Sumario
- En medio del colapso de servicios, la caída abrupta de visitantes y la salida repentina de cadenas internacionales como Meliá, un exhaustivo informe laboral exige cambios inmediatos para proteger los activos del turismo y los derechos de sus trabajadores.
- El informe pide administración temporal profesional, auditorías, mantenimiento mínimo, retención de personal esencial y reformas legales para permitir contratación directa, salario íntegro y libertad sindical.
El turismo en Cuba atraviesa una de las crisis más severas de su historia. Tras años de enmascarar deficiencias estructurales bajo la promoción del modelo de "sol y playa", un informe publicado por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales (ODLS), en cooperación con la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), revela que el sector enfrenta una parálisis profunda inducida por la falta de inversión en infraestructura básica, la opacidad contractual y una persistente vulneración de los derechos laborales.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), recopilados hasta diciembre de 2025, muestran que la Isla recibió 1.810.663 visitantes internacionales, cifra que apenas alcanza el 82,2% de lo registrado en 2024.
Este desplome de casi 400.000 viajeros refleja no solo un problema coyuntural, sino una contracción de la demanda turística que aleja a Cuba de los niveles de recuperación del resto del Caribe, destaca la investigación.
En el primer semestre de 2026 llegaron solo 387.591 visitantes, un 60,7 % menos que en el mismo período del año anterior. La ocupación hotelera del primer trimestre de 2026 cayó al 12,9 %, frente al 23,7 % de un año antes, según las cifras oficiales.
Las causas de este hundimiento son el deterioro interno, debido a los apagones, las fallas en agua e higiene, la debilidad en la cadena de suministros y la inseguridad jurídica, sumados a factores externos como las sanciones, los costos aéreos y fuerte competencia regional, apunta el estudio.
El síntoma más claro del agotamiento del modelo bajo control estatal centralizado ocurrió en julio de 2026, cuando Meliá Hotels International comunicó formalmente la terminación de sus servicios de gestión en sus 34 establecimientos en la Isla, registrando pérdidas por 7,5 millones de euros atribuidas a las dificultades operativas, legales y financieras para operar en el país.
En este sentido, el informe advierte que la retirada de firmas internacionales deja al descubierto activos sin mantenimiento, interrumpe los canales de comercialización globales y amenaza con golpear con mayor fuerza a las familias dependientes del sector turístico formal e informal.
En conversación con Martí Noticas, el economista Joel Brito, representante en el exterior de la ASIC, sugirió la implementación de medidas de urgencia en los inmuebles afectados.
"Una administración temporal profesional. Que cada hotel debe quedar inmediatamente bajo unidad gestora de transición independiente del antiguo operador y una auditoría”, propuso el experto.
“Sería básico, fundamental, que se conozcan los resultados económicos y si existió algún desvío de recursos, un diagnóstico técnico de forma inmediata en los próximos 30 días, un mantenimiento mínimo obligatorio para evitar el deterioro acelerado de las instalaciones, y la retención de una plantilla esencial", apuntó.
Brito subrayó la importancia de mantener la capacidad técnica mínima en las instalaciones para "garantizar la seguridad y todos los sistemas de climatización que van a sufrir un deterioro brutal debido a estos cierres".
Además, crear un fondo temporal de preservación financiera para sostener el empleo y difundir de forma diáfana cualquier hallazgo negativo derivado de las auditorías.
La marcada concentración de mercados, en la que Canadá se mantiene como el principal emisor, seguido por la comunidad cubana en el exterior, Rusia, Estados Unidos y México, expone la extrema fragilización del modelo turístico cubano, que depende desproporcionadamente de un puñado de actores.
Al concentrar la mayor parte de su demanda en este reducido grupo, el destino queda sumamente expuesto ante cualquier alteración en las rutas aéreas, las políticas migratorias o las regulaciones de viaje de estos países.
Más allá del saldo económico, el estudio sitúa el foco en la vulnerabilidad de los trabajadores turísticos. Bajo el esquema legal vigente, la intermediación estatal obligatoria retiene la mayor parte de los salarios pactados en divisas con empresas extranjeras, perpetuando una grave distorsión salarial y bloqueando el ejercicio directo de la libertad sindical.
Respecto al marco legal que sostiene esta intermediación, principalmente la Ley 118 y la Resolución 16 de 2014, Brito enfatizó la necesidad de un cambio de fondo y no una simple eliminación de trabas:
"La contratación directa no se consigue simplemente eliminando la entidad empleadora, requiere trasladar ordenadamente al hotel o empresa las obligaciones que son la contratación, el pago de salario, la seguridad social, la disciplina y las soluciones de las reclamaciones que evidentemente en Cuba tienen que haber surgido en el proceso de cierre de las instalaciones hoteleras", dijo.
El representante de la ASIC aboga por una reforma legal inmediata que establezca la sustitución automática del empleador y la conservación íntegra de los derechos adquiridos.
"No es solamente coger al trabajador y expulsarlo, sino tener en cuenta que este trabajador tiene una antigüedad, tiene familia, tiene vacaciones acumuladas, salario no pagado y prestaciones. Todo esto debe quedar en un contrato por escrito y transparente, con un salario íntegro y comprobable pagado directamente por la empresa, libertad de negociación, convenios colectivos de trabajo y representación sindical independiente", señaló.
Para frenar el deterioro, el ODLS propone una hoja de ruta estratégica. La prioridad inmediata exige congelar las inversiones en megaproyectos desvinculados de la realidad económica y poner en marcha un censo auditado de instalaciones, garantizando mecanismos de contratación directa, monitoreo de capacidad de carga ambiental y gobernanza local participativa.
El potencial de los activos culturales y naturales de la Isla sigue intacto; sin embargo, los analistas coinciden en que cualquier intento de reactivación será frágil si no se edifica sobre la transparencia, el respeto al trabajo digno y la modernización institucional de su planta turística.