El Movimiento San Isidro (MSI) hizo un llamado este viernes a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet a que aborde la situación de las personas detenidas tras las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba.
Este reclamo se suma al de otros grupos defensores de derechos humanos quienes solicitan al máximo organismo internacional en esta materia que investigue a profundidad lo que sucede en la isla.
Desde el #MSI le solicitamos a la Alta Comisionada para los DDHH @mbachelet que incluya en las reuniones sobre ddhh, la situación de #Cuba a raíz de las protestas del #11J
— Movimiento San Isidro (@Mov_sanisidro) September 9, 2021
El Centro de Asesoría Legal Cubalex considera que la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, prevista para el próximo 13 de septiembre, debe incluir a la situación de Cuba como uno de los países con graves violaciones de derechos humanos que requiere inmediata atención.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, se sumó a la solicitud del Movimiento San Isidro.
"Este lunes 13 de septiembre, Bachelet actualizará al Consejo de DDHH en Ginebra sobre la situación de DDHH a nivel global. ¿Incluirá una referencia a la represión de las protestas pacíficas y las restricciones a libertad de expresión online en Cuba?", se preguntó Vivanco.
Este lunes 13 de septiembre, @mbachelet actualizará al Consejo de DDHH en Ginebra sobre la situación de DDHH a nivel global. ¿Incluirá una referencia a la represión de las protestas pacíficas y las restricciones a libertad de expresión online en Cuba? https://t.co/ddNNeiGhFq
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) September 10, 2021
El pasado 16 de julio, la Alta Comisionada hizo un llamado a la urgente liberación de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica o a la libertad de opinión y expresión.
"Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas", dijo entonces la funcionaria chilena y agregó que era "especialmente preocupante" que entre los detenidos hubiera "personas presuntamente incomunicadas y personas cuyo paradero se desconoce".
Esta semana el Directorio Democrático Cubano (DDC) criticó que Bachelet no haya emitido una “declaración de condena” o “iniciado una investigación” por las violaciones que se le atribuyen al régimen cubano en contra de la población el pasado 11 de julio.
"Sra. Alta Comisionada, las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba han documentado más de 1,000 personas arrestadas por simplemente ejercer el derecho, internacionalmente reconocido, de manifestarse pacífica y públicamente para expresar sus opiniones. Es inaceptable que usted y su oficina, la más alta instancia mundial en materia de derechos humanos, mantenga un silencio que puede interpretarse como cómplice de los ejecutores. Somos respetuosos de las opiniones políticas personales, pero quien ocupa una posición como la suya, en una institución mundial, tiene que comportarse profesionalmente y colocar a un lado sus preferencias políticas o ideológicas. Hechos como éste, su silencio e indiferencia ante las atrocidades en Cuba, son los que han trivializado el tema de los derechos humanos y lo ha degradado en importancia y respetabilidad. Esperamos que usted reconsidere su actitud, tome las medidas apropiadas y actúe a la altura de la alta posición que ocupa", indica una carta enviada por el Directorio Democrático Cubano a Bachelet.
También en julio, Cuban Prisoners Defenders solicitó a Naciones Unidas el envío a la isla de expertos sobre libertad de expresión, manifestación, desaparición forzosa y tortura, entre otros.
"Cursamos una carta oficial a Michelle Bachelet y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para describir la situación caótica y criminal que sufre la población cubana", explicó Javier Larrondo, presidente de la organización.
La petición se basa en la situación de "incomunicación y privación de libertad de buena parte de los defensores de derechos humanos, relatores y prensa independiente en Cuba".
"Todo ello hace inviable que se conozca la situación. Y cuando un caso así es tan evidente, Naciones Unidas puede enviar a sus mandatos y relatorías para conocer la situación sobre el terreno, en condiciones naturales", apuntó el activista en declaraciones a Radio Televisión Martí.