Sumario
- En sus conclusiones, la organización asegura que en Cuba la excarcelación “no es principalmente un mecanismo de garantía de derechos”, sino un instrumento de gestión política y penal, donde la libertad resulta “condicionada, reversible y vigilada”.
El centro de asesoría legal Cubalex publicó esta semana un informe especial que desmonta cómo el Estado cubano ha utilizado durante más de dos décadas la excarcelación de presos políticos como herramienta de control político en contextos de presión interna y negociaciones internacionales.
El reporte, que analiza el período entre 1998 y 2026, sostiene que muchas de las liberaciones anunciadas por las autoridades no constituyen “verdaderas excarcelaciones en sentido jurídico pleno”, sino medidas condicionadas que mantienen el control estatal sobre los liberados.
“La libertad de las personas privadas de libertad por motivos políticos se utiliza como un activo de negociación”, señala el documento.
Como ejemplo, Cubalex cita el caso del opositor Félix Navarro, de 72 años, cuya situación legal ha variado en múltiples ocasiones. Condenado en 2003 a 25 años de prisión, fue liberado tras ocho años bajo una licencia extrapenal —una figura que permite su revocación— luego de negarse a exiliarse.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, fue nuevamente condenado y excarcelado a inicios de 2025 bajo una libertad condicional, que posteriormente le fue retirada. En 2026, quedó fuera de nuevos procesos de liberación pese a su estado de salud.
Cubalex sostiene que estas prácticas responden a criterios de “selectividad”, “condicionalidad” y “filtro ideológico”, donde factores políticos pesan más que la edad o condiciones médicas de los detenidos.
El informe también denuncia una “opacidad estructural” dado que las autoridades no publican listas completas de excarcelados ni explican los criterios de selección o las condiciones legales posteriores. Esta falta de transparencia, indican, “amplía la discrecionalidad estatal y bloquea cualquier posibilidad real de rendición de cuentas”.
En sus conclusiones, la organización asegura que en Cuba la excarcelación “no es principalmente un mecanismo de garantía de derechos”, sino un instrumento de gestión política y penal, donde la libertad resulta “condicionada, reversible y vigilada”.