Sumario
- Yasiel Puig enfrenta dos procesos judiciales en EEUU: una causa federal por apuestas deportivas y un proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 presentado el 2 de julio.
- La disputa financiera se centra en dos propiedades en Miami vinculadas a empresas administradas por Puig, incluida una vivienda en Pinecrest valorada en unos $6.84 millones.
Yasiel Puig atraviesa dos procesos judiciales distintos en Estados Unidos. Mientras espera conocer qué sentencia recibirá después de haber sido declarado culpable en un caso federal relacionado con una investigación sobre apuestas deportivas, el exjardinero cubano también intenta reorganizar sus finanzas tras declararse en bancarrota el pasado 2 de julio.
Según documentos judiciales revisados por Martí Noticias, Puig se acogió al Capítulo 11 de la ley federal de bancarrota, un procedimiento que le permite intentar reorganizar sus deudas mientras mantiene determinadas protecciones frente a sus acreedores. El caso fue presentado inicialmente en Fort Myers y posteriormente trasladado a Miami.
Desde entonces, una parte importante del proceso se ha concentrado en dos propiedades pertenecientes a compañías vinculadas al pelotero. La principal es la vivienda de Pinecrest, en el sur de Miami, donde Puig declaró que residía al momento de presentar la bancarrota. El inmueble está registrado a nombre de Moss Ranch LLC, una compañía administrada por el cubano, y tiene un valor de mercado aproximado de $6.84 millones.
En marzo de 2025, Moss Ranch recibió un préstamo de $7 millones de Precedent Asset Management-4B. Los documentos muestran que Puig garantizó personalmente las obligaciones de ese préstamo.
El acreedor sostiene que la cantidad pendiente había aumentado hasta aproximadamente $8.8 millones cuando comenzó la bancarrota. El cálculo incluye el dinero prestado, intereses, seguros, cargos por demora y gastos legales. Precedent aseguró además en documentos presentados ante el tribunal que los intereses por incumplimiento continuaban acumulándose a razón de aproximadamente $4,666.66 diarios. Tanto los casi $8.8 millones como el cálculo de esos intereses corresponden a lo reclamado por el acreedor y no a una cantidad que un juez haya determinado definitivamente como deuda de Puig.
Precedent intenta recuperar la propiedad mediante una ejecución hipotecaria y acudió al tribunal de bancarrota para determinar si podía continuar el proceso a pesar de que Puig se había acogido al Capítulo 11.
El juez federal Peter D. Russin determinó que sí. En una orden registrada el 11 de agosto, estableció que Moss Ranch no se había declarado en bancarrota y que, por tratarse de una compañía separada, la protección personal de Puig no impedía continuar el proceso contra la propiedad.
El juez también criticó una notificación presentada en el proceso hipotecario que hacía referencia tanto a Puig como a Moss Ranch. Russin consideró que había sido preparada de una manera “intencionalmente engañosa, en el mejor de los casos” y cuestionó la investigación realizada por el abogado del exjugador antes de presentarla.
La decisión permite al acreedor continuar con la ejecución hipotecaria y avanzar hacia una eventual venta judicial de la vivienda. Sin embargo, la orden no permite que Precedent cobre directamente a Puig los casi $8.8 millones mientras continúe vigente la protección de su bancarrota personal.
Existe además una segunda propiedad en Miami perteneciente a otra compañía relacionada con Puig. Atomic Loans LLC mantiene otro proceso de ejecución hipotecaria y también recibió autorización judicial para continuar.
El 7 de agosto, el mismo juez determinó que la bancarrota personal de Puig tampoco impedía avanzar contra esa compañía y su inmueble. En cuestión de días, dos acreedores consiguieron así decisiones que les permiten continuar procesos contra propiedades pertenecientes a empresas vinculadas al exjugador.
Todavía no existe una radiografía completa de las finanzas de Puig. Aunque en su petición inicial colocó sus activos y deudas dentro de amplios rangos, no presentó inicialmente todos los documentos en los que debe detallar sus propiedades, ingresos, gastos y obligaciones, y posteriormente solicitó más tiempo para completar esa información.
Hasta el 11 de agosto, los documentos judiciales revisados por Martí Noticias todavía no mostraban esa información financiera detallada.
Todo ocurre mientras Puig espera el desenlace de otro proceso federal completamente separado. El cienfueguero fue declarado culpable el pasado 6 de febrero, después de un juicio de 12 días, de obstrucción de la justicia y de ofrecer declaraciones falsas a investigadores federales en un caso relacionado con una operación ilegal de apuestas deportivas.
Los fiscales federales han solicitado una condena de 18 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $55,200. La defensa de Puig ha pedido que no sea enviado a prisión.
Mientras espera conocer su sentencia en ese caso, el cubano deberá continuar atendiendo también su proceso de bancarrota. La reunión con sus acreedores está programada para el 24 de agosto, mientras que el plazo actualmente establecido para presentar su propuesta de reorganización financiera llega hasta el 30 de octubre.