Sumario
- En el país que proclamó haber erradicado el analfabetismo, “enseñar, pensar y disentir se ha convertido en un riesgo”.
El más reciente informe del Observatorio de Libertad Académica (OLA) documenta la represión estatal contra maestros y estudiantes que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, y concluye que al menos una decena de docentes fueron convertidos en presos políticos tras juicios sin garantías y castigos de carácter ejemplarizante.
El Informe Especial No. 51, publicado el 22 de diciembre —Día del Educador en Cuba— y elaborado en coordinación con la ONG Justicia 11J, sostiene que existe una “contradicción profunda” entre la conmemoración oficial del magisterio y la persecución a educadores por ejercer su derecho a la protesta.
El estudio, firmado por Omara Isabel Ruiz Urquiola, Anamely Ramos González, Dimas Cecilio Castellanos Martí y Alenmichel Aguiló Queijeiro, cita a Odrey Rodríguez Lanz, Félix Navarro Rodríguez, Ángel Jesús Véliz Marcano, Harlen Oropesa Carrero, Jorge Martín Perdomo y Nadir Martín Perdomo como docentes presos políticos. Otros —Pedro Albert Sánchez, César Adrián Delgado Correa, Yoslén Domínguez Víctores y Samuel Pupo Martínez— cumplen o ya cumplieron sanciones fuera de prisión, con impactos severos en sus vidas profesionales y personales.
“El informe que acabamos de lanzar (…) ha sido fruto de un trabajo arduo en equipo”, dijo Ramos a Martí Noticias.
“Pretende demostrar que este proceso de criminalización que se llevó a cabo, dañó la vida de personas concretas”, agregó.
El documento vincula los castigos con problemas estructurales del sistema educativo.
La acdémica Ruiz Urquiola explicó a nuestra redacción que “el 80% de los casos de maestros que analizamos habían dejado el aula por la precarización del sector educacional”, y añadió que en procesos judiciales “les adulteraron el grado de escolaridad a cuatro profesores, siempre restándoles nivel educativo”, una práctica que el informe califica como humillación institucional y estigmatización.
Según el Observatorio y Justicia 11J, el castigo a maestros confirma el uso del sistema penal como herramienta de control político y refleja el deterioro de un modelo educativo que ya no garantiza movilidad social ni protección a quienes sostienen las aulas.
De acuerdo al documento, en el país que proclamó haber erradicado el analfabetismo, “enseñar, pensar y disentir se ha convertido en un riesgo”.
(Con reporte de Ariane González)