El gobierno cubano ha dado un paso que, a primera vista, podría interpretarse como una apertura económica: autorizar por primera vez a empresas privadas a utilizar criptomonedas para pagos internacionales. Sin embargo, expertos advierten que la medida llega acompañada de un fuerte control estatal y podría responder más a la necesidad de sortear sanciones que a una verdadera liberalización del sistema.
La decisión, recogida en la Resolución 4/2026 del Banco Central de Cuba (BCC), permite a 10 empresas —nueve privadas y una mixta— operar con activos virtuales. Pero la normativa establece condiciones estrictas: todas las transacciones deben realizarse a través de proveedores autorizados por el propio BCC y ser reportadas periódicamente a las autoridades.
“Lo que hace esta regulación es establecer un marco donde el Estado mantiene el control total sobre el uso de las criptomonedas”, explicó en entrevista con Martí Noticias el experto en finanzas y tecnología blockchain Guillermo Fernández.
Fernández, fundador de la firma de inteligencia blockchain Blockpliance, adquirida en 2025, señaló que aunque las criptomonedas han estado presentes en Cuba desde hace más de una década, esta es la primera vez que el régimen crea un esquema formal para canalizar su uso.
“Desde alrededor de 2012 ya había actividad cripto en la isla, pero no fue hasta 2021 que el gobierno comenzó a regularlas. Ahora lo que vemos es un paso más: permitir su uso, pero bajo supervisión total”, afirmó.
¿Evasión de sanciones?
El contexto en el que se produce esta medida es clave. Cuba enfrenta severas restricciones para acceder al sistema financiero internacional, agravadas por sanciones de Estados Unidos y una profunda crisis económica.
Para Fernández, el uso de criptomonedas podría convertirse en una herramienta para evitar los mecanismos tradicionales de control financiero.
“Las criptomonedas permiten operar fuera del sistema SWIFT, que es donde se aplican muchas de las sanciones. Eso ya lo han probado países como Rusia, China y Venezuela”, explicó.
El experto recordó el caso de PDVSA en Venezuela, que utilizó Bitcoin y otras criptomonedas para comercializar petróleo y evadir restricciones internacionales.
“Es muy probable que Cuba esté tomando esos modelos para insertarse en el mercado global sin pasar por los canales tradicionales”, añadió.
Entre la apertura y el control
A pesar de que la medida podría interpretarse como un impulso al sector privado, Fernández advierte que en la práctica refuerza la capacidad de vigilancia del Estado.
“Antes, el uso de criptomonedas en Cuba era mayormente informal y fuera del control estatal. Ahora, con estas licencias, el gobierno puede saber quién envía dinero, quién lo recibe, cuánto y para qué”, explicó.
Según datos citados por el experto, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en remesas entran anualmente a Cuba, y entre un 5% y un 7% de ese flujo ya se realiza mediante criptomonedas.
Ese dinero, hasta ahora difícil de rastrear, podría quedar bajo supervisión con el nuevo marco regulatorio.
“La tecnología blockchain es pública. Lo que faltaba era conectar esa información con identidades reales. Con estas regulaciones, el Estado logra hacerlo”, indicó.
¿Beneficio real para los emprendedores?
La autorización también plantea interrogantes sobre quiénes realmente se benefician.
Varias de las empresas autorizadas mantienen vínculos con estructuras del poder en la isla, lo que pone en duda el alcance de esta medida para el sector privado independiente.
“Se presenta como una apertura, pero en realidad es una forma de centralizar y controlar aún más el flujo de dinero”, sostuvo Fernández.
Además, la normativa prohíbe el uso de criptomonedas dentro del país y limita su empleo exclusivamente a pagos internacionales, lo que reduce su impacto directo en la economía doméstica.
La implementación de este esquema ocurre en un momento de profunda crisis económica, marcada por escasez de liquidez, restricciones energéticas y dificultades para importar bienes esenciales.
En este escenario, el régimen parece buscar alternativas para sostener flujos financieros sin renunciar al control político y económico.
“La clave aquí no es solo el uso de criptomonedas, sino quién controla la información y el dinero. Y en este caso, el control sigue estando en manos del Estado”, concluyó Fernández.
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