Sumario
- Su esposa denunció que le impusieron una sanción por "desorden penitenciario", figura que no existe formalmente en el Código Penal cubano.
- En su nuevo régimen —reservado para condenados a cadena perpetua— enfrentará segregación, vigilancia estricta y visitas restringidas a cada tres o cinco meses.
El preso político José Antonio Pompa López fue trasladado dentro de la cárcel de Agüica a un régimen de mayor severidad tras protestar por la falta de agua y el maltrato físico contra otro recluso.
“Lo pusieron en celda de castigo y, después, le impusieron una sanción por desorden penitenciario”, explicó a Martí Noticias la esposa de Pompa, Suarmi Hernández.
El Código Penal cubano no contempla un delito específico llamado "desorden penitenciario". Sin embargo, cualquier alteración del orden, indisciplina grave o motín dentro de un establecimiento de reclusión es severamente sancionado bajo los delitos de Desorden Público, Atentado o Desacato.
“Cuando lo sacaron del aislamiento, lo llevaron para ‘la polaca’, donde están los sentenciados a cadena perpetua. Una injusticia más que se comete con él, porque no debe estar en ese régimen”, precisó Hernández.
En las prisiones cubanas, el régimen de seguridad incrementada, donde consumen sus vidas los sentenciados a cadena perpetua, se aplica en áreas específicas para reclusos clasificados de alta peligrosidad, condenados a prisión perpetua o con inadaptabilidad penitenciaria.
Las regulaciones principales dictan una vigilancia extrema, restricción de beneficios y segregación del resto de la población penal. Este régimen concede visitas familiares cada tres meses y conyugales cada cinco.
“Estas son violaciones que se cometen en las prisiones. El jefe de prisión que es el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez, dice que él hace lo que quiere. La vida de Pompa corre peligro porque ahí donde está puede pasar algo, conflictos internos, que lo pondrían en riesgo”, afirmó Hernández.
José Antonio Pompa López, activista y coordinador en su zona de la organización Cuba Primero, se encuentra cumpliendo una condena de ocho años de privación de libertad por los supuestos delitos de "propaganda contra el orden constitucional" y "asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas".
En 2016 cumplió una sanción por participar en una protesta frente al Capitolio de La Habana, y en 2019 fue procesado nuevamente por el cargo de desórdenes públicos.