Sumario
- Una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado el cierre del Helicoide, lugar de reclusión de presos políticos en Venezuela y denunciado como centro de torturas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano cerrar El Helicoide, centro de detención en Caracas denunciado por organizaciones de derechos humanos como lugar de torturas y reclusión de presos políticos.
La medida forma parte de la sentencia del caso Rojas Riera y otra vs. Venezuela, en la que el tribunal declaró responsable al Estado por la detención ilegal, tortura y privación arbitraria de libertad de Jorge Rojas Riera, arrestado en septiembre de 2003 por agentes de la extinta DISIP, hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, durante una manifestación en la Plaza Francia de Altamira, al este de Caracas.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a Venezuela cerrar el Helicoide
El presidente de la CIDH, Rodrigo Mudrovitsch, notificó que dentro de las medidas de reparación el Estado venezolano debe efectuar el cierre del centro de detención El Helicoide.
El tribunal también determinó que agentes estatales cometieron actos de tortura contra Rojas Riera durante su detención en ese recinto.
José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VEPPEX, calificó la decisión como tardía, aunque consideró que podría tener efectos concretos en el contexto actual.
“Me parece una decisión realmente tardía pero efectiva, obviamente porque el Helicoide funciona como un centro de tortura”, dijo Colina.
La sentencia contempla, además, que Venezuela reconozca públicamente su responsabilidad, cree registros oficiales sobre denuncias de tortura, reabra investigaciones sobre hechos cometidos en El Helicoide e indemnice a la víctima por violaciones ocurridas hace más de dos décadas.
A finales de enero, la gobernante interina Delcy Rodríguez anunció el cierre del Helicoide. Sin embargo, el pasado 3 de junio familiares de presos políticos protestaron frente al lugar tras denunciar traslados masivos, lo que evidenció que, casi cinco meses después del anuncio, el centro seguía siendo utilizado para mantener detenidos.
Colina afirmó que los presos políticos continúan siendo usados como herramienta de negociación política y cuestionó que el régimen cumpla con rapidez compromisos económicos, pero no avance al mismo ritmo en materia de derechos humanos.
La Corte Interamericana también ordenó medidas de reparación e indemnización a favor de Jorge Rojas Riera, víctima de hechos ocurridos en 2003 y que ahora derivan en una orden internacional para clausurar uno de los centros de detención más denunciados de Venezuela.