El partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) que dirige Rosa Diez, ha registrado el jueves varias preguntas en el Congreso español de las que dificilmente podrá desentenderse el gobierno del Partido Popular (PP) y en particular su canciller José Manuel García-Margallo.
UPyD pregunta al gobierno de Mariano Rajoy si piensa impulsar una investigación internacional que aclare las circunstancias en que se produjo el accidente de tránsito en el que murieron los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, el pasado 22 de julio en Bayamo.
El dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Angel Carromero, quien conducía el auto siniestrado, fue condenado en Cuba a cuatro años de prisión por el “homicidio imprudente” de los opositores y en diciembre fue trasladado a España, donde obtuvo el tercer grado.
El asunto parecía concluido, pero esta semana Carromero destapó la caja de Pandora cuando en una entrevista exclusiva le contó al Washington Post que, contrario a lo que declaró en Cuba, un segundo vehículo los golpeó por detrás, y los sacó de la carretera.
Dicho de otro modo, no fue un homicidio imprudente causado por un accidente de tránsito, fue un asesinato provocado por el acoso policial.
García-Margallo, ha reaccionado con enfado a las preguntas de la prensa y asegura que el Gobierno "no tiene ninguna evidencia" de que los hechos transcurrieran de modo distinto a como Carromero declaró en el juicio y se constató en el memorándum de entendimiento firmado con las autoridades del país para permitir su traslado a España.
El Ejecutivo, dijo García-Margallo, trabaja conforme a la información que en su día recibió de la embajada y el contenido del memorándum aceptado por Carromero y por tanto, si él tiene otras “evidencias, hará bien en ir a un tribunal”.
UPyD, quiere saber "qué veracidad" otorga el Ejecutivo español a la versión dada por Carromero al rotativo estadounidense y "qué medidas piensa tomar para aclarar los extremos que estas nuevas informaciones ponen en duda".
UPyD pregunta al Ejecutivo "por qué no promueve una investigación internacional que esclarezca los hechos para despejar las dudas existentes y honrar así la memoria de los dos disidentes fallecidos".
El grupo de preguntas concluye con una muy concreta: Interpela al Gobierno sobre si ha contactado o piensa hacerlo tanto con la hija de Oswaldo Payá, Rosa María, como con el propio Carromero para conocer más detalles sobre su versión de los hechos.
No es la primera vez que UPyD coloca al Ejecutivo español en una situación incómoda. El pasado 28 de febrero García Margallo tuvo que reconocer que La Habana quiso utilizar a Carromero como pieza cambio, para que España apoyara la modificación de la Posición Común de la Unión Europea sobre Cuba.
El canciller, que comparecía ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, dijo que el gobierno se negó y que no ha habido ningún tipo de «contraprestación» al régimen castrista para conseguir el traslado de Carromero a España.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores guardó silencio cuando la diputada de UPyD Irene Lozano, lo mismo que el portavoz de CiU Jordi Xuclá, le preguntaron si el Gobierno da por buena la versión oficial de las autoridades cubanas o apoyará una investigación internacional independiente sobre los sucedido, como reclama la familia Payá.
Durante esa sesión Lozano acusó al Ejecutivo de «dar cobertura internacional a la versión oficial cubana».
El juicio celebrado a Carromero el 5 de octubre de 2012 fue avalado por el ejecutivo español a pesar de que el abogado de la familia de Carromero , José María Viñals Camallonga, cuestionó el procedimiento legal en el marco de las normas jurídicas españolas y de la Unión Europea.internacionales.
“Si analizamos el proceso desde un prisma jurídico español o de una jurisdicción de la Unión Europea, podemos decir que no se habría cumplido con el principio de contradicción", dijo Viñals, director de Operaciones Internacionales de la firma Lupicina Abogados, quien coordinó la defensa de Carromero, realizada por los letrados cubanos Dorisbel Rojas y su asistente Alejandro Millares.
“La defensa, tal y como prevé la normativa cubana, no pudo acceder a las pruebas (coche accidentado, huellas del derrape, señales de tráfico y otras pruebas relevantes) ni presentar informes periciales propios. Estuvimos a lo dicho por las autoridades policiales y forenses locales que, a su vez, fueron coordinadas por la fiscalía”, declaró Viñals en una entrevista concedida al diario español ABC el pasado 29 de diciembre.
