El proyecto independiente de derechos humanos Represores Cubanos añadió a varios jueces y fiscales a su base de datos tras las condenas a seis residentes del municipio de Encrucijada, en la provincia de Villa Clara, por manifestarse contra los apagones.
Se trata de "Ayrebi Miranda Pérez y Yosmel Guevara Herrera (actuante), así como los jueces Aimee Caraballé Corrales (ponente) María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández", recoge el comunicado del proyecto, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Los funcionarios intervinieron en el proceso que culminó el 15 de enero con sentencias de hasta ocho años de prisión contra manifestantes que el 7 de noviembre de 2024 reclamaron el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 48 horas sin corriente.
Rolando Cartaya, periodista cubano, ex preso político y director del programa, cuestionó cómo estas personas "tocaron calderos, pidieron corriente y por eso los han condenado a estas penas tan injustas”.
Creemos "que estos juristas han cometido, en este caso, delitos como crímenes de lesa humanidad, encarcelamiento y persecución por motivos políticos, falta de garantías procesales y violación del derecho a un juicio justo y un tribunal imparcial que están contemplados en los artículos 7 al 11 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el delito internacional de prevaricación", dijo Cartaya a Martí Noticias.
Según la organización, Miranda Pérez —quien ya había sido incluido previamente cuando presentó conclusiones provisionales en junio de 2025— describió en el expediente preparatorio que los imputados se presentaron frente a la sede municipal de la Asamblea del Poder Popular y del Partido Comunista, donde tocaron calderos y gritaron consignas como “queremos corriente”. Por esos hechos, la fiscalía los acusó de desórdenes públicos y solicitó penas de entre cuatro y nueve años de prisión, peticiones que fueron sostenidas en el juicio por el fiscal Guevara Herrera.
Los jueces impusieron finalmente sanciones de entre cinco y ocho años. En la sentencia número 4 de 2026, emitida el 15 de enero, los magistrados afirmaron que los procesados “decidieron aglomerarse frente a las sedes del Gobierno y el Partido (Comunista)” e incitaron a otras personas a sumarse a la protesta, además de obstaculizar la vía pública.
No obstante, videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes exigiendo de manera pacífica el restablecimiento del servicio eléctrico, tocando cazuelas y reclamando sus derechos frente a edificios oficiales, señaló el proyecto.
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