Estados Unidos
Corte de EEUU mantiene trato dispar a solicitantes de asilo (FOTOS)
EAGLE PASS, Texas - Mientras se ponía el sol sobre el Río Bravo, unos 120 cubanos, colombianos y venezolanos que habían vadeado el río con el agua hasta la cadera subieron a a vehículos de la Patrulla Fronteriza, poco antes de ser liberados en Estados Unidos para tramitar sus casos de inmigración.
Al otro lado de la frontera, en la localidad mexicana de Piedras Negras, familias hondureñas se mantenían juntas en una zona céntrica con veredas agrietadas, calles estrechas y poca gente, sin tener claro dónde pasar la noche porque el único refugio de la ciudad estaba lleno.
Esa suerte dispar refleja la doble naturaleza de la vigilancia de fronteras estadounidenses con una norma de pandemia conocida como Título 42, que toma su nombre de una ley de salud pública de 1944. El presidente, Joe Biden, quería poner fin a esas normas el lunes, pero un juez federal en Luisiana emitió una orden nacional que las mantuvo intactas.
El gobierno de Estados Unidos ha hecho más de 1,9 millones de expulsiones amparándose en el Título 42, que niega la oportunidad de pedir asilo, contemplada por la ley estadounidense y tratados internacionales, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19.
Pero el Título 42 no se aplica por igual a todas las nacionalidades. Por ejemplo, México acepta recibir a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Pero para otras nacionalidades, el alto coste, las malas relaciones diplomáticas y otras consideraciones hacen que sea difícil para Estados Unidos enviarlos de vuelta a sus países de origen según el Título 42. En lugar de eso, normalmente se les libera en Estados Unidos para que pidan asilo o recurran a otras fórmulas legales.
Los hondureños en Piedras Negras piden dinero a los cubanos que llegan a la estación de autobús, sabiendo que a los cubanos no les servirán los pesos porque pasan directamente la otro lado de la frontera. Aunque México aceptó en abril recibir a algunos cubanos y nicaragüenses expulsados según el Título 42, la gran mayoría son liberados en Estados Unidos.
“Fue entrar y salir”, dijo Javier Fuentes, de 20 años, sobre su estancia de una noche en una casa arrendada en Piedras Negras. El domingo por la mañana, él y otros dos hombres cubanos cruzaron el Río Bravo y caminaron por una carretera durante una hora hasta que encontraron un vehículo de la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, una población de Texas de unas 25.000 personas en la que los migrantes cruzan el río al borde de un campo de golf público.
La lluvia de la noche subió el nivel del agua hasta el cuello para la mayoría de los adultos, una posible explicación para la ausencia de grandes grupos de docenas o hasta un centenar de personas, como se suelen ver en la zona.
“La mañana ha empezado despacio”, dijo un agente de la Patrulla Fronteriza al saludar a otros oficiales que vigilaban a cuatro peruanos, incluido un niño de siete años que cruzó con sus padres tras varios días hacinados en una habitación arrendada en Piedras Negras con 17 migrantes.
Cuando el agua volvió a descender hasta la altura de la cadera, una treintena de migrantes se reunió en la orilla de un parque público que también atrae a los residentes de Piedras Negras, considerado como el lugar de nacimiento de los nachos. Había bebés y niño pequeños en el grupo que cruzaba, la mayoría migrantes hondureños. Una mujer hondureña, embarazada de ocho meses, mostraba signos claros de dolor.
Eagle Pass, una localidad dispersa con almacenes y casas en mal estado que la mayoría de las grandes cadenas de tiendas ha ignorado, es uno de los puntos de tránsito más ocupados para la Patrulla Fronteriza en el sector Del Rio, que incluye unos 400 kilómetros (250 millas) de ribera poco poblada. En el cercano Del Rio, que no es mucho más grande que Eagle Pass, el año pasado se congregaron unos 15.000 migrantes, la mayoría haitianos. Todo lo que separa a las localidades de San Antonio, a unas tres horas de carretera, son campos de grano.
