Las autoridades de Bielorrusia han desatado “una represión sistemática y generalizada contra abogados que representan a clientes en casos de motivación política o que arrojan luz sobre abusos contra los derechos humanos”, señalaron varias organizaciones civilistas.

En un informe de 95 páginas, Human Rights Watch, la Asociación Bielorrusa de Abogados de Derechos Humanos y el Proyecto Derecho a la Defensa documentan la toma casi completa de la profesión legal por parte del gobierno de Bielorrusia y la represión contra los abogados de derechos humanos por parte del gobierno de Alexander Lukashenko.

"Al tomar represalias sistemáticas contra abogados y abogadas de derechos humanos, socavar sus derechos y violar los derechos de sus clientes en casos de motivación política, las autoridades bielorrusas han convertido el sistema judicial en una burla de la justicia y han privado a la población bielorrusa de su derecho a un juicio justo y a la igualdad de protección ante la ley", ha manifestado Anastasilia Kruope, investigadora adjunta para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Bielorrusia debe poner fin a los enjuiciamientos de abogados por motivos políticos y restablecer la independencia de la profesión jurídica."

Entre septiembre de 2023 y abril de 2024, Human Rights Watch entrevistó a 19 abogados bielorrusos y analizó las publicaciones de los colegios de abogados durante los últimos tres años.

Junto con la Asociación Bielorrusa de Abogados de Derechos Humanos y el Proyecto Derecho a la Defensa, Human Rights Watch también analizó más de 140 casos de abogados que perdieron sus licencias y detectó un patrón de revocación de licencias arbitrarias y políticamente motivadas.

“Los ataques del gobierno contra los abogados de derechos humanos forman parte de una represión más amplia dirigida por el gobierno contra cualquier forma de disidencia, que se extendió por el país en el período previo y posterior a las elecciones presidenciales de 2020 y las protestas públicas masivas contra las medidas de Lukashenko para asegurar la presidencia por sexto mandato consecutivo”, subrayó Human Rights Watch.

En sus informes de 2023 y 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades bielorrusas, como parte de sus esfuerzos por eviscerar todas las formas de disidencia, "pueden constituir crímenes de lesa humanidad", incluido el "crimen de persecución".

En Bielorrusia, indicó Human Rights Watch, los abogados son un salvavidas para sus clientes que son procesados por el ejercicio pacífico de sus derechos o por intentar proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“En estos casos, los clientes se enfrentan a graves violaciones de derechos, como tortura y otras formas de malos tratos, y a menudo se encuentran recluidos en condiciones más duras que el resto de la población penitenciaria”, precisó la ONG.

Los actores internacionales deben pedir a las autoridades bielorrusas que cumplan con sus obligaciones internacionales, dejen de utilizar el poder judicial como herramienta represiva, liberen a todos los presos políticos y garanticen que los abogados bielorrusos no enfrentan obstáculos para llevar a cabo sus deberes profesionales en el mejor interés de sus clientes, agregó.

El director de cine iraní Mohammad Rasoulof, que huyó de una condena a prisión y flagelación en su país de origen, fue galardonado con un premio especial del jurado en el Festival de Cine de Cannes por su historia de un investigador judicial cuya vida familiar se ve destrozada durante las protestas antigubernamentales, informó Radio Europa Libre/Radio Libertad (RFE/RL).

Al aceptar el premio en la ciudad turística francesa, Rasoulof, de 51 años, dijo que su corazón estaba con su equipo de filmación, que "todavía estaba bajo la presión de los servicios secretos en Irán".

El premio especial del jurado fue otorgado a Rasoulof por "llamar la atención sobre la injusticia insostenible" en Irán, dijeron los organizadores después de que la proyección de la película, "La Semilla del Higo Sagrado" ("The Seed of the Sacred Fig"), provocara una ovación de 12 minutos.

El máximo galardón del festival, por su parte, fue para la película Anora, un sensual drama y comedia sobre una bailarina exótica que se involucra con el hijo de un oligarca ruso.

