Sumario
- La ONG Espacio Público documentó 170 denuncias de violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto de 2026 en Venezuela. La organización asegura que, pese a señales de apertura, persisten la intimidación, la censura y el hostigamiento judicial contra periodistas y ciudadanos.
Pese a algunas señales de distensión y apertura en Venezuela, persisten las restricciones para buscar, recibir y difundir información, según un balance de la organización no gubernamental Espacio Público.
La ONG documentó 89 casos que reúnen 170 denuncias de violaciones a derechos vinculados con la libertad de expresión entre enero y agosto de 2026, lo que representa un incremento de 2% frente al mismo período de 2025.
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Advierten que persisten censura y restricciones a la información en Venezuela
Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, explicó a Martí Noticias que la intimidación continúa siendo el principal patrón de restricción identificado por la organización.
“Hasta agosto de este año hemos documentado unos 89 casos con 170 violaciones o denuncias de violaciones de derechos humanos. Eso básicamente es una cifra que más o menos es constante”, señaló Correa.
El activista agregó que, aunque las cifras son similares a las del año anterior, se registra un ligero incremento.
Cierre de emisoras y sitios web bloqueados
Espacio Público también registró durante el período analizado el cierre de, al menos, cuatro emisoras de radio en Táchira, Miranda, Carabobo y Distrito Capital.
Las restricciones se extienden al entorno digital. Un monitoreo divulgado por la organización el 2 de octubre identificó 40 sitios web que permanecen bloqueados en Venezuela, incluidos portales informativos y medios dedicados al periodismo de investigación.
El mes pasado el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, celebró el desbloqueo de portales web en Venezuela y dijo que el restablecimiento del acceso anunciado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones constituye "una clara señal" de avance.
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Correa señaló que esta situación adquiere mayor relevancia porque una parte de la población venezolana recurre a internet y a servicios de mensajería para acceder a contenidos que no encuentra en los medios tradicionales.
“La gente busca la información en los portales, en los sitios web o a través de redes de comunicación interpersonal, como puede ser redes como WhatsApp o Telegram”, explicó.
A estas restricciones se suman las fallas del servicio eléctrico y los problemas de conectividad que afectan distintas regiones del país.
“Una falla eléctrica agrava el acceso de las personas a poder acceder a información de calidad o contrastada”, sostuvo Correa.
Aumentan las detenciones
El balance de Espacio Público también advierte sobre un incremento de las detenciones arbitrarias relacionadas con el ecosistema informativo.
Según la organización, 29 trabajadores de la prensa y ciudadanos fueron detenidos entre enero y agosto de 2026, frente a 24 durante el mismo período de 2025.
Correa reconoció que existen algunas señales de distensión, entre ellas una mayor presencia de determinados temas en emisoras de radio y canales de televisión. Sin embargo, advirtió que las prácticas restrictivas persisten durante las coberturas periodísticas.
“Cuando vas a hacer cobertura, todavía los funcionarios siguen con prácticas que son restrictivas, te quieren quitar el teléfono, no te quieren dejar hacer la cobertura o hay detenciones que son detenciones arbitrarias en algunos casos”, afirmó.
“Audacia ciudadana” frente al temor
Para Espacio Público, cualquier proceso de apertura sostenible en Venezuela requiere desmontar el marco legal que organizaciones defensoras de derechos humanos consideran utilizado para criminalizar la expresión.
Entre esos instrumentos, Correa mencionó la denominada Ley contra el Odio, cuya aplicación ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
El director ejecutivo de Espacio Público sostiene que actualmente existe una suerte de contraste en la sociedad venezolana: una mayor disposición de los ciudadanos a expresarse públicamente convive con el temor a posibles represalias.
Correa define este escenario como una “audacia ciudadana” que coexiste con diferentes dimensiones de temor, en un contexto en el que, según la organización, continúan la intimidación, la censura y el hostigamiento judicial.