Sumario
- El embajador español Sergio Farré Salvá fue expulsado de Nicaragua junto al segundo al mando de la legación diplomática, tras solo 20 días en el cargo.
- En respuesta, España ordenó la salida del embajador nicaragüense Mauricio Carlo Gelli y su segundo en Madrid.
El diplomático español Sergio Farré Salvá apenas llevaba 20 días como embajador de España en Nicaragua y por causas aún no reveladas fue expulsado del país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto al número dos de la legación diplomática.
En “estricta reciprocidad por la injusta expulsión”, el gobierno español anunció la salida del país del embajador nicaragüense, Mauricio Carlo Gelli, y el segundo al mando en la sede diplomática de Nicaragua en Madrid, reportan medios españoles este lunes.
La actual crisis diplomática entre España y Nicaragua ha venido escalando desde agosto de 2021, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de España llamó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios.
El régimen de Ortega-Murillo había “denunciado” una supuesta injerencia del Gobierno español en la situación política del país. La embajadora Del Mar Fernández-Palacios no pudo regresar al país debido a la negativa de la dictadura sandinista.
En 2022, España envió una nueva representante Pilar María Terrén y las tensiones bajaron. Pero ese mismo año, Ortega se proclamó vencedor en las elecciones de noviembre, tras encarcelar a varios candidatos a la presidencia y España no reconoció el resultado electoral.
Desde España, el reportero nicaragüense Edgardo Pinell afirmó a Martí Noticias que “la dictadura de Daniel Ortega ha vuelto a abrir otro capítulo de la accidentada relación diplomática con España con la expulsión del embajador Farré Salvá”.
“Este nuevo choque diplomático con España muestra su desprecio por la diplomacia y su intolerancia ante cualquier tipo de crítica, por menor que sea” aseguró Pinell, quien también hizo referencia a hechos similares en el pasado.
“Hemos visto cómo expulsan a laicos y religiosos por igual, sin importar si son nacionales o extranjeros. La dictadura es implacable contra todos los que le adversan y es parte del mecanismo para imponer temor a la población que se encuentra indefensa”, señaló Pinell.
La expulsión de diplomáticos se ha convertido en una práctica recurrente del régimen Ortega-Murillo, utilizada como respuesta política frente a críticas internacionales y como mecanismo de confrontación con gobiernos y organismos multilaterales.
El reciente episodio con el embajador español no es un caso aislado. Desde la represión de las protestas de 2018, la dictadura ha expulsado o forzado la salida de misiones y representantes de organismos internacionales que documentaban violaciones de derechos humanos.
Entre ellos están los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y delegaciones vinculadas al sistema interamericano, cuya presencia fue considerada “injerencista” por el sandinismo.
Esta política de expulsiones también ha afectado a embajadas y misiones diplomáticas de países europeos y americanos que han respaldado sanciones, resoluciones o declaraciones de condena contra Managua.
En varios casos, el régimen ha recurrido a la figura de “persona non grata” o a cancelaciones abruptas de credenciales, enviando un mensaje de advertencia al cuerpo diplomático acreditado en el país.
Según expertos, tras cada expulsión Nicaragua se aleja de los canales tradicionales de diálogo diplomático y de organismos multilaterales y se consolida como uno de los regímenes más cerrados del hemisferio occidental.