia solía no verse relativamente afectada", alertaron.
"Están matando de hambre a los presos", condenados por el 11J denuncian condiciones carcelarias
Presos políticos de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 de la barriada de la Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, condenados por el delito de sedición, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
En comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Roberto Ferrer Gener, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni de medicamentos.
“Estoy con el tema de la presión, un dolor de cabeza, y problemas de la acidez producto del alimento”, explicó el preso político.
Por su parte José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático y no le están dando los medicamentos.
“Esto está aquí que no hay ni una pastilla, me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11 años. Las chinches me hacen un daño, me tienen lleno de granos, cada vez que te pica, se te infecta”, dijo Castillo de la Torre.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños, también cumple 10 años de condena, en pésimas condiciones en ese centro penitenciario, donde no recibe ni visitas familiares.
“Mayormente para el asma, nosotros no recibimos saco, ni visita, yo si no tengo nada que perder ya porque yo perdí a mi mamá estando ya preso, ella era la que venía a vernos a mí y a mi papá, pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie a una visita mía hace más de dos años, ni visitas ni sacos, ni nada”, relató Castillo Bolaños.
El abogado Juan Carlos González Leyva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación de Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad con sentencia de 11 años y 4 meses.
“Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la Seguridad del Estado y los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la Seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana”, reportó González Leyva.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra el preso del 11J, Levys González Piedra, en un campamento de trabajo forzado en Bayamo, a donde fue trasladado desde la carbonera donde laboraba.
Allí se plantó en protesta por las malas condiciones de vida y de trabajo.
El condenado a cinco años de cárcel por los delitos de atentado y desacato por su participación en la manifestación del poblado de Bayamo denunció su situación: “Yo estaba en el carbón, pasando un hambre allí en el monte, que no había ni medicamentos ni nada, yo tuve el problema ese del carbón porque ya no aguantaba más, están matando a los presos de hambre".
"Allí hasta el oficial ese le metía bofetadas a los presos, no pude soportar eso y allí me moleste, les dije abusadores, explotadores, rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá, y ahora estoy trabajando para la construcción, limpieza, agricultura, hay de todo allí, el hambre es dura", declaró el preso político.
En el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, la delegación de La Habana afirmó que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
Familiares de un grupo de balseros cubanos piden ayuda para que no sean devueltos a la isla
Un grupo de familiares de 18 balseros cubanos que llegaron a Estados Unidos están pidiendo ayuda para localizarlos y que no sean devueltos a la isla.
“Ellos salieron desde el viernes en una embarcación rústica hacia Estados Unidos y desde entonces no sabíamos nada de ellos. Ayer salió una noticia de una embarcación que llegó a una isla deshabitada pero no hemos sabido nada”, dijo a Martí Noticias Yunisleidys Borroto, esposa de uno de los migrantes.
“Pienso que fueron ellos los que llegaron, pero nadie nos ha llamado y hemos pedido ayuda a muchas personas y nadie nos dice nada. No como ni duermo. Tengo una niña pequeña y estoy desesperada”, añadió.
De acuerdo con los testimonios de los familiares, la embarcación salió de Ciego de Ávila hacia Estados Unidos.
El jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector Miami, Samuel Briggs II, publicó en su cuenta de X las imágenes de una embarcación rústica en la que viajaron 18 inmigrantes cubanos, quienes “fueron rescatados tras tocar tierra en una isla deshabitada en los Cayos de la Florida”.
El mismo oficial informó que durante el fin de semana, las autoridades fronterizas hallaron a otros 21 inmigrantes cubanos, quienes inmediatamente fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y procesados para procedimientos de deportación.
Estados Unidos eliminó en 2017 la política pies secos-pies mojados que permitía a los cubanos obtener refugio inmediato al pisar territorio estadounidense. Las autoridades han reiterado en numerosas ocasiones que deben evitarse estas vías ilegales de inmigración.
Tras una disminución sustancial en el número de llegadas por mar recientemente se observa un incremento de las interdicciones de la Guardia Costera y detenciones de inmigrantes provenientes de Cuba.
Yeisel González, familiar de los inmigrantes y quien llegó a Estados Unidos vía marítima hace un año, dijo que los balseros no deben ser regresados a la isla.
“Nosotros estuvimos presos por salida ilegal del país. Lo intentamos muchas veces. Si los envían de vuelta podrían meterlos presos nuevamente para que hagan carbón en campos de trabajo que tiene el gobierno de Cuba”, dijo González.
González pudo conversar con uno de los inmigrantes que le contó que está bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
“Queremos pedirle a las autoridades que no los devuelvan. Son gente humilde y trabajadora. La mayoría son familiares y amigos, personas que se cansaron de la represión en Cuba y que no tienen quien les ponga un parole o cómo pagarse un viaje ilegal por Nicaragua”, dijo González.
El teniente Peter Hutchison, de la División de Cumplimiento del Séptimo Distrito de la Guardia Costera, pidió en redes sociales a los inmigrantes no venir a Estados Unidos.
“Los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán descalificados indefinidamente de la política de libertad condicional de inmigración legal para cubanos y haitianos”, dijo.
Los equipos de la Guardia Costera repatriaron a 367 migrantes a Cuba en el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023.
Posibilidades de defensa
La abogada de inmigración Rosaly Chaviano aseguró que los inmigrantes tienen derecho a defensa.
“Ellos tienen derecho a hablar con un abogado antes de hacer el miedo creíble para que sean preparados para su entrevista”, dijo.
ICE toma en cuenta varios elementos para decidir dejar en libertad a un detenido, por ejemplo si ha sido deportado con anterioridad de Estados Unidos o tiene delitos en el país, dijo la abogada.
El abogado de inmigración Ángel Leal, también se mostró confiado en que no serán repatriados a Cuba.
“Si llegaron a pisar tierra no creo que tengan posibilidades de repatriación a Cuba. Lo más probable es que firmen una carta de deportación expedita y los liberen en el país. Se mantendrán detenidos hasta su entrevista de miedo creíble en este caso”, dijo
“Otra opción es una orden de supervisión, lo que se conoce como I220B”, añadió.
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