El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken subrayó que “en Cuba, los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos”, al presentar este lunes el Reporte sobre Prácticas de Derechos Humanos en el 2022.
El informe del 2022 dice que las cuestiones importantes de derechos humanos en Cuba incluyeron informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, por parte del gobierno; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y arrestos y detenciones arbitrarias.
“El 28 de marzo, la ONG Cuban Prisoners Defenders, con sede en España, presentó un informe al Comité contra la Tortura de la ONU que documenta 101 casos de tortura de prisioneros en el país”, señala el documento.
.@SecBlinken at the release of the 2022 Country Reports on Human Rights Practices: The Report makes clear that in countries across every region, we continued to see a backsliding in human rights conditions, the closing of civic space, disrespect for fundamental human dignity. pic.twitter.com/pNgtmCyks9
— Department of State (@StateDept) March 20, 2023
También mencionó serios problemas con la independencia del poder judicial, injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad, restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas; la censura, los arrestos o enjuiciamientos injustificados de los periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales contra la difamación para limitar la expresión.
“Los medios independientes El Toque, Diario de Cuba, Cubanet y 14ymedio informaron que la tendencia aumentó durante el año, y los periodistas independientes habrían tenido tres opciones: dejar de informar, abandonar el país o ir a prisión. Hasta agosto, la ONG Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa registró 409 incidentes relacionados con negaciones o restricciones a la libertad de expresión, incluidas detenciones arbitrarias, amenazas y desconexiones de Internet”, dice el reporte.
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“El gobierno trató de presionar a los activistas para que se exiliaran a fin de evitar penas extremas de prisión o amenazas a sus familias… El gobierno también prohibió la entrada al país a algunos ciudadanos y personas de ascendencia cubana que vivían en el extranjero, aparentemente con el argumento de que estos visitantes criticaban al gobierno o habían "abandonado" sus trabajos en los programas de exportación de mano de obra del gobierno, que incluían trabajadores médicos, deportistas, artistas mal pagados”, añade el reporte.
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Crean herramienta digital para denuncias de violación de derechos humanos en la isla
Entre otras violaciones a los derechos humanos en Cuba, el informe del Departamento de Estado menciona la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, restricciones graves e irrazonables a la participación política, corrupción gubernamental grave, falta de investigación y rendición de cuentas por violencia de género, incluido el feminicidio y trata de personas, incluido el trabajo forzoso, además de la ilegalización de los sindicatos independientes.
“Varios informes de grupos de defensa de los derechos de las mujeres sugirieron que los delitos contra las mujeres no se denunciaban y que el estado no investigaba muchos casos. No hubo cifras oficiales de feminicidios. Los casos incluyen el asesinato el 18 de agosto de una niña y su madre, Yodeisi Fabelo Carbaballo, en su casa en Vertientes, Camagüey. Los medios de comunicación oficiales no informaron sobre ninguno de estos asesinatos ni sobre las estadísticas de feminicidios”, señala el informe.
El reporte sobre derechos humanos subraya que “los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos.
“Como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni enjuiciaron a quienes cometieron estos abusos. La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, al igual que la impunidad de la corrupción oficial”, concluyó.