Organizaciones de derechos humanos y expertos forenses cuestionan los procedimientos aplicados por autoridades venezolanas en investigaciones de muertes ocurridas dentro de centros de reclusión, tras conocerse nuevos detalles sobre el fallecimiento del preso político Víctor Quero Navas.
El caso de Quero Navas ha generado fuertes cuestionamientos luego de que autoridades venezolanas notificaran a su familia, nueve meses después, que el detenido había fallecido en julio de 2025 y había sido sepultado en Caracas sin conocimiento de sus allegados.
Durante ese período, su madre, Carmen Navas, exigió repetidamente una fe de vida de su hijo, quien permanecía recluido bajo custodia estatal.
El excomisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y exjefe de investigaciones de homicidios, Luis Alberto Godoy, aseguró a Martí Noticias que el proceso presenta irregularidades desde la certificación inicial de la muerte.
Según explicó, en casos de fallecimientos bajo custodia deben participar familiares y especialistas forenses para garantizar la legalidad y transparencia de la investigación. También cuestionó que en la exhumación del cadáver no participaran expertos como antropólogos forenses, odontólogos especializados y unidades criminalísticas de homicidios.
Especialistas consultados señalaron además que, de acuerdo con el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas —estándar internacional para investigar muertes potencialmente ilícitas y desapariciones forzadas—, el procedimiento debió incluir reconstrucción de huellas dactilares, análisis craneométrico, odontograma y pruebas de ADN para confirmar plenamente la identidad del cuerpo.
La ONG Freedom House exigió justicia en el caso y afirmó que las circunstancias alrededor de la muerte de Quero Navas reflejan “graves violaciones de derechos humanos, represión e impunidad” en Venezuela. Mientras tanto, el Observatorio Venezolano de Prisiones reportó al menos 14 muertes de privados de libertad entre abril y mayo de este año.
Entre los casos recientes figura el del exconcejal chavista José Manuel García Sabino, quien murió bajo custodia policial en Anaco, estado Anzoátegui. Autoridades informaron que falleció por asfixia mecánica, pero sus familiares descartan la hipótesis de suicidio y denunciaron presuntos golpes y hematomas en el cadáver. Tras el caso, autoridades venezolanas intervinieron la policía municipal de Anaco y al menos 12 funcionarios fueron detenidos.
Las denuncias surgen meses después de que Delcy Rodríguez anunciara una “amnistía general” y prometiera garantías para detenidos bajo custodia estatal. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que continúan registrándose detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y muertes dentro de centros de reclusión venezolanos.
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