La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, la primera audiencia pública del caso Trujillo y otros vs. Venezuela, relacionado con las muertes, lesiones y presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas del 11 de abril de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez.
Aquella jornada dejó 19 venezolanos muertos y más de 300 heridos de bala. Más de 24 años después, familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos acudieron al tribunal internacional para reclamar justicia y denunciar la falta de investigaciones y sanciones efectivas.
Durante la audiencia comparecieron la periodista Delvalle Canelón, testigo presencial de los acontecimientos, así como Yanfri Querales y Mohamed Merhi, familiares de dos de los fallecidos.
Canelón relató lo que presenció durante los acontecimientos y denunció amenazas relacionadas con su participación en el proceso judicial venezolano. Por su parte, los familiares expusieron las consecuencias de la violencia y los años transcurridos sin obtener las respuestas judiciales que reclaman.
Los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, presidente y vicepresidente de Foro Penal, respectivamente, participaron como representantes de las víctimas.
Himiob sostuvo que el Estado venezolano tenía la obligación internacional de investigar los hechos de manera objetiva e imparcial, identificar a los responsables y sancionarlos. "Sin embargo, al día de hoy la situación es de impunidad absoluta", afirmó durante su intervención.
Romero, por su parte, recordó que lo ocurrido el 11 de abril constituyó, a su juicio, una advertencia temprana de las violaciones de derechos humanos que posteriormente denunciarían las organizaciones venezolanas.
El abogado señaló que la documentación de estos casos debe traducirse en acciones judiciales concretas y no limitarse al registro de víctimas.
Un proceso que comenzó en 2002
El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002. Después de más de dos décadas de tramitación, la Comisión lo remitió a la Corte Interamericana en julio de 2024, tras concluir que el Estado venezolano había vulnerado derechos fundamentales, entre ellos la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial.
Aunque el saldo general de los acontecimientos del 11 de abril fue de 19 fallecidos y más de 300 heridos, el expediente sometido a consideración de la Corte comprende únicamente siete personas fallecidas y cinco lesionadas.
Durante la audiencia, el Estado venezolano no contó con representantes acreditados.
La Corte Interamericana todavía no ha emitido una sentencia. Las partes tienen hasta el 13 de noviembre de 2026 para presentar sus alegatos finales por escrito, antes de que el tribunal avance hacia una decisión sobre la responsabilidad internacional de Venezuela y las eventuales medidas de reparación.
Aunque Venezuela denunció formalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2013, el tribunal mantiene competencia para examinar hechos anteriores a esa fecha, como los ocurridos el 11 de abril de 2002.
El pronunciamiento de la Corte podría establecer responsabilidades internacionales y ordenar medidas de reparación para las víctimas, después de más de dos décadas de reclamos ante instancias nacionales e internacionales.
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