Antes, en una conferencia de prensa, Rasoulof recordó cómo tuvo que decidir en cuestión de horas si se exiliaba o cumplía una condena de prisión, y dijo que todavía era difícil hablar de ello.

"Tuve que decirme a mí mismo, bueno, ¿quiero estar en prisión, o debo dejar Irán, el Irán geográfico, y unirme al Irán cultural que existe más allá de sus fronteras?", dijo Rasoulof, quien es un crítico abierto de la represión en Irán y ha cumplido dos veces condenas de prisión.

El poder judicial de Irán condenó a Rasoulof a flagelación y ocho años de prisión tras ser declarado culpable de "colusión contra la seguridad nacional", dijo el 8 de mayo su abogado, Babak Paknia.

Los detalles de su fuga de Irán no se conocen del todo. Dijo que la acción fue planeada utilizando los contactos que había hecho durante sus estadías en prisión.

"Cuanto más tiempo pasas con los interrogadores, la policía secreta, más aprendes a frustrarlos", dijo a la agencia de noticias AFP en Cannes.

"Te muestran tus correos electrónicos, para que aprendas a escribirlos. Te muestran tus estados de cuenta bancarios, para que sepas cuándo no deberías haber usado tu tarjeta de crédito".

Rasoulof dijo que también se le ocurrió la idea de "The Seed of The Sacred Fig" mientras estaba en prisión.

Los defensores de los derechos humanos occidentales y los grupos de la industria cinematográfica condenaron las acciones de Irán contra Rasoulof y exigieron su liberación.

Rasoulof ganó el máximo galardón del Festival de Cine de Berlín en 2020 por su película "There Is No Evil", que cuenta cuatro historias vagamente conectadas con los temas de la pena de muerte en Irán y las libertades personales bajo opresión.

"También estoy muy triste, profundamente triste, de ver el desastre que vive mi pueblo todos los días... el pueblo iraní vive bajo un régimen totalitario", dijo en Cannes.

(Radio Europa Libre, AFP, Variety)

Mientras el gobierno cubano decretaba duelo oficial por la muerte del presidente de Irán, Seyyed Ebrahim Raisí, Amnistía Internacional recordaba cómo Raisí atropellaba los derechos básicos del pueblo iraní desde que asumió importantes cargos en el gobierno hace más de cuatro décadas.

La muerte del presidente Ebrahim Raisí “no debe negar al pueblo de Irán su derecho a la justicia, la verdad y la reparación por el sinfín de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas desde la década de 1980, durante el tiempo en que Raisí fue escalando en el poder”, afirmó Amnistía Internacional.

Raisí ocupó importantes cargos desde 1980 y llegó a la presidencia de la nación en 2021. Durante los últimos 44 años “estuvo directamente implicado o supervisó la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales de miles de disidentes políticos en la década de 1980, así como el homicidio ilegítimo, la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura de miles de manifestantes”.

Además, estuvo involucrado en “la violenta persecución de las mujeres y niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo, entre otras graves violaciones de derechos humanos”.

“Raisí debería haber sido sometido a una investigación penal, por delitos que incluyen los crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y tortura, mientras estaba vivo”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Implicación en las matanzas penitenciarias de 1988

En 1988, Raisí fue miembro de la “Comisión de la Muerte” que llevó a cabo “desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de varios miles de disidentes políticos en las cárceles de Evin, en Teherán, y Gohardasht, en la provincia de Alborz, entre finales de julio y principios de septiembre de 1988”.

Desde entonces, “se ha negado cruelmente a supervivientes y familiares de las víctimas la verdad, la justicia y la reparación, y se les ha perseguido por pedir rendición de cuentas”, precisó Amnistía Internacional.

En mayo de 2018, Ebrahim Raisí defendió públicamente los homicidios en masa, y describió las masacres como “uno de los orgullosos logros del sistema [de la República Islámica]”.

