La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), con sede en Miami, ha divulgado un comunicado de prensa enfocado en la inaceptabilidad de ciertos hechos y argumentos oficiales y las responsabilidades que atañen a Cuba y Estados Unidos en el caso de 21 diplomáticos estadounidenses, víctimas de sigilosos ataques a su integridad física en La Habana, así como los derechos de estos.
El Departamento de Estado ha reiterado a La Habana "la urgente necesidad de identificar la causa de estos incidentes y asegurar que cesen".
En una reunión con el canciller cubano Bruno Rodríguez, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, "transmitió la gravedad de la situación y subrayó las obligaciones de las autoridades cubanas de proteger al personal de la Embajada y a sus familias, conforme la Convención de Viena", dijo a la prensa la portavoz Heather Nauert.
A continuación, el texto completo del comunicado de la FRHC:
COMUNICADO DE PRENSA
Septiembre 27,2017
LA RESPONSABILIDAD POR LO OCURRIDO A LOS DIPLOMÁTICOS EN CUBA
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba cree su deber denunciar no solo los abusos que se cometen contra ciudadanos cubanos en la isla, sino también contra extranjeros, incluido el cuerpo diplomático.
En ese sentido FHRC desea condenar sin ninguna vacilación el daño provocado a la salud de más de dos decenas de diplomáticos estadounidenses y varios canadienses por más de 50 ataques acústicos desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017 según se conoce hasta ahora.
Sobre estos hechos FHRC desea puntualizar los cuatro puntos siguientes:
1 La inaceptabilidad de la tesis de que haya sido un tercer actor. En las circunstancias de chequeo total (visual, físico, digital, telefónico, auditivo) al que están sometidos estos diplomáticos las 24 horas del día los siete días de la semana, resulta imposible que terceros actores hayan actuado de forma independiente por más de nueve meses en más de dos decenas de residencias y hoteles, sin ser detectados.
2. La inaceptabilidad de que estos hechos sean diluidos, minimizados, acallados por el Departamento de Estado y cualquier otra agencia que tenga relación con su investigación. Han sido gravemente afectados durante un extenso periodo de tiempo más de 21 diplomáticos de Estados Unidos y Canadá, algunos con daños permanentes, a los que el gobierno cubano estaba en la obligación de proteger según los artículos 29 y 30 de la Convención de Viena de 1961 de la cual es signataria.
3. La inaceptabilidad de que se permita al agresor evadir el escándalo y escapar de sus consecuencias políticas, diplomáticas y financieras. El gobierno cubano debe ser objeto de posibles acciones de respuesta seleccionadas en el amplio abanico de medidas del que disponen los Estados Unidos para casos como estos, entre las cuales pudieran estar las siguientes:
a) cierre de embajadas y/o retornarlas al estatus de secciones de intereses y consulado,
b) expulsión de diplomáticos (al menos en el mismo número de aquellos que fueron afectados por las acciones cubanas),
c) retirada de embajadores de ambas capitales,
d) demanda legal de indemnización a las víctimas bien sea tramitada de manera institucional, colectiva por los afectados, por el American Foreign Service Association (AFSA), o de manera individual por cada afectado que desee hacerlo.
4. La inaceptabilidad de que se diluya la responsabilidad legal del victimario y que por ello las víctimas no sean recompensadas ni la verdad llegue a ser reconocida. El gobierno cubano sí ha ejercido “medidas activas” contra diplomáticos extranjeros de otras naciones provocándoles accidentes automovilísticos del mismo modo que ha acosado a los diplomáticos estadounidenses y sus familias. Pero lo sucedido –si es pasado por alto- sentaría una “nueva normalidad” en el nivel de acomodo de las acciones de la contrainteligencia cubana en un afán irracional por mantener las supuestas “buenas relaciones” alcanzadas bajo el Presidente Obama.
La generosidad mostrada por Washington no impidió que desde que se iniciara el “deshielo” el gobierno cubano enviara el mayor contrabando de armas a Corea del Norte, se apoderara por casi un año de un misil Hellfire de la Fuerza Aérea de EEUU, permitiera el retorno de los barcos espías rusos a la isla y se comprometiera a fondo en la defensa del narco-estado venezolano proveyendo a la mafia gobernante de aquel país con una intervención directa de represores, así como de asesores militares y de inteligencia.
Para que la política exterior del presidente Trump no se convierta en el hazmerreír de La Habana, Pyongyang, Caracas y Teherán, el Departamento de Estado debe responsabilizar de forma clara y final a Raúl Castro en este asunto.
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC)