América Latina
Vicesecretaria de diplomacia de la OTAN: Colombia es un socio importante para la estabilidad en la región
Hace más de un año que el presidente ruso Vladimir Putin dio luz verde para que se iniciaran lo que él denominó como “operaciones militares” en Ucrania, que acabó provocando una invasión rusa en toda regla.
Desde entonces, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha estado muy vigilante del desarrollo de este conflicto. Pese a que ni Ucrania ni Rusia son miembros de esta organización de defensa colectiva, el país liderado por Volodymyr Zelenskyy ha estado recibiendo asistencia política y militar por parte de la OTAN para hacer frente a los movimientos del Kremlin durante todo este tiempo, por lo que consideran que ahora se está “en un punto de inflexión”.
“La guerra rusa en Ucrania está en un momento de inflexión, en un momento en el que organizaciones como la OTAN y la Unión Europea están haciendo todo lo posible para asistir a Ucrania políticamente y también con asistencia de tipo militar para que los ucranianos puedan retomar la mayor parte de territorio posible y esto pueda llevar a una negociación y una paz justa y duradera para Ucrania”, explica Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de la diplomacia de la OTAN, durante una entrevista con la Voz de América en Miami, Florida.
Desde la OTAN recuerdan que “es muy importante concentrar todos los esfuerzos” para lograr ese fin y para que “Ucrania esté preparada para defender su derecho a la autodefensa, un derecho que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas”.
¿Qué papel juega la OTAN en la guerra rusa en Ucrania?
Ya cuando se iniciaron esas operaciones militares en Ucrania por parte del Kremlin, se puso de manifiesto el papel que podía jugar la OTAN en este conflicto, sobre todo porque esta organización internacional -formada por 31 países- no contaba con Ucrania entre sus miembros.
“La OTAN no es parte de este conflicto, es decir, no está participando en este conflicto”, recuerda Romero. Sin embargo, la Alianza Atlántica trazó tres líneas de acción que se basaban en “reforzar la defensa” de los países miembros “para evitar una escalada y evitar que el conflicto lanzado por Rusia en Ucrania pudiera extenderse al territorio” de la OTAN.
“Es por ello que hemos reforzado nuestra presencia militar en el flanco oeste de la OTAN. Todos los países de la Alianza Atlántica están presentes, sobre todo para mandar una señal clara al presidente ruso, Vladimir Putin, de que no se le ocurra escalar este conflicto y extenderlo a los países miembros de la OTAN”, dijo la responsable de la diplomacia de la Alianza Atlántica.
El segundo punto de la estrategia de la OTAN pasa por el apoyo político y, de momento, “hay un diálogo político muy avanzando”: “La OTAN no puede dar armas a Ucrania porque no tenemos armas, pero lo que sí está haciendo es procurar y facilitar asistencia no letal, que también es importante”, afirma.
Este tipo de asistencia se basa en la donación de “regeneradores de energía hasta uniformes o puentes móviles”.
En ese contexto, la OTAN también está facilitando el diálogo de los países miembros con Ucrania para que puedan “aportar apoyo militar” y que luego las autoridades ucranianas puedan sentarse “en una futura mesa de negociaciones de paz en una situación de fuerza”.
“Porque la mayoría de las guerras concluyen en la mesa de negociación y tu posición va a ser más o menos fuerte según cómo esté la situación en el campo”, aclara Romero.
Y por último, la OTAN defiende la importancia de formar parte de la coalición internacional de apoyo a la Carta de las Naciones Unidas, “un sistema internacional de normas que fue construido con Rusia” después de la Guerra Fría y que, según Romero, el Kremlin “pisoteó en 2014, cuando se anexó ilegalmente Crimea y se ocupó militarmente ciertas partes de la región ucraniana de Donbass”.
“Putin no está interesado en un acuerdo de paz”
A pesar de toda la presión que se está haciendo desde el exterior, desde la OTAN no ven “ninguna intención por parte del presidente Putin” para cambiar de estrategia, y eso dificultaría un eventual proceso de paz, según explica Romero.
“No tenemos ninguna indicación de que él está interesado en un acuerdo de paz porque no nos da ninguna señal de ese tipo”, expone al tiempo que defiende que “la presión internacional es muy importante” para lograr tales objetivos.
En ese sentido, enfatiza en la fuerte alianza entre Estados Unidos y Europa, “muy unidos en nuestra asistencia a Ucrania” y que, en su opinión, “ese ha sido uno de los cálculos equivocados del presidente Putin”.
“Sobre todo lo que está viendo el presidente Putin es una unidad sin precedentes para ayudar a un país que ha sido invadido, al que se le ha quitado su independencia e integridad territorial, y donde de la noche a la mañana el estilo de vida de los ucranianos ha saltado por los aires”, recalca añadiendo que “también tenemos a nuestros socios en el mundo pacífico, a Japón, a Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur”, unos países que “están haciendo mucho para mantener esta unidad, que es la que realmente no se esperaba” Putin.
Aunque en un principio, los expertos señalaban en que iba a ser una intervención rápida, lo cierto es que no ha sido así y, después de más de un año, el conflicto sigue activo y sin miras a un final cercano. Por eso, desde la OTAN consideran que la prioridad debería ser “acortar los tiempos y darle a Ucrania todo lo que necesite para retomar la mayor cantidad posible de territorio que ha sido ocupado por Rusia”.
“Cuanto más pueda avanzar en su propio territorio, antes acabará esta guerra. Porque así posicionamos a Ucrania en una situación para que pueda negociar”, sostiene la vicesecretaria diplomática de la OTAN, considerada la mujer con más poder de la organización.
Colombia, el socio de la OTAN en América Latina
Romero señala que el impacto de la guerra rusa en Ucrania se está notando en todo el mundo, incluso en América Latina, con consecuencias económicas y de seguridad.
En la región sur del continente americano, la OTAN cuenta con Colombia como “socio importante” para llevar a cabo sus estrategias. A pesar del cambio de gobierno, con el presidente de izquierda Gustavo Petro ahora en el poder, las relaciones entre el gobierno latinoamericano y la Alianza Atlántica continúan a través de la cooperación.
“Tenemos una relación de diálogo político y de cooperación práctica muy avanzada con Colombia, que es un país importante para la estabilidad de América Latina”, dice.
Desde la Alianza Atlántica también están muy vigilantes a lo que ocurre en América Latina ya que, según Romero, en los últimos tiempos se han percatado de “la influencia que está teniendo Rusia” en la región. “La narrativa rusa está, digamos, entrando y palpando la sociedad de América Latina”, advierte.
Pese a eso, Romero confía en que la sociedad latinoamericana “sea lo suficientemente resiliente para ver la seriedad de lo que está haciendo Rusia y que si el presidente Putin se sale con la suya en este conflicto, el mundo se convertirá en un lugar mucho más peligroso y le estaremos dando carta blanca, en cierto modo, a regímenes autocráticos para que puedan considerar el uso de la fuerza para obtener sus objetivos”.
Rusia y el terrorismo son las dos principales amenazas a las que tienen que hacer frente los países miembros de la OTAN, de acuerdo a Romero. Pero también hay “muchas más amenazas”, como las que hay en el espacio cibernético.
“Tenemos el uso de tecnologías disruptivas y de todo esto se tiene que ocupar la OTAN”, comenta.
El “creciente ascenso” de China
Según la vicesecretaria de la OTAN, China no se considera un “adversario para la seguridad”, aunque “sí representa una serie de desafíos” debido a su “creciente ascenso”.
“El hecho de que China utilice colectivamente la economía y que no respete nuestros valores democráticos supone un riesgo y sobre todo, un riesgo para nuestra seguridad, para nuestros intereses y nuestros valores”, recalca.
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ONU denuncia 63 “detenciones arbitrarias” en el último mes en Nicaragua
Al menos 63 personas fueron detenidas de “forma arbitraria” en Nicaragua durante el mes de mayo por el gobierno de Daniel Ortega -y de ellas 55 en una sola noche-, denunció el viernes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que llamó a las autoridades a “detener la represión” contra la disidencia.
Marta Hurtado, portavoz del organismo, dijo que el gobierno nicaragüense utiliza el poder judicial para perseguir y “silenciar a sus críticos” mediante acusaciones por los supuestos delitos de "conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
Hurtado destacó que en una sola noche, la del pasado 3 de mayo, 55 personas fueron arrestadas en distintos puntos de Nicaragua y acusadas por esos delitos. Entre ellas, había “defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica”, dijo.
“Durante sus audiencias de custodia, ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso”, denunció la informante.
La portavoz cuestionó además la inhabilitación, también en mayo, de 26 abogados nicaragüenses a quienes el gobierno les suspendió sus títulos por considerarlos críticos. También reprochó las medidas adoptadas contra personas vinculadas a la Iglesia católica.