Implicación en la represión mortal de las protestas

Amnistía Internacional también recordó que durante las décadas en que Raisí ocupó cargos políticos, incluido el de presidente de la Magistratura desde 2019 hasta 2021, “el poder judicial de Irán fue un impulsor clave de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y sometió a decenas de miles de personas a detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, juicios flagrantemente injustos y castigos que violaban la prohibición de la tortura y otros malos tratos, como la flagelación, la amputación y la lapidación”.

Bajo su mandato, “el poder judicial otorgó impunidad total a autoridades del gobierno y fuerzas de seguridad sospechosas de ser penalmente responsables del homicidio ilegítimo de centenares de hombres, mujeres, niños y niñas y de someter a cientos de manifestantes a detenciones arbitrarias masivas y como mínimo a cientos de ellos a desaparición forzada, y a tortura u otros malos tratos durante las protestas que tuvieron lugar en todo el país en noviembre de 2019 y después de ellas”.

Como presidente de Irán y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional durante el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de septiembre-diciembre de 2022, “Raisí alabó y supervisó la violenta represión, por parte de las fuerzas de seguridad, de las protestas que recorrieron el país, una represión que condujo al homicidio ilegítimo de centenares de manifestantes y transeúntes, causó heridas a miles más y provocó la tortura y otros malos tratos, incluida la violación y otras formas de violencia sexual, de manifestantes a quienes se había detenido”.

Implicación en el terrible aumento de las ejecuciones

Tras la llegada de Raisí a la presidencia en 2021, se incrementó “el uso de la pena de muerte en una renovada guerra contra las drogas. Desde entonces, las ejecuciones aumentaron enormemente, hasta culminar en la ejecución de al menos 853 personas en 2023: un aumento del 172% desde 2021”.

“Este terrible aumento de las ejecuciones”, señaló Amnistía Internacional, “se debió en gran parte a una vuelta a una letal política antidroga que, en 2023, dio lugar a que las autoridades llevaran a cabo al menos 481 ejecuciones relacionadas con las drogas: un aumento del 264% desde 2021”, indicó la organización.

En diciembre de 2022, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley basado en las instrucciones de Raisí que, de ser aprobado, “ampliará el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas”.

El 8 de enero de 2024, la Comisión Jurídica y Judicial del Parlamento aprobó los principios generales del proyecto de ley.

Bajo la supervisión de Raisí como presidente del país y de la Magistratura, “las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.462 personas en todo Irán”.

Implicación en el ataque violento contra los derechos de las mujeres

En 2022, señaló la organización, “Ebrahim Raisí orquestó un cumplimiento más estricto de las leyes que imponían la obligatoriedad del uso del velo, con unas acciones que culminaron en la muerte bajo custodia de Mahsa/Jina Amini en septiembre, unos días después de haber sido violentamente detenida por la policía de la moral iraní entre informes fidedignos de tortura y otros malos tratos. Esta muerte provocó el levantamiento ‘Mujer Vida Libertad’ y su posterior y mortífera represión.

Desde el levantamiento, “las autoridades iraníes, bajo la presidencia de Ebrahim Raisí y diversos órganos ejecutivos bajo su mando, como el Ministerio del Interior, han perseguido a mujeres y niñas en una violenta campaña de opresión para hacer cumplir las degradantes y discriminatorias leyes iraníes sobre el uso obligatorio del velo”.

“El legado de Ebrahim Raisí es un crudo recordatorio de la crisis de impunidad en Irán, donde aquellos sobre quienes pesa una sospecha razonable de que han cometido crímenes de derecho internacional no sólo eluden su responsabilidad sino que además son recompensados con alabanzas y altos cargos dentro de la maquinaria de represión de la República Islámica que, sin unas reformas fundamentales constitucionales, legislativas y administrativas, continuará”, ha manifestado Diana Eltahawy.

