Cubanos consultados este jueves por Martí Noticias se quejaron de las recientes medidas del Gobierno relacionadas con el mercado inmobiliario, que incluyó la imposición de un precio referencial para los que realicen transacciones de compra y venta de casas.
El gobierno cubano liberó en el 2011 la compra y venta de viviendas y autos, por primera vez en cerca de medio siglo.
La medida fue muy popular en su momento, incluso muchos vendieron sus viviendas para irse del país, o vendieron y compraron casas más pequeñas, y con el dinero restante montaron pequeños negocios familiares.
Las nuevas normas que entraron en vigor este jueves, fueron anunciadas por la Gaceta de Cuba y divulgada por medios locales.
“Vuelve a reforzar que lo que está buscando es ganar más dinero a través de los impuestos y regularizar y tasar las propiedades según la conveniencia de ellos. Eso vuelve a limitar los derechos de los ciudadanos de establecer un precio de compra (y) venta de sus propiedades y que le permita hacerlo sin la intromisión de nadie”, dijo el periodista independiente Pablo Morales, que reside en La Habana.
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Reportaje de Adriel Reyes, de Radio Martí.
Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda en el MICONS, dijo a medios locales que estas reglas "tienen el propósito de contrarrestar conductas evasoras asociadas a los actos de transmisión de la propiedad de los inmuebles”.
Rumores sobre eventuales cambios habían surgido, debido en parte a que las casas eran vendidas en CUC, pero la transacción era a menudo reportada en moneda nacional con el visto bueno de abogados y notarios.
Desde el comienzo, el impuesto a la compra y a la venta era del 4 por ciento del precio declarado. Hasta ahora el Estado no imponía precios referenciales, que ahora buscan “calcular” los impuestos.
"Es una política que debiera ser aperturista, que debiera abrirse más, debiera permitirse también la adquisición de viviendas por parte de los cubanos que están en el extranjero y esto implica un cierre a mi modo de ver”, dijo a Radio Martí el abogado independiente, Juan Carlos González Leiva.
Cifras oficiales indican que el 80 por ciento de los 11,2 millones de cubanos son propietarios de sus casas, que pagaron al Estado a bajos precios en moneda nacional y en pequeñas cuotas mensuales.
El gobierno quiere "controlar"
El déficit habitacional de cientos de miles de viviendas acumulado por décadas hace que el que tenga una propiedad cuente con una mina de oro en sus manos.
Amador Blanco, profesor universitario villaclareño, estimó que la medida busca frenar el lavado de dinero.
“Hay personas que están viniendo a Cuba muchas veces a hacer una serie de negocios con respecto a este tipo de viviendas y están comprando bienes inmobiliarios, ese tipo de cosas no están al alcance de muchos cubanos, que muchas veces no se casan porque no tienen el dinero suficiente para comprar una casa”, expresó.
Hasta la entrada en vigor de esta ley en 2011, la venta era ilegal y los cubanos solo podían “permutarse” de una casa a otra.
La ley actual permite, propiedad en mano, acudir a notario público para comprar, vender, permutar, donar y adjudicar la vivienda por diversas razones como divorcios, fallecimientos o salidas definitivas del país.
“También veo que el gobierno está tomando todas estas medidas con relación a las viviendas es para poder controlar lo que el pueblo necesita (…) El pueblo lo que necesita es que haya un libre mercado de bienes raíces”, dijo el campesino de Granma, Emiliano González.
(Redactado por Rosa T. Valdés, con reporte de Adriel Reyes)