La relativa facilidad del cruce -los migrantes atraviesan el río a pie en pocos minutos, a menudo sin pagar a un contrabandista- y la percepción de que el lado mexicano es relativamente seguro ha convertido la remota región en una importante ruta migratoria.
Hace tiempo que el Valle del Río Grande, en Texas, es el más bullicioso de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza en la frontera mexicana, pero este año Del Rio se ha convertido en el segundo a corta distancia. Yuma, Arizona, otra zona conocida por su relativa seguridad y facilidad para cruzar, ha ganado afluencia con rapidez y ahora es la tercera más transitada.
Del Rio y Yuma quedaron sexta y séptima en número de agentes entre los nueve sectores, lo que refleja cómo la distribución de personal de la Patrulla Fronteriza va por detrás de los flujos migratorios desde hace tiempo.
Otros tramos de la frontera tienen menos patrullas que Del Rio, una ventaja para los migrantes que intentan eludir la captura, pero son más escarpados y remotos, explicó Jon Anfinsen, presidentte del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza en el sector de Del Rio.
Anfinsen describe la región como “una especie de agradable punto intermedio” para los migrantes que buscan un equilibrio entre zonas remotas y seguridad.
Cristian Salgado, que duerme en las calles de Piedras Negras con su esposa y su hijo de cinco años tras huir de Honduras, dijo que la localidad fronteriza mexicana “uno de los pocos lugares donde uno puede vivir más o menos en paz”.
Pero su entusiasmo por los planes del gobierno de Biden de levantar el lunes el Título 42 se evaporó con el fallo judicial. “Ahora no hay esperanza”, dijo.
Su pesimismo podría ser un poco exagerado. En abril se dio el alto a ciudadanos hondureños en 16.000 ocasiones en la frontera, con ligeramente más de la mitad expulsados debido al Título 42. El resto pudo pedir asilo en Estados Unidos si expresaba miedo a regresar a su país.
Pero a los cubanos les fue mucho mejor. Se les dio el alto más de 35.000 veces en abril y apenas 451, o apenas el 1%, fueron procesados según el Título 42.
“Los cubanos entran automáticamente", dijo Joel Gonzalez, hondureño de 34 años y que intentó eludir a los agentes durante tres días en Eagle Pass antes de ser localizado y expulsado. Los agentes le dijeron que ya no era posible pedir asilo en Estados Unidos.
Isis Peña, de 45 años, rechazó una oferta de otra mujer hondureña para cruzar el río. La mujer llamó desde San Antonio y dijo que la habían liberado sin preguntarle siquiera si quería pedir asilo. Ahora vive en Nueva York.
Peña intentó cruzar al día siguiente, una experiencia que no quiere repetir por miedo a ahogarse. Tras unas cuatro horas detenida, un agente le dijo que no había asilo para hondureños.
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EEUU y México planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida
Estados Unidos y México planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida, según dijeron el lunes los líderes de ambos países.
En un comunicado conjunto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijeron que sostuvieron el domingo una conversación telefónica y que sus administraciones pronto tomarían medidas para disminuir los cruces ilegales y, al mismo tiempo, abordarían los problemas económicos y de seguridad que provocan que las personas migren.
“En el corto plazo, los dos presidentes ordenaron a sus equipos de Seguridad Nacional trabajar en conjunto para implementar de inmediato medidas concretas, a fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos”, anunció el comunicado.
El comunicado no da detalles sobre las "medidas concretas".
También se comprometieron a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración en todo el hemisferio occidental, señalando que aumentar la prosperidad y la seguridad compartidas será de importancia crítica para enfrentar eficazmente el desafío migratorio a largo plazo.
En la Casa Blanca, al pedido de una periodista de más detalles sobre las medidas, la vocera Karine Jean-Pierre dijo que no quería ir más allá de lo dicho en el comunicado.
“Voy a tener mucho cuidado aquí. No voy a adelantarme a lo establecido en la declaración, pero diría que es un compromiso continuo para fortalecer la relación bilateral, la relación que tenemos y la cooperación regional, y no olvidemos que la cooperación regional beneficiará aquí, a nosotros aquí, en los Estados Unidos, pero también al pueblo de México, así que no voy a ir más allá de la lectura, esa declaración conjunta que salió”, declaró la portavoz.
Por su parte, el López Obrador le dijo a la prensa el lunes que habló con Biden sobre mantener la frontera abierta para aquellos que sigan los procesos legales para llegar a Estados Unidos.
También elogió la reducción de llegadas a la frontera entre EEUU y México, diciendo que se habían reducido a alrededor de 6.000 por día en enero debido, en parte, a programas sociales en otros países latinoamericanos respaldados por su gobierno.
Biden, demócrata que aspira a otro mandato en las elecciones del 5 de noviembre, ha endurecido su enfoque sobre la seguridad fronteriza en los últimos meses, a medida que la inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses.
Los republicanos lo han criticado por dar marcha atrás en las políticas fronterizas restrictivas de la era de su antecesor, el expresidente Donald Trump, y por no frenar el aumento de los cruces ilegales.
La Casa Blanca ha considerado utilizar la autoridad ejecutiva del gobernante para bloquear a los migrantes en la frontera, pero tal medida podría desencadenar desafíos legales y el disgusto de algunos demócratas.
También está estudiando formas de conceder un estatus legal temporal y permisos de trabajo a los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y estén casados con ciudadanos del país norteamericano, una medida que podría servir de contrapeso a las restricciones en la frontera.
Corte Suprema de EEUU escucha argumentos sobre afirmación de Trump de inmunidad absoluta
La Corte Suprema de Estados Unidos examinó este jueves si el expresidente Donald Trump cuenta con inmunidad y puede evitar ser procesado por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden.
El juicio del ex presidente por presunta interferencia electoral ha sido retrasado durante meses mientras la Corte considera el argumento de Trump de que los presidentes deberían ser inmunes a las acciones que tomen mientras están en el cargo.
En Nueva York, Trump dijo que quería estar presente en la Corte Suprema pero en vez de eso, tuvo que nuevamente presentarse a una corte de Nueva York, donde está siendo juzgado por cargos de falsificar registros para ocultar información perjudicial a los votantes cuando dirigió pagos monetarios a una actriz de películas para adultos a fin de mantener en secreto sus afirmaciones de que tuvieron relaciones sexuales.
"Creo que en la Corte Suprema que tiene que ver con la inmunidad, escuché que el argumento fue brillante. Pensé que las preguntas del juez eran geniales y todos los presidentes deben tener inmunidad", declaró Trump.
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema, que se espera que emita su fallo a finales de junio, no parecían inclinados a respaldar la afirmación de Trump.
Pero al menos cuatro de los nueve magistrados parecieron estar en desacuerdo con un fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de "inmunidad absoluta" frente a un proceso penal después de dejar el cargo.
Los abogados de Trump sostuvieron que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dicen, los procesos por motivos políticos de exmandatarios serían rutinarios y los presidentes no podrían asumir el papel de comandante en jefe si tienen que preocuparse por cargos penales.
Por su parte, la fiscalía afirmó que quienes redactaron la Constitución nunca tuvieron la intención de que los presidentes estuvieran por encima de la ley y que, en cualquier caso, los actos de los que se acusa a Trump —incluyendo el participar en un plan para incluir electores falsos en estados disputados ganados por Biden— no son de ninguna manera parte de los deberes oficiales de un presidente.
La inmunidad presidencial de Trump en manos de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos asumirá este jueves un papel determinante en el futuro político del expresidente Donald Trump, favorito por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 2024.
El expresidente ha solicitado inmunidad judicial en varias acusaciones que buscan procesarlo por sus esfuerzos por anular el resultado electoral de las presidenciales de 2020.
Otras instancias del sistema judicial han rechazado su solicitud de ser protegido de cuatro cargos penales relacionados con las elecciones con el argumento de que estaba sirviendo como presidente.
