Estados Unidos está "ampliando su ámbito de acción" sobre Nicaragua, señala experto

Tras la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la semana pasada y la propuesta de EEUU de convocar a los ministros de Exteriores de los estados miembros para "tomar medidas" contra el régimen de Nicaragua, se ha abierto un compás de espera en el que Washington busca sumar los apoyos necesarios para reactivar los mecanismos de acción colectiva del ente regional.

En la iniciativa presentada ante el Consejo Permanente de la OEA, y patrocinada por Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay, Costa Rica y Ecuador, el subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del hemisferio occidental, Michael Kozak, señaló que "se ha acabado el momento de hablar, es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva", pero aclaró que el texto que busca aprobar en el organismo hemisférico "no autoriza el uso de la Fuerzas Armadas".

Para el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, la iniciativa estadounidense en la OEA contra el régimen Ortega-Murillo implica que “Estados Unidos está ampliando su ámbito de acción sobre Nicaragua, abogando por una vía multilateral con cierta consideración coercitiva”.

El experto agregó que “hay muchos antecedentes en el que el liderazgo de Estados Unidos ha prevalecido, uno de estos fue la movilización en 1978 sobre Nicaragua ante la OEA demandando el cambio democrático, especialmente ante una inminente derrota militar de Somoza”.

Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, destacó a Martí Noticias las diferentes posturas de los países vecinos de Nicaragua en la OEA. “Guatemala ha sido coherente y consistente en su crítica sobre Nicaragua; El Salvador no ejerce una crítica vocal, pero deplora la dictadura; Honduras mantiene una mezcla de ‘pragmatismo primitivo’ de mantener más cercanía sobre Nicaragua por intereses económicos y Costa Rica mantiene una postura muy crítica sobre Nicaragua”.

Por su parte, un exdiplomático nicaragüense señaló en anonimato a Martí Noticias que “cada vez más países coinciden con Estados Unidos en que no solo es un problema de derechos humanos y de falta de democracia, expresando que es también un problema de seguridad para la región”.

Al respecto, Orozco señala que “es importante ser cauteloso al tratar a Nicaragua como un problema de ‘seguridad regional’, porque no es algo que compartan los países del Caribe. Ellos son alérgicos a temas de seguridad. Ese podrá ser el argumento de Estados Unidos, pero no es extensible a países geopolíticamente vulnerables”.

Recordó que la crisis del CARICOM -organización que aglutina a los países del Caribe- “explotó con el caso de Maduro frente a la ausencia de una aproximación crítica al desplazamiento armado de Estados Unidos, sin la posibilidad de ofrecer respuestas ‘colectivas’, creando un conflicto entre países miembros que se acentuó después de la extracción de Maduro”.

Por otro lado, Orozco recalcó a Martí Noticias “que Nicaragua violó el artículo 3 del TIAR -Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca- toda vez que ha violado la soberanía de estados vecinos para ejecutar a ciudadanos fuera de su territorio, ha ‘weaponized’ la migración como un arma de agresión contra otros estados”. Admitió que, si bien este “es un argumento débil”, resulta “vital para hacer ver a los países el ámbito de radicalización” del caso nicaragüense.

Opciones en el marco de la OEA

El politólogo nicaragüense subrayó que “la evolución y profundización antidemocráticas en Nicaragua, confirma que este país, al transgredir el derecho a la autodeterminación de los nicaragüenses, no solo viola el art. 23 del Pacto de San José, sino que afecta la integridad del sistema interamericano cobijada bajo el art.2, y que la legítima defensa de la inviolabilidad del derecho humano y del sufragio universal es responsabilidad de los Estados, y conforme al art. 22 de la Carta de la OEA”.

En ese sentido, señaló que es vital que cada Estado miembro de la OEA considere y decida medidas tales como “retraer sus embajadores a consulta, no participar en reuniones (de carácter cultural, económico, político, o de otra naturaleza) en las que Nicaragua esté presente, extender las medidas unilaterales implementadas por Estados miembros y observadores referentes a sanciones a individuos y entidades que han participado en violar los derechos humanos, y reconocer irrevocablemente que Nicaragua cuenta con un movimiento cívico democrático diverso, representativo y legítimo, cuya movilización política es impedida por el Estado policial que prevalece en el país”.

Riesgo de fracaso

Un exembajador nicaragüense en varios países de Centroamérica dijo a Martí Noticias en anonimato que “la OEA está viviendo una encrucijada: retoma los objetivos para los que fue creada o termina como un ente lírico incapaz de frenar el avance del totalitarismo en el continente americano”.

La fuente diplomática sostuvo que “los estados democráticos tienen la oportunidad de demostrar que son consecuentes en la defensa colectiva de la democracia haciendo alianzas con quienes tienen la capacidad necesaria de obligar al gobierno de los Ortega Murillo de responder por sus crímenes”.

Orozco, por su parte, señaló que “es importante medir la posibilidad de que no se logre llevar a cabo una reunión de cancilleres y medir bien sus implicaciones”. Consideró que aún en el caso de conseguirse los votos “en el contexto internacional actual, la probabilidad de adoptar medidas coercitivas es muy baja” por lo que “la convocatoria para realizar un rechazo interamericano representaría una victoria simbólica, pero con muy poco eco en Nicaragua”.

El politólogo apuntó que “el público nicaragüense no está pendiente de esta situación, está pendiente del día a día con su situación económica y social. Por ello, el riesgo de que esta reunión se interprete como un show más puede afectar el carácter reputacional de los grupos cívicos”. Y concluyó: “Murillo está pendiente de todo esto, pero a ella le importa lo que haga Estados Unidos, no la OEA, y unos países de Centroamérica”.