Sumario
- Elaine Acosta, directora del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, dijo a Martí Noticias que la decisión “era algo que había que tomar hace mucho tiempo”, dado que la oferta pública de cuidados “ha sido insuficiente por muchos años".
- Acosta advierte que el principal obstáculo será el costo. “Más del 80% de la población mayor vive única y exclusivamente de sus pensiones”, recordó.
El régimen cubano ha autorizado a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) abrir y gestionar residencias para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. El Acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial, llega en un contexto en el que el 25.7% de la población cubana tiene 60 años o más y el envejecimiento avanza aceleradamente.
Elaine Acosta, directora del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, dijo a Martí Noticias que la decisión “era algo que había que tomar hace mucho tiempo”, dado que la oferta pública de cuidados “ha sido insuficiente por muchos años, cada vez más insuficiente y de muy baja calidad”.
Hasta ahora, explicó, el cuidado estaba prácticamente en manos del Estado, aunque algunas organizaciones religiosas ya gestionaban residencias de larga duración. Con la nueva normativa, se abre formalmente la posibilidad a emprendedores privados.
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Especialista reacciona a anuncio del régimen sobre autorización a privados a abrir residencias para ancianos
Sin embargo, Acosta subrayó que la medida llega “en un momento tan crítico para la situación del país” que plantea serias interrogantes. “Aquí el reto no es solo ampliar la oferta, sino cómo garantizar equidad en el derecho al cuidado y transparencia en la asignación de licencias e inmuebles”, afirmó.
El acuerdo establece que el 10% de las plazas en estas residencias deberá destinarse a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Pero la experta cuestiona cómo se implementará esa disposición. “¿Con qué criterios se van a definir esos casos? ¿Cómo vamos a poder garantizar transparencia en la asignación?”, aludiendo a la discrecionalidad política y la burocratización que caracterizan al sistema social cubano.
Desde la perspectiva de la demanda, Acosta advierte que el principal obstáculo será el costo. “Más del 80% de la población mayor vive única y exclusivamente de sus pensiones”, recordó.
“La ampliación de la oferta es necesaria, pero sin reglas claras, control institucional y garantía efectiva de derechos, la desigualdad en el acceso al cuidado puede profundizarse”, señaló.
Para la directora de Cuido 60, el desafío estructural va más allá de permitir la participación privada. “El derecho al cuidado no puede depender única y exclusivamente del poder adquisitivo de las personas mayores”, afirmó, especialmente cuando el propio Estado ha visto deteriorarse las condiciones de vida de este grupo poblacional.
La medida, concluye Acosta, es un paso necesario, pero “tardío”.