Los abogados de Trump dijeron a los jueces que un expresidente tiene "inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por sus actos oficiales" y alertaron que sin esa protección "la amenaza de un futuro enjuiciamiento y encarcelamiento se convertiría en un garrote político para influir en las decisiones presidenciales más sensibles y controvertidas".
Una decisión rápida de la Corte Suprema podría permitir que el juicio se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre.
Trump no asistirá a los argumentos de la Corte Suprema, integrada por una mayoría conservadora, entre los que se incluyen Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los tres nombrados por el expresidente republicano. Los miembros de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
En 2020 la misma instancia rechazó varios intentos que buscaron anular los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Joe Biden, por un margen de 306 a 232 votos en el colegio electoral de EE.UU.
En marzo, la Corte Suprema concedió una importante victoria para la carrera de Trump cuando anuló una decisión judicial que le había excluido de la papeleta electoral de Colorado en virtud de una disposición constitucional relativa a la insurrección por incitar y apoyar el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos perpetrado por sus partidarios.
Desde la histórica sentencia del caso Bush contra Gore, que en 2000 dio la victoria al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore, la corte no había desempeñado un papel tan importante en una carrera presidencial.
Los casos de la Corte Suprema son casi completamente de naturaleza apelativa y las decisiones de esta corte no pueden apelarse ante ninguna otra autoridad, ya que la Corte Suprema es la última instancia decisoria en los Estados Unidos en cuanto a las leyes federales. Sin embargo, la Corte Suprema puede considerar apelaciones de las cortes estatales de mayor rango o de los tribunales federales de apelaciones. La Corte también tiene jurisdicción de primera instancia sobre ciertos tipos de casos, incluyendo aquellos que implican a embajadores y otros funcionarios diplomáticos, y casos entre estados.
Nuevas detenciones en protestas estudiantiles en EEUU por la guerra de Gaza
Las protestas en universidades en Estados Unidos contra la guerra entre Israel y Hamás obligaron el martes a algunas casas de estudio a imponer las clases virtuales.
NUEVA YORK, EEUU — Los pulsos entre las universidades estadounidenses y las protestas propalestinas de sus alumnos eran cada vez más tensos el miércoles en ambas costas, y la Universidad de Columbia marcó un plazo límite a cientos de personas para que levantaran un campamento, mientras docenas de inconformes seguían atrincherados en dos edificios en un campus universitario del norte de California.
Los dos incidentes formaban parte de unas manifestaciones estudiantiles que ganaban intensidad en todo el país por la guerra de Israel con Hamás. Los estudiantes reclaman que las escuelas corten lazos financieros con Israel y desinviertan de compañías implicadas en el conflicto. Docenas de personas han sido detenidas y acusadas de allanamiento o alteración del orden.
El presidente de Columbia, Minouche Shafik, fijó el martes en un comunicado un plazo límite para llegar a un acuerdo con los alumnos para desalojar el campamento o “consideraremos opciones alternativas”.
Ese plazo pasó sin noticias de un acuerdo. Videos del lugar mostraban a algunos manifestantes retirando sus carpas mientras otros redoblaban sus discursos. Circulaban rumores en internet sobre que el plazo se había retrasado a la mañana, aunque la universidad declinó confirmarlo.
El incremento de la tensión se daba la noche antes de que el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, viajara a Columbia para visitar a los estudiantes judíos y hablar sobre el antisemitismo en los campus universitarios.
En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y bridas para bloquear los acceso a un edificio el lunes por la noche. Era un desafío más inesperado en una región conservadora de California, unos 480 kilómetros (300 millas) al norte de San Francisco.
“¡No les tenemos miedo!”, coreaban los inconformes antes de que agentes con material antimotines trataran de abrirse paso en la entrada del edificio, según videos. La alumna Peyton McKinzie dijo que estaba entrando el lunes en el campus cuando vio a la policía agarrar a una mujer por el pelo y a otro alumno al que le estaban vendando la cabeza por una herida.
“Creo que muchos alumnos están en shock por eso”, dijo a The Associated Press.
Tres estudiantes fueron detenidos, según un comunicado de Cal Poly Humboldt, que cerró el campus hasta el miércoles. Un número desconocido de alumnos había ocupado un segundo edificio del campus el martes.
El incremento de las manifestaciones ha obligado a las universidades a buscar un equilibrio entre la seguridad del campus y los derechos de libertad de expresión. Muchas toleraron durante mucho tiempo las protestas, que en su mayoría reclamaban que las universidades condenaran el ataque de Israel a Gaza y desinvirtieran de compañías que venden armas a Israel.
Ahora las universidades imponen una disciplina más estricta alegando motivos de seguridad, mientras algunos estudiantes judíos dicen que las críticas a Israel han derivado en antisemitismo.
Las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza llevaban meses bullendo, pero se intensificaron luego del arresto el jueves de la semana pasada de más de 100 manifestantes que habían acampado en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan.
En la Universidad de Nueva York, 133 personas habían sido detenidas y liberadas para el lunes por la noche con orden de comparecer ante una corte bajo cargos de alteración del orden público.
En Connecticut, la policía arrestó a 60 manifestantes —incluidos 47 estudiantes— en la Universidad de Yale, luego de que se rehusaron a abandonar un campamento en el centro del campus.
El presidente de Yale, Peter Salovey, dijo que los manifestantes habían rechazado una oferta para poner fin a la protesta y reunirse con los administradores. Después de varias advertencias, las autoridades escolares determinaron que “la situación ya no era segura”, así que la policía desalojó el campamento y realizó los arrestos.
En la región del centro-norte de Estados Unidos, un campamento en el campus de la Universidad de Michigan había crecido hasta tener casi 40 tiendas de campaña. Y nueve manifestantes contra la guerra de la Universidad de Minnesota fueron detenidos luego de que la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. Cientos de personas marcharon en el campus de Minnesota por la tarde para pedir su liberación.
La Universidad de Harvard, en Massachusetts, ha intentado adelantarse a las protestas cerrando la mayoría de las puertas de acceso a su famoso Harvard Yard y limitando el acceso a quienes lleven una identificación de la escuela. La universidad también ha colocado carteles que advierten contra la instalación de tiendas o mesas en el campus sin permiso.
Las protestas en los campus comenzaron tras el letal ataque de Hamás contra el sur de Israel, en el que mataron unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. En la guerra posterior, Israel ha matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el ministerio de salud local, que no distingue entre civiles y combatientes pero señala que al menos dos tercios de los muertos eran mujeres y niños.
Cuba, entre los países con más residentes y nacionalizados en EEUU en 2023
Cuba está entre los países con más ciudadanos residentes y nacionalizados en EEUU en 2023.
De acuerdo con un informe sobre Política de Nacionalización publicado recientemente, en el país norteamericano había al cierre del año pasado un total de 1.314.330 cubanos, de ellos el 64 por ciento se había naturalizado como ciudadano estadounidense y otro 30% era potencialmente elegible para serlo.
Solo el 6% de los cubanos radicados en EEUU resultó no elegible para obtener la ciudadanía ese año.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en 2023 hubo más de 153.000 entradas irregulares de cubanos a Estados Unidos. Otros 67.000 volaron directamente a territorio norteamericano gracias al programa conocido como Parole Humanitario, implementado en enero de ese año por la administración de Joe Biden.
Esos números, sumados a los más de 313.000 que ingresaron en 2022, representan el mayor éxodo de ciudadanos de la isla de las últimas décadas.
A esta ola migratoria solo le preceden la del Mariel, en la década de 1980, cuando se registró la salida de 130.000; la llamada "Crisis de los balseros", en 1994, con 35.000; y la salida de unos 300.000 poco entre 1960 y 1963 después de la llegada de Fidel Castro al poder.
El Informe Anual correspondiente al año fiscal 2023 indica además que Cuba está entre los 10 países con mayor cantidad de expedientes bajo monitoreo de ICE.
"Un total de 442.624 cubanos están siendo monitoreados por las autoridades migratorias estadounidenses fuera de un entorno de detención, a través de una variedad de mecanismos", recoge el documento.
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