UPyD pregunta al gobierno de Mariano Rajoy si piensa impulsar una investigación internacional que aclare las circunstancias en que se produjo el accidente de tránsito en el que murieron los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, el pasado 22 de julio en Bayamo.
El dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Angel Carromero, quien conducía el auto siniestrado, fue condenado en Cuba a cuatro años de prisión por el “homicidio imprudente” de los opositores y en diciembre fue trasladado a España, donde obtuvo el tercer grado.
El asunto parecía concluido, pero esta semana Carromero destapó la caja de Pandora cuando en una entrevista exclusiva le contó al Washington Post que, contrario a lo que declaró en Cuba, un segundo vehículo los golpeó por detrás, y los sacó de la carretera.
Dicho de otro modo, no fue un homicidio imprudente causado por un accidente de tránsito, fue un asesinato provocado por el acoso policial.
García-Margallo, ha reaccionado con enfado a las preguntas de la prensa y asegura que el Gobierno "no tiene ninguna evidencia" de que los hechos transcurrieran de modo distinto a como Carromero declaró en el juicio y se constató en el memorándum de entendimiento firmado con las autoridades del país para permitir su traslado a España.
El Ejecutivo, dijo García-Margallo, trabaja conforme a la información que en su día recibió de la embajada y el contenido del memorándum aceptado por Carromero y por tanto, si él tiene otras “evidencias, hará bien en ir a un tribunal”.
UPyD, quiere saber "qué veracidad" otorga el Ejecutivo español a la versión dada por Carromero al rotativo estadounidense y "qué medidas piensa tomar para aclarar los extremos que estas nuevas informaciones ponen en duda".
UPyD pregunta al Ejecutivo "por qué no promueve una investigación internacional que esclarezca los hechos para despejar las dudas existentes y honrar así la memoria de los dos disidentes fallecidos".
El grupo de preguntas concluye con una muy concreta: Interpela al Gobierno sobre si ha contactado o piensa hacerlo tanto con la hija de Oswaldo Payá, Rosa María, como con el propio Carromero para conocer más detalles sobre su versión de los hechos.
No es la primera vez que UPyD coloca al Ejecutivo español en una situación incómoda. El pasado 28 de febrero García Margallo tuvo que reconocer que La Habana quiso utilizar a Carromero como pieza cambio, para que España apoyara la modificación de la Posición Común de la Unión Europea sobre Cuba.
El canciller, que comparecía ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, dijo que el gobierno se negó y que no ha habido ningún tipo de «contraprestación» al régimen castrista para conseguir el traslado de Carromero a España.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores guardó silencio cuando la diputada de UPyD Irene Lozano, lo mismo que el portavoz de CiU Jordi Xuclá, le preguntaron si el Gobierno da por buena la versión oficial de las autoridades cubanas o apoyará una investigación internacional independiente sobre los sucedido, como reclama la familia Payá.
Durante esa sesión Lozano acusó al Ejecutivo de «dar cobertura internacional a la versión oficial cubana».
El juicio celebrado a Carromero el 5 de octubre de 2012 fue avalado por el ejecutivo español a pesar de que el abogado de la familia de Carromero , José María Viñals Camallonga, cuestionó el procedimiento legal en el marco de las normas jurídicas españolas y de la Unión Europea.internacionales.
“Si analizamos el proceso desde un prisma jurídico español o de una jurisdicción de la Unión Europea, podemos decir que no se habría cumplido con el principio de contradicción", dijo Viñals, director de Operaciones Internacionales de la firma Lupicina Abogados, quien coordinó la defensa de Carromero, realizada por los letrados cubanos Dorisbel Rojas y su asistente Alejandro Millares.
“La defensa, tal y como prevé la normativa cubana, no pudo acceder a las pruebas (coche accidentado, huellas del derrape, señales de tráfico y otras pruebas relevantes) ni presentar informes periciales propios. Estuvimos a lo dicho por las autoridades policiales y forenses locales que, a su vez, fueron coordinadas por la fiscalía”, declaró Viñals en una entrevista concedida al diario español ABC el pasado 29 de diciembre.
