Cuba: Propuesta de Ley de Educación exige lealtad al régimen comunista y apego al marxismo (VIDEO)

Estudiantes conversan detrás de imágenes de Fidel Castro durante el primer día del año escolar 2026-2027, en La Habana, Cuba, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Norlys Perez

Sumario

  • El anteproyecto se presentará ante la Asamblea Nacional en diciembre y busca reorganizar el sistema educativo cubano.
  • Mientras el Gobierno lo califica como un proceso participativo y una norma destinada a orientar el futuro de la enseñanza, la activista María Elena Mir Marrero cuestiona las condiciones reales en las que estudian los niños y las deficiencias que afectan a las escuelas.

El anteproyecto de Ley de Educación que el régimen cubano prevé presentar en diciembre ante la Asamblea Nacional reconoce la libertad de expresión de los estudiantes, pero también les exige lealtad al régimen comunista de La Habana.

En un apartado denominado "Identidad de la educación cubana", el texto plantea: "El proceso educativo promueve los valores, ideales y tradiciones de la nación cubana, sobre la base del pensamiento martiano, fidelista, marxista y leninista, en correspondencia con los valores y principios establecidos en la Constitución de la República, del Estado socialista de Derecho y justicia social y el proyecto social socialista cubano".

La activista y exmaestra, María Elena Mir Marrero, durante una conversación con Martí Noticias cuestionó el documento y su alcance.

"Cuando terminé de leer el anteproyecto y llegué a la parte que dice que la educación está basada en el pensamiento martiano, fidelista, marxista y leninista, dije: 'Hasta aquí puedo llegar'", expresó.

El anteproyecto, compuesto por 243 artículos distribuidos en diez títulos, regula la educación desde la primera infancia hasta la enseñanza superior. Establece derechos y deberes para estudiantes, docentes, trabajadores del sector y familias, así como obligaciones del Estado para garantizar el acceso a la enseñanza.

Derechos estudiantiles y obligaciones ideológicas

Mir Marrero, quien ejerció como maestra, cuestionó en entrevista con Martí Noticias la orientación ideológica del texto. Aunque reconoce que algunas disposiciones podrían representar avances si se cumplen, expresó reservas sobre los fundamentos que establece para la enseñanza.

En su Artículo 8. Objetivos generales de la Educación incluye un llamado a "fortalecer los sentimientos de amor a la patria, a sus héroes y heroínas, mártires y símbolos, así como la solidaridad y el antimperialismo, en correspondencia con la cultura y el humanismo de la sociedad socialista".

El Artículo 12 incluye entre los deberes de los estudiantes "respetar y honrar a los héroes, heroínas y mártires de la patria, los valores de la sociedad socialista y los símbolos nacionales, de conformidad con lo establecido en la ley y defender los principios de la Revolución, preservando la independencia y seguridad nacional".

Además dice que "la garantía de los grados de autonomía universitaria consensuados en docencia, investigación y extensión", están "en coherencia con los principios de la sociedad socialista".

Al mismo tiempo, el anteproyecto reconoce derechos relacionados con la educación de calidad, la protección frente a la violencia y la discriminación, la libertad de expresión y el acceso a información veraz y actualizada. También contempla la intervención de las familias en la elaboración de reglamentos escolares y proyectos educativos.

La activista también puso en duda que los derechos reconocidos en el documento se traduzcan en garantías efectivas dentro de las escuelas: "Ojalá y no sea papel y tinta, ojalá y lo puedan cumplir".

Los recursos para aplicar la ley

Otro de los puntos del anteproyecto es la obligatoriedad de la educación desde el grado preescolar hasta noveno grado. El texto asigna al Estado la responsabilidad de garantizar las condiciones materiales y pedagógicas necesarias, y su fundamentación reconoce que deben preverse recursos humanos, materiales y financieros, además de atender las diferencias territoriales.

Mir Marrero cuestionó, sin embargo, la capacidad de los municipios para asumir las responsabilidades previstas en la propuesta. Considera que la descentralización no puede hacerse efectiva sin los recursos necesarios.

"Están tratando de establecer una descentralización en Cuba, dándole autonomía al municipio, que tampoco tiene los recursos necesarios para enfrentar la catástrofe que están planteando", sostuvo.

La posición oficial

El viceministro de Educación Superior, Reinaldo Velázquez Zaldívar, defendió el proceso de elaboración del texto legislativo durante un recorrido por varias provincias, según Radio Rebelde.

El funcionario sostuvo que la iniciativa busca reunir y sistematizar el desarrollo educativo del país desde 1959 y servir de sustento jurídico para el trabajo futuro del sector.

Velázquez Zaldívar calificó las consultas como un ejercicio democrático y participativo, desarrollado por un grupo nacional creado en 2019. Según la fundamentación del documento, entre 2023 y 2026 participaron 410 especialistas en consultas especializadas y se incorporaron 462 de las 517 observaciones recibidas.

Las autoridades cubanas prevén presentar la propuesta ante la Asamblea Nacional durante el período de sesiones de diciembre.

Para Mir Marrero, el desafío no termina con la aprobación de una norma que reconoce derechos y asigna responsabilidades al Estado: "Eso no es más que un papel que se escribe y que al final ojalá se cumpla. Es todo mi deseo, pero actualmente en el país no hay condiciones".