La presencia de tropas cubanas al servicio de Rusia fue denunciada durante el Europe Liberty Forum, celebrado esta semana en Madrid, España, donde se congregaron cientos de representantes conservadores y libertarios de 43 países.

El parlamentario ucraniano Maryan Zablotsky se refirió en el evento a “la plena participación del régimen castrocomunista en la invasión genocida rusa contra Ucrania” a través del envío de tropas mercenarias, campañas diplomáticas e información clandestina, según dio a conocer un comunicado de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

El diputado reveló que “la inteligencia ucraniana” tiene “fuertes indicios” de que el “régimen Comunista de Cuba llevó a cabo campañas clandestinas de influencia e información contra la ayuda americana a Ucrania".

El líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, indagó sobre el rol de la Unión Europea en esta participación cubana en la invasión a Ucrania, algo que Zablotsky valoró como una responsabilidad indirecta, pues considera que el financiamiento del bloque de países europeos a Cuba de alguna manera respalda los esfuerzos de La Habana en apoyar a Rusia.

En septiembre de 2023, la Unión Europea aceptó la versión del régimen de La Habana que atribuye a una red de tráfico de personas la contratación de mercenarios cubanos para participar en la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Acogemos con beneplácito todos los esfuerzos realizados por Cuba para poner fin a estas prácticas”, dijo entonces a Martí Noticias un portavoz de la oficina de Josep Borrell.

El jefe de la diplomacia europea calificó la situación de “inaceptable”, en referencia a “cualquier intento, en Rusia o en el extranjero, de atraer engañosamente a ciudadanos cubanos o de cualquier otro país, para que se unan a la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania”.

El legislador Zablotsky opinó que se debe mantener el mismo sistema de sanciones para Cuba, Venezuela, Corea del Norte e Irán y cortar cualquier proyecto de apoyo desde la UE a estos países por su apoyo a la agresión a Ucrania.

Este mes durante una visita a Rusia, el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó total respaldo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en su invasión a Ucrania.

"Deseamos a Rusia éxito en la realización de la operación militar especial", dijo el mandatario cubano en Moscú, haciendo uso del mismo eufemismo con que la propaganda del Kremlin se ha referido desde el primer momento a su escalada militar en territorio ucraniano.

Una investigación de la BBC publicada el 4 de mayo se refiere a documentos filtrados que revelan que Rusia ha estado obligando a ciudadanos cubanos a ingresar en las Fuerzas Armadas rusas con promesas salariales de aproximadamente 2.000 dólares y la posibilidad de naturalización.

Según la BBC, cientos de cubanos supuestamente se han unido a las Fuerzas Armadas de Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 y algunos recibieron los pasaportes rusos a los pocos meses de alistarse.

​El ejército chino inició el viernes su segundo día de maniobras bélicas en torno a Taiwán, con ejercicios para poner a prueba su capacidad de "tomar el poder" y controlar zonas clave, ejercicios que, según ha dicho, se han puesto en marcha para castigar al presidente de Taiwán, Lai Ching-te.

Los dos días de ejercicios en el estrecho de Taiwán y en torno a grupos de islas controladas por Taiwán cerca de la costa china comenzaron sólo tres días después de la toma de posesión de Lai.

China, que considera Taiwán, gobernado democráticamente, como territorio propio y denuncia a Lai como "separatista", censuró su discurso de investidura del lunes, en el que instó a Pekín a poner fin a sus amenazas y afirmó que las dos orillas del estrecho "no están subordinadas la una a la otra".

El Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación dijo en un breve comunicado que sus fuerzas continuaron el viernes con sus ejercicios, denominados "Espada Conjunta - 2024A".

El objetivo de los ejercicios es "poner a prueba la capacidad de tomar el poder conjuntamente, lanzar ataques conjuntos y ocupar zonas clave".

Lai ha ofrecido en repetidas ocasiones mantener conversaciones con China, pero ha sido rechazado. Afirma que sólo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro y rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín.