Campesinos se quejan de medidas "discriminatorias": las amenazas son solo a los privados

Un campesino vigila las vacas en una finca a las afueras de La Habana. (AP/Ramón Espinosa)

Usufructuarios y campesinos independientes dijeron este viernes a Radio Martí que las medidas que pretende imponer el gobierno en su contra son injustas y discriminatorias.

Señalaron, además, la ineficiencia del Ministerio de la Agricultura y los privilegios de que gozan las Unidades Agropecuarias Militares (UAM), que no aportan a la economía nacional. Ambos casos están excluidos de las medidas; las amenazas solo penden sobre los privados.

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En San Diego de Baños, Pinar del Río, el usufructuario Esteban Ajete Abascal fue uno de los campesinos que entró en el programa de tierras ociosas. Recuerda que las recibieron infestadas de marabú, las limpiaron con sus propios recursos y luego llegaron los dirigentes de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a imponerles el tipo de sembrados que podrían cultivar. “Todo fue una trampa”, afirmó.

Ibar González, en Rancho Veloz, Quemado de Güines, en Villa Clara, tuvo que entregar el 31 de enero pasado una caballería de tierras ociosas que operaba. La semana pasada perdió las últimas siete hectáreas que le quedaban. En ambos casos fue acusado que no puede tener esos terrenos “porque no es revolucionario”.

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El gobierno quiere “tener bajo sus botas al hombre del campo”, opinan agricultores privados

En San Antonio de los Baños, en Artemisa, Daniel Alfaro Frías también tiene un usufructo.

Alfaro Frías dijo que el pasado miércoles, 29 de julio, escuchó en el Noticiero Nacional de Televisión un comentario del periodista Ariel Terrero, especializado en temas económicos, quien reconoció que el 80% de lo que se produce en el campo en la isla lo aportan los privados.

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Lo que pretenden las autoridades es “tener bajo sus botas al hombre del campo”, concluyó el campesino.

Vladimir Ríos Cruz, de la comunidad de Los Cristales, en Jatibonico, territorio espirituano, consideró irresponsable el hostigamiento del gobierno contra los productores privados. Criticó también que no haya un marco jurídico que les permita defenderse ante estas injusticias.

En Bayamo, provincia de Granma, Emiliano González es dueño por herencia de una finca, no obstante tiene que tenerla productiva para que no se la quiten.

González se refirió al privilegio que tienen los militares y funcionarios de alto nivel, que al retirase son premiados con tierras fértiles y en buen estado, lo que contrasta con las pésimas condiciones de los terrenos que se entregan en usufructo a los privados.

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En una visita de trabajo a la provincia de Holguín realizada hace algunas semanas, el segundo secretario del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, reunido con los funcionarios de la agricultura, demandó más producciones de alimentos a las cooperativas agropecuarias, informó el diario oficialista Granma.

El pasado martes, la ministra de Finanzas y Precios Meisi Bolaños Weiss dio a conocer la estrategia que tomará el gobierno para lograr, según dijo, el equilibrio económico y financiero en el sector. Entre las medidas se encuentra el establecimiento de mecanismos para penalizar la improductividad en el sector del programa de tierras ociosas, incrementando el impuesto que pagan los usufructuarios, además de la posibilidad que se les retire a los agricultores el permiso operacional para cultivar las tierras.

En Cuba, hasta diciembre de 2019, habían sido aprobadas 12.169 solicitudes para la entrega de tierras, de un total de 28.649, dentro del Decreto No. 358, informó en entrevista con el diario oficialista Granma, Eddy Soca Baldoquín, director de Suelos y Control del Ministerio de la Agricultura.

Según datos oficiales del Anuario Estadístico de Cuba, el 70% de las tierras en la isla están en manos del Estado, y los campesinos privados tienen apenas el 30%, pero producen cerca del 80% de los alimentos en la nación.