Al respecto, se refirió al detenido obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, quien está recluido en una cárcel de Managua donde “no tiene luz natural y no se le permite salir al exterior, condiciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos”.
Hurtado dijo que Ortega acusa a la Iglesia católica de apoyar “lo que denomina el terrorismo y la desestabilización” y aseguró que en los últimos días se congelaron las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis, a las que se investiga por presunto lavado de dinero.
La portavoz del Alto Comisionado urgió al gobierno de Ortega a detener la persecución de la disidencia y a liberar a los opositores encarcelados. Según fuentes de la oposición, en el país hay ahora 47 personas detenidas consideradas presos políticos.
Recordó que el gobierno también ha clausurado más de 3.200 organizaciones sin fines de lucro desde junio de 2022 y que medios de prensa independientes “también se han visto obligados a cerrar”.
“Hacemos un llamado a las autoridades a detener la represión de la disidencia, liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente y restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018”, afirmó.
Hurtado pidió al gobierno de Managua aceptar la vía del diálogo para resolver “la crisis actual” y dijo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU “está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos” en el país.
“Dar acceso a nuestro personal sería un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU”, agregó.
Mientras tanto en Managua, el Parlamento dominado por el oficialismo aprobó el viernes la creación de la “Cruz Blanca”, entidad que reemplazará a la Cruz Roja Nicaragüense, clausurada por el gobierno el 10 de mayo pasado.
Según la nueva ley sandinista, la “Cruz Blanca” estará adscrita al Ministerio de Salud y operará con “los recursos financieros, bienes muebles y bienes inmuebles, registrados o no, que hayan pertenecido a la extinta Asociación Cruz Roja Nicaragüense” y que fueron confiscados tras su cierre, así como con recursos del Estado y donaciones.
Nicaragua vive una grave crisis política desde hace más de cinco años, cuando una rebelión cívica que estalló en abril de 2018 fue reprimida con violencia por la policía y fuerzas paramilitares con un saldo de 355 civiles muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, según organismos humanitarios.
Reelección, denuncias sobre violaciones de DDHH y disminución de la violencia marcan los 4 años de Bukele en El Salvador
![El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó al poder en junio de 2019, tras vencer en la contienda a los partidos tradicionales de entonces. [Archivo]](https://gdb.martinoticias.com/01000000-0aff-0242-d574-08db62c9d9ea_w250_r1_s.jpg)
El presidente de El Salvador Nayib Bukele cumple cuatro años en el cargo. En los últimos 12 meses, su mandato incluyó un régimen de excepción que ha prorrogado, originando un centenar de denuncias de violaciones a DDHH. La medida ha buscado, con cierto éxito, una disminución de la violencia.
Nayib Bukele cumple este 1 de junio cuatro años en la silla presidencial de El Salvador: en el último año, su mandato se ha caracterizado por una afrenta contra las pandillas que ha reducido los niveles de violencia. El gobierno y muchos salvadoreños sostienen que el régimen de excepción en el que se mantiene el país centroamericano ha hecho posible la desarticulación de las maras; otros señalan graves violaciones a derechos humanos en este periodo.
El mandatario sigue siendo visto de reojo por la comunidad internacional que lo ha tachado de autoritario. Sin embargo, en El Salvador, la popularidad de Bukele se compensa con el alto apoyo que reflejan las encuestas de opinión pública.
Bukele entró al poder Ejecutivo en junio de 2019 tras haber ganado la elección presidencial contra los partidos tradicionales ARENA y FMLN. En 2021, la victoria de su partido Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas, le permitió tener una cómoda mayoría en el Congreso, con la que fueron destituidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.
Bajo ese mapa político, el líder salvadoreño ha logrado hacer realidad sus proyectos de gobierno, unos con notable éxito como es el control de los territorios antes dominados por pandillas, y otros con fracasos, como fue la adopción del Bitcoin en un país que aún se rehusa a adoptarlo.
La medida más popular adoptada por el gobierno ha sido la aprobación de un régimen de excepción que ha logrado desarticular a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18, y bajar de esa forma la tasa homicida a 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022. Según una encuesta de opinión de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) publicada a finales de marzo de 2023, 8 de cada 10 salvadoreños aprueba la gestión de Bukele en El Salvador. Mientras que el régimen de excepción tiene una aprobación de 7,9.
"Sin duda, el principal pilar que sostiene la popularidad y la buena imagen no solo del presidente de la república sino prácticamente de toda la institucionalidad pública es el régimen de excepción. (...) Pero es sorprendente que el 75 % (de los que opinaron) no conoce los derechos que suspende ese estado de excepción y los que menos conocen esos derechos son los que mejor califican el régimen de excepción", explicó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la universidad encuestadora.
El régimen de excepción, al que Bukele ha publicitado como "Guerra contra las pandillas", dio inicio el 27 de marzo de 2022 y ha dejado al menos 68.000 personas capturadas por agrupaciones ilícitas en maras o pandillas. Al menos 5.000 han sido liberados por no probárseles el delito. El resto permanece en varios penales del país, entre ellos, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la nueva megacárcel para 40.000 reos inaugurada este año.
Previo al aniversario de mandato de Bukele, el gabinete de Seguridad ha mantenido en la conversación pública el régimen de excepción como una "ofensiva" contra remanentes de pandillas; capturando con ello a varios miembros de maras que aún se mantenían escondidos en algunas comunidades del país.
"La población salvadoreña ahora es testigo que las percepciones de la seguridad pública han sido bastante positivas y la seguridad que están demandando los mismos salvadoreños es una realidad", aseguró el director de la Policía de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, el 29 de mayo, cuando se lanzó el operativo.
Pero el precio por la anhelada seguridad en El Salvador ha sido, en el último año, al menos 3.491 personas vulneradas en sus derechos. La mayoría por detenciones arbitrarias y allanamiento ilegal de la morada, según un informe de la organización de derechos humanos Cristosal, con sede en San Salvador, publicado el 29 de mayo.
En ese informe, la organización asegura que al menos 153 personas detenidas durante el régimen de excepción murieron bajo la custodia del Estado. Ninguno había sido declarado culpable del delito que se les atribuía cuando las detuvieron.
Bukele ha reiterado sus críticas contra los que fustigan sus políticas contra los padilleros y ha expresado: "Los derechos humanos de la gente honrada son más importantes que los de los delincuentes".
A mediados de mayo, Bukele lanzó un mensaje contra los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, en el contexto del asesinato de un policía a manos presuntamente de un pandillero.
"Que sepan todas las ONGs de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente", afirmó Bukele en Twitter.
Reelección, a las puertas
El Salvador celebrará las elecciones presidenciales y legislativas en 2024. Y Bukele, a quien solo le queda un año de mandato, anunció que se lanzará a la reelección presidencial con la venia de la nueva Corte Suprema de Justicia y el apoyo popular, a pesar de que la reelección está prohibida en la Constitución salvadoreña.
"La reelección inmediata no es posible según la Constitución, pero los magistrados elegidos por sus diputados reinterpretaron una sentencia y le allanaron el camino al presidente. Lo legal es que si él (Bukele) quiere volver a ser presidente debe esperar 10 años, pero ya dijo que no lo hará. Claro, el régimen de excepción lo ha hecho tan popular que la gente ignorará que es inconstitucional su reelección", dijo a la Voz de América, el abogado Alejandro González.
La decisión de Bukele, de continuar al frente del gobierno, ha hecho que algunas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos piensen en presentar una candidatura única que busque hacerle frente a la influencia del mandatario en las elecciones. Sin embargo, aún no hay un consenso.
"Que esto se vaya a traducir en una fórmula presidencial única, no lo sé. Creo que dependerá de los procesos internos que todos los partidos políticos estamos teniendo. Al menos Nuestro Tiempo tiene las puertas abiertas a organizaciones de sociedad vicil para ver si nos ponemos de acuerdo con una fórmula presidencial ciudadana", explicó a los medios Andy Failer, presidente del partido político Nuestro Tiempo.
La iniciativa es conocida como "Sumar por El Salvador", la cual fue creada por organizaciones civiles y fundaciones tras el amago de golpe de Estado de Bukele al anterior Congreso en febrero de 2020. La iniciativa ya dio a conocer su apoyo a una fórmula presidencial.
Mientras, Bukele mantiene el favor de la población apostándole a medidas sobresalientes como la seguridad en el país. Bajándole volumen a una decisión económica como fue el Bitcoin que, a pesar de que es ley, no logra adaptarse a la forma de pago de los salvadoreños.
El gobierno de Colombia y el ELN extienden ciclo de negociaciones en Cuba
El gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron el jueves la extensión del actual ciclo de negociaciones que se realizan en Cuba hasta el 8 de junio, una semana más de lo acordado.
De acuerdo con un comunicado conjunto, la decisión obedece a la importancia de los temas que se están abordando en este momento en la mesa de conversaciones y que tienen que ver con el cese del fuego bilateral y los mecanismos de participación ciudadana.
Aunque el grupo guerrillero ha hecho énfasis en la importancia de definir esos mecanismos de participación ciudadana, para el gobierno el punto prioritario de este ciclo de conversaciones en La Habana es concretar el cese del fuego.
Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha propuesto que ese cese del fuego comience en una región determinada del país, por ejemplo, en el departamento de Putumayo o Nariño, para que luego se extienda a todo el territorio nacional.
La idea del mandatario es que se puedan pactar los mecanismos de verificación en esas regiones específicas para que después se aplique un modelo similar y efectivo en todo el país.
Personas con discapacidad enfrentan “grandes barreras” en Venezuela, expone informe
CARACAS —La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) documentó 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad entre enero y diciembre del 2022, revela su más reciente informe.
“La mayoría de las personas reportaron como principal factor el poco poder adquisitivo para cubrir gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos médicos por lo que ven como única opción la salud privada y sin embargo por sus pocos ingresos es imposible tener acceso a esta”, resalta el informe presentado esta semana.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, afirma que las personas con discapacidad enfrentan importantes barreras, entre ellas de accesibilidad y justicia. Si bien admite que Venezuela posee “buenos instrumentos legales”, sostiene que no se están cumpliendo adecuadamente.
“El sistema de políticas públicas no tiene herramientas, mecanismos de inclusión, de atención inclusiva, le da poca importancia a las personas con discapacidad para que haya una real inclusión”, resalta.
Manuel Vicente Pérez, director de Programas de la Sociedad Amigos de los Ciegos, llama al Estado venezolano a revisar las políticas públicas y los exhorta a convocar a organizaciones privadas que tienen un “trabajo fundamental”.
“Que estas personas con discapacidad visual, auditiva, múltiple, intelectual, motora, que forman parte de una minoría bastante vulnerable, sean dignificadas y que haya políticas serias”, dijo a la Voz de América.
Para Pérez, en Venezuela se evidencia una importante exclusión de personas con discapacidad e insiste en que “la lucha” debe ser por la verdadera inclusión.
“A veces nos sentimos muy integrados pero integrado es muy distinto a la inclusión. Integrado es solamente que somos parte de un todo, pero incluido es que somos sujetos de derecho”, afirma.
El gobierno venezolano constantemente asegura trabajar por la inclusión y en visibilizar a las personas con discapacidad. A principios de este año la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una Ley Especial para Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad.
Educación
El informe destaca que en Venezuela no se dispone de cifras públicas oficiales que permitan conocer el estado de las garantías de acceso a la educación y las condiciones de participación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con discapacidad.
Sin embargo, aunque según datos recabados por Consorven, para el 2022 el 100% de los NNA con discapacidad consultados para llevar a cabo el informe son parte del sistema público educativo, dos de cada diez no estudian actualmente con regularidad.
“La mayoría de los niños están inscritos en sistema escolar pero no se ha podido proseguir con el estudio porque no hay materiales accesibles o porque muchas veces los docentes no están totalmente preparados para la adecuación de los materiales educativos para los NNA con discapacidad”, explica a la VOA Argelia Bolívar, coordinadora de DDHH de Consorven.
Además, señala que durante la pandemia de COVID-19 se profundizaron las condiciones “desiguales” de participación de los NNA con discapacidad.
“Se interrumpieron las clases, lo cual quiere decir que, en efecto, no se pudo garantizar la continuidad escolar de los NNA con discapacidad en el 77% de los casos (…) el tiempo de ausencia escolar ha sido de 6 meses a 1 año, en su mayoría, aunque incluso un gran grupo ha estado sin asistir a la escuela 3 años o más”, precisa.
Consorven recuerda que la Ley Orgánica de Educación establece que el Estado debe garantizar la continuidad de las actividades educativas, por lo que, al existir NNA con discapacidad ausentes del sistema educativo, “se están violando derechos consagrados y se están generando condiciones para su evolución futura”.
“En Venezuela es urgente avanzar en un sistema educativo que promueva el aprovechamiento de las diferencias; es urgente, también, que las escuelas se conviertan en espacios que incentivan la cooperación, la convivencia entre las diferencias y la tolerancia como rasgo característico de las relaciones sociales”, destaca.
Salud
La investigación reitera la situación que, durante años, organizaciones dedicadas a trabajar con personas con discapacidad han denunciado; diariamente enfrentan “grandes barreras para vivir de manera digna, respetuosa y con iguales oportunidades y condiciones que personas sin discapacidad”.
“Quisiéramos destacar que las personas con una discapacidad motora realmente no pueden movilizarse, muchas veces están encamados porque no tienen acceso a ayudas técnicas, porque no tienen terapias de rehabilitación cuando la capacidad es adquirida y cuando es congénita, se necesita acondicionarlo a la necesidad que tengan”, asegura Bolívar.
De acuerdo al informe, 8 de cada 10 personas con discapacidad motora no asisten actualmente a terapias de rehabilitación; el 46% de los consultados lo atribuye a la falta de recursos económicos y 34% a las distancias hasta los centros de rehabilitación disponibles.
Bolívar hace énfasis en que, teniendo las ayudas técnicas, entre ellas coches, andaderas y muletas, los NNA con discapacidad pueden alcanzar un nivel de independencia mayor.
La investigación revela que 3 de cada 10 personas con discapacidad motora no tienen la ayuda técnica que requieren para su movilidad personal. El 70% de las personas entrevistadas refiere que la falta de recursos económicos es la principal razón que impide el acceso a la ayuda técnica; 20% refiere que no posee conocimiento sobre qué institución podrá otorgar la ayuda y 10% no posee conocimiento sobre la ayuda que requiere con exactitud.
El artículo 14 de la Ley de Personas con Discapacidad de 2006, precisa que “toda persona con discapacidad tiene derecho a obtener para uso personal e intransferible ayudas técnicas”.
En Venezuela, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) y la Misión José Gregorio Hernández, son los entes estatales encargado de velar por los derechos de las personas discapacitadas.
Las elecciones presidenciales anticipadas de Ecuador ya tienen fecha
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador fijó para el 20 de agosto la primera ronda de las elecciones presidenciales anticipadas, luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea y redujera su propio período de gobierno la semana pasada.
El órgano electoral anunció su decisión la noche del martes, cuando estableció que en caso de que sea necesaria una segunda vuelta, se realizará el 15 de octubre y la entrega de credenciales a las futuras autoridades está prevista para el 30 de noviembre.
Tras los comicios, en los que también se renovará la Asamblea —pero ésta únicamente en la 1ra vuelta—, se prevé la posesión de las nuevas autoridades, a decir el presidente, el vicepresidente y un total de 137 legisladores.
La fórmula ganadora de las elecciones presidenciales debe completar el período de gobierno de Lasso y de su vicepresidente Alfredo Borrero, que termina en mayo de 2025. Los ganadores de los comicios legislativos también cubrirán el período restante de los asambleístas que dejan sus cargos y que concluye en igual fecha.
El mandatario estuvo sometido a un juicio político para destitución, pero tras la primera jornada del proceso, disolvió la Asamblea Nacional apoyándose en la Constitución y argumentando una grave crisis política.
Como los asambleístas no pudieron defenestrar a Lasso y el mandatario disolvió el congreso, se pasó a la llamada "muerte cruzada", en la que las partes dejan sus cargos.
Lasso estaba acusado de malversación de fondos, lo que negó, y tampoco los legisladores pudieron probar completamente ni presentaron la denuncia correspondiente ante la justicia.
Después de la disolución de la Asamblea, el mandatario ecuatoriano se encuentra gobernando mediante decretos ejecutivos que deben ser aprobados por la Corte Constitucional.
En una semana de gestión en este periodo extraordinario, el mandatario ha enviado dos proyectos de ley, uno relacionado con una reforma tributaria y otro proponiendo la creación de zonas francas para atraer inversión externa y generar empleos, sin que hayan tenido aún respuesta de la Corte Constitucional.
Aunque no se ha abierto la inscripción de candidaturas, al menos media docena de políticos y empresarios ecuatorianos han anunciado su decisión de postularse a la presidencia, entre ellos, el exvicepresidente Otto Sonnenholzner (2018-2020), los exlegisladores Fernando Villavicencio y Salvador Quishpe y el empresario Jan Topic, entre otros.
Lasso, un exbanquero de derechas de 67 años, asumió el poder en mayo del 2021 para un período de cuatro años tras ganar los comicios generales.
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