Sumario
- Un juez federal concedió 314 millones de dólares en indemnizaciones a tres estadounidenses que estuvieron detenidos y sufrieron torturas durante el gobierno de Maduro en Venezuela
- Los tres estadounidenses habían sido liberados en 2023 por el régimen de Maduro a cambio de la libertad de Alex Saab, el empresario que servía como testaferro del entonces gobernante de Venezuela.
- En el 2025, los estadounidenses demandaron a varios funcionarios venezolanos a los que acusaron de someterlos a torturas físicas y psicológicas.
El juez federal Darrin P. Gayles, en Miami, concedió este martes 314 millones de dólares en indemnizaciones a los estadounidenses Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes estuvieron encarcelados y fueron presuntamente torturados por lo que el magistrado llamó una “empresa criminal” encabezada por el entonces gobernante venezolano, Nicolás Maduro, según reportó la agencia AP.
En 2023, el régimen de Maduro liberó en 2023 a estos tres estadounidenses a cambio de la libertad de Alex Saab, el empresario que, de acuerdo con funcionarios norteamericanos, servía como testaferro del gobernante venezolano, y que esperaba un juicio en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
Los estadounidenses demandaron en el 2025 a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos a la actual presidenta en funciones Delcy Rodríguez, a los que acusaron de someterlos a torturas físicas y psicológicas, como descargas eléctricas, posiciones de estrés y golpizas, las cuales, según esas acusaciones, continúan provocándoles angustias y traumas a ellos y a sus familias.
Actualmente, la Corte Penal Internacional investiga acusaciones similares de abusos, de acuerdo con el reporte de AP.
La sentencia del juez Gayles, en Miami fue contra Maduro, Saab y otros cinco acusados individuales, así como contra el “Cartel de los Soles”.
El informe de AP dijo que la presidente encargada Delcy Rodríguez no fue incluida en el fallo tras la comparecencia en abril de sus abogados para que se desestimara esa demanda bajo los argumentos de que, como jefa de Estado reconocida, tiene inmunidad ante acciones civiles en Estados Unidos, un argumento que los tres estadounidenses demandantes impugnan.