Tal como se había adelantado en los primeros días del año, el Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos han hecho pública una propuesta de norma migratoria que negaría la posibilidad de pedir el asilo a los inmigrantes que llegan a la frontera.
Los funcionarios de la administración han aclarado, sin embargo, que no es una prohibición categórica del asilo sino que se trata de "una presunción refutable de inelegibilidad", que puede revertirse si demuestran una emergencia médica grave, una amenaza extrema e inminente a su vida o seguridad (violación, secuestro, tortura o asesinato) o fueron víctimas de tráfico humano.
La medida tiene excepciones específicas para los que ya tienen una autorización para viajar a EEUU conforme a un proceso de parole aprobado por DHS; los que usan la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada, o presentarse en un puerto de entrada sin usar la aplicación CBP One y establecer que no le fue posible acceder o usar la aplicación debido a una barrera del idioma, analfabetismo, falla técnica significativa u otro obstáculo; o probar que se les negó asilo en un tercer país en ruta a EEUU.
El comunicado oficial asegura que el propósito es “incentivar el uso de procesos legales nuevos y existentes", como el parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos y la petición de citas de asilo a través de la aplicación CBP One.
La medida en cuestión contempla la expulsión inmediata en virtud de las autoridades del Título 8, lo que conlleva una prohibición de reingreso de cinco años.
La nueva norma, en periodo de revisión hasta el 27 de marzo, busca "desalentar los cruces fronterizos peligrosos, poniendo una nueva condición a la elegibilidad de asilo para aquellos que no lo hagan”.
De acuerdo con la información, emitida el martes en la página oficial del DHS, Estados Unidos enfrenta “el mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial” y responsabiliza al Congreso estadounidense de oponer resistencia a la actualización de “un sistema de inmigración muy roto y anticuado”.
Por el momento, apunta el DHS, mientras se realizan los preparativos para desactivar el Título 42, puesto en vigor durante el mandato del ex presidente Donald Trump, dicho Título mantendrá su vigencia a la vez que se reinstaura el “procesamiento de todos los ciudadanos bajo las autoridad del Título 8”, con lo cual, el DHS enfatiza, “las personas que intenten entrar en Estados Unidos sin autorización serán expulsadas”.
Al respecto, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, declaró que están reforzando la disponibilidad de vías legales y ordenadas para los inmigrantes: "Como hemos visto una y otra vez, los individuos a los que se les proporciona un camino seguro, ordenado y legal hacia los Estados Unidos son menos propensos a arriesgar sus vidas atravesando miles de kilómetros en manos de contrabandistas despiadados, sólo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentar las consecuencias legales de la entrada ilegal”.
Por su parte, el Fiscal General Merrick B. Garland advirtió que "el Departamento de Justicia es responsable de administrar los tribunales de inmigración del país y de garantizar que las solicitudes se resuelvan de forma rápida, justa y conforme al debido proceso.
La nueva medida "establecerá normas temporales relativas a la elegibilidad de asilo en esos procedimientos cuando se levante la orden del Título 42. Esperamos con interés la revisión de los comentarios del público sobre esta norma propuesta”, advirtió Garland, en referencia a la posibilidad que tiene el público de enviar comentarios sobre la propuesta una vez se publique en el Registro Federal.
El anuncio de lo que sería esta nueva disposición ha generado numerosas críticas, entre las que destacan las de los senadores demócratas Bob Menéndez, Cory Booker, Ben Ray Luján y Álex Padilla, quienes afirmaron en un comunicado sentirse “profundamente decepcionados" con la propuesta de norma "que no hace sino perpetuar el dañino mito de que los solicitantes de asilo son una amenaza para esta nación".
"En realidad, están buscando una vía legal en Estados Unidos. Tenemos la obligación de proteger a los inmigrantes vulnerables en virtud de la legislación nacional e internacional y no debemos dejarlos abandonados en países incapaces de protegerlos. Instamos al presidente Biden y al secretario Mayorkas a que den marcha atrás y allanen un camino mejor que proteja el derecho de asilo y aborde al mismo tiempo los verdaderos retos operativos de nuestra frontera sur", expresaron en dicho comunicado.
Lee también Corte de EEUU mantiene trato dispar a solicitantes de asilo (FOTOS)También los miembros del Grupo Hispano del Congreso ya habían expresado su frustración con la administración cuando se anunció inicialmente la norma, recordó la publicación CNÑ.
El martes, el miembro de rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el representante Jerry Nadler, demócrata por Nueva York, y el miembro de rango del Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento de la Inmigración, la representante Pramila Jayapal, demócrata por Washington, criticaron la medida y recordaron que "la capacidad de solicitar asilo es un principio fundamental protegido por la ley federal y nunca debe violarse".
"Esta regla llega al basurero de la historia para resucitar una de las políticas contra el asilo más dañinas e ilegales de la administración Trump", dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidenta y CEO del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, en un comunicado.
"Exigir que las personas perseguidas primero busquen protección en países que no tienen sistemas de asilo en funcionamiento es una propuesta ridícula y potencialmente mortal", criticó la activista.
El gobierno de Estados Unidos ha hecho más de 1,9 millones de expulsiones amparándose en el Título 42, que niega la oportunidad de pedir asilo, contemplada por la ley estadounidense y tratados internacionales, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19.
La agencia Associated Press ha publicado que el Título 42 no se aplica por igual a todas las nacionalidades. Por ejemplo, México acepta recibir a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Pero para otras nacionalidades, el alto coste, las malas relaciones diplomáticas y otras consideraciones hacen que sea difícil para Estados Unidos enviarlos de vuelta a sus países de origen según el Título 42. En lugar de eso, normalmente se les libera en Estados Unidos para que pidan asilo o recurran a otras fórmulas legales.