A cinco años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, el descontento ciudadano continúa creciendo en Cuba, impulsado por el deterioro de las condiciones de vida, los prolongados apagones, la escasez de productos de primera necesidad y la falta de libertades.
Rolando Cartaya, investigador principal del Observatorio Cubano de Conflictos y expreso político, aseguró en entrevista con Martí Noticias que la conflictividad social ha aumentado significativamente en los últimos años.
“Desde mediados del año pasado, no hemos tenido menos de 1.000 protestas, denuncias y expresiones críticas en los informes mensuales del Observatorio”, afirmó.
Según Cartaya, uno de los datos más significativos es el incremento de las protestas presenciales. “El mes pasado tuvimos 107 protestas presenciales. Lo normal eran diez o doce protestas en la calle”, explicó.
Las manifestaciones se han registrado principalmente en La Habana y Santiago de Cuba, aunque también se han extendido a provincias como Artemisa y Matanzas.
Para el investigador, el aumento de las protestas refleja el hartazgo de una población que enfrenta una crisis que alcanza prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Cartaya considera que los prolongados cortes de electricidad se han convertido en uno de los factores más explosivos de la crisis cubana debido al impacto directo que tienen sobre la vida de la población.
A los prolongados cortes de electricidad se suman el aumento de los precios de los alimentos, el deterioro de la canasta básica, la escasez de combustible, los problemas del transporte y la falta de medicamentos.
El investigador describió la situación actual como una “crisis multilateral” que también afecta al sistema de salud y obliga a muchas personas a recurrir al mercado informal para conseguir medicamentos. A esta realidad se suma una profunda pérdida de confianza en las autoridades y la ausencia de expectativas de mejora.
“Es también una crisis de credibilidad del régimen. No hay una esperanza cierta de mejora en el país”, afirmó.
El investigador del Observatorio Cubano de Conflictos advirtió que, mientras aumentan las manifestaciones, las autoridades también han desarrollado nuevos mecanismos de vigilancia y represión. Según explicó, durante algunas protestas personas vinculadas al Gobierno filman a los participantes para facilitar posteriormente su identificación.
“Al día siguiente le entregan las grabaciones a la Seguridad del Estado y la Seguridad del Estado va a buscar a las personas”, denunció.
También señaló que el régimen utiliza diferentes categorías del Código Penal para procesar a quienes participan en manifestaciones o expresan opiniones críticas.
Bloquear una calle puede derivar en una acusación por desórdenes públicos, criticar públicamente a las autoridades puede ser considerado desacato y publicar contenidos en las redes sociales puede llevar a una acusación de propaganda contra el orden constitucional, explicó.
“Esto es un Estado policial”, afirmó.
El Observatorio Cubano de Conflictos cuenta incluso con una categoría denominada “desafíos al Estado policial”, utilizada para registrar protestas y denuncias que pueden provocar una respuesta represiva.
Para Cartaya, una de las principales lecciones que dejaron las protestas del 11 de julio de 2021 fue la importancia de internet. “El 11J les enseñó que internet era un factor aglutinante muy importante”, señaló.
Cartaya considera que facilitar a los cubanos un acceso libre a internet aumentaría la capacidad de la ciudadanía para comunicar y visibilizar lo que ocurre dentro de la Isla.
En estos cinco años, los registros del Observatorio Cubano de Conflictos muestran una creciente conflictividad social y una evolución de las demandas ciudadanas: de reclamar servicios básicos como alimentos, electricidad o medicamentos a exigir